La Intendencia de Maldonado cerrará este año sus cuentas con un déficit acumulado de US$ 65 millones, anunció su subdirector general de Hacienda, Mauro Mendiburu.

El jerarca podría ser el futuro director general de Hacienda en caso de que el diputado Darío Pérez sea electo intendente en las elecciones del 10 de mayo.

La cifra equivaldrá a fines de 2015 a un 129% más que el déficit acumulado de la Intendencia de Maldonado al 31 de diciembre de 2013, según un informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

"Es un tema profesional que hay que atender profesionalmente con los técnicos que corresponda. A veces se dicen números, la gente no entiende. A veces se dicen cosas que no son del todo correctas. Nuestra postura siempre es la de la seriedad y el profesionalismo. Entender y atender estos problemas como corresponde. Sin hacer alarde, ni para un lado ni para el otro", afirmó Mendiburu durante una entrevista en la que acompañó al diputado Pérez a la emisora local FM Gente.

"Yo tengo los números claros. Yo sí. Si no hay ninguna situación particular en los próximos días estimamos aproximadamente en US$ 65 millones el déficit municipal, entendido técnicamente al cierre anual. Los déficit son anuales", afirmó Mendiburu.

"En el 2015 con la tendencia que hay el déficit sería de esa cifra. Va a depender a qué precio esté el dólar", agregó.

Mendiburu adelantó que la próxima administración entrará con cero peso en la caja aunque descartó que sea necesario aplicar un "ajuste fiscal" o aumentar los impuestos.

El anuncio de Mendiburu causó asombro tanto en filas oficialistas como de la oposición. Hasta el momento, la Intendencia de Maldonado había informado que el déficit acumulado no pasaba de US$ 30 millones. La oposición por el contrario asegura que el agujero de las cuentas municipales supera los US$ 100 millones.

El análisis efectuado por el Tribunal de Cuentas a la rendición del ejercicio 2013 remitida el 30 de junio pasado a la Junta Departamental establece un déficit acumulado muy inferior al anunciado por Mendiburu.

Al respecto, el TCR estableció, luego de realizar algunos ajustes a la rendición de cuentas del gobierno departamental, un déficit acumulado de $ 605.500.902 al 31 de diciembre de 2013. A la cotización de ese día, la cifra equivale a US$ 28.343.439, o sea un 56,4% menor al monto manejado por Mendiburu. En términos globales, el déficit acumulado de la administración frenteamplista habrá crecido un 129% entre el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

El entonces intendente Óscar de los Santos, hoy diputado del Frente Amplio, informó al Tribunal de Cuentas en el documento de rendición de cuentas que la comuna enfrenta al 31 de diciembre de 2013 juicios en contra por $ 425.254.952, equivalentes en esa fecha a poco menos de US$ 20 millones.

Al auditar la rendición de cuentas, el TCR advirtió que el gobierno departamental cometió numerosas irregularidades por incumplimientos a la normativa vigente. Entre las violaciones se encuentran los habituales gastos comenzados a ejecutarse sin la intervención previa del TCR o el caso de las multas por mora de la contribución inmobiliaria rural aplicadas por la Intendencia y que no se ajustan a la normativa.

El TCR sostuvo que los alcaldes, por atribuciones delegadas por los respectivos municipios, ordenaron gastos hasta el límite de la compra directa, lo que no está previsto por las leyes.

Asimismo, la administración violó la ley Orgánica Municipal por adquirir terrenos a efectos de regularizar asentamientos con la finalidad de ser vendidos en forma subsidiada a sus ocupantes y para implantación de programas habitacionales de interés social.

Sobre este punto el TCR dijo que para esto debió requerir la aprobación de la Junta Departamental, no estando asimismo autorizada para convalidar la construcción de viviendas.

Según el órgano de contralor, la intendencia fernandina también concedió préstamos ilegales al financiar insumos "para la ejecución de proyectos productivos o de servicios mediante fondos provenientes de la Unidad de Proyectos Productivos de Desarrollo (Uniprode)".

El TCR recordó que dentro de las atribuciones de los gobiernos departamentales no se autoriza el otorgamiento de préstamos a particulares, en tanto la actividad de intermediación financiera está otorgada por ley a otras entidades. Por otro lado, la administración municipal efectuó contrataciones sin apelar al procedimiento establecido en el Tocaf.

Subdirector de Hacienda dijo que será de US$ 65 millonesM. GALLARDO