El dinero que sale de Rentas Generales para el sistema ya es el 1% del PIB.

El déficit del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en 2016 rondó los $ 15.000 millones, lo que equivale al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y supera en más de $ 5.000 millones la previsión que había hecho el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cual figura en la Ley de Presupuesto.

La cartera previó un déficit de $ 9.500 millones para 2016, pero lo cierto es que el dinero que sale de Rentas Generales para que el plan de salud funcione es mucho mayor al proyectado.

De enero a noviembre de 2016 (todavía no se cerraron las cifras de diciembre), los números rojos implican $ 14.713 millones (esto se traducen en US$ 491,7 millones).

En septiembre el déficit del Fonasa fue de más de $ 3.700 millones, en octubre de $ 2.300 millones y en noviembre de $ 1.700 millones. Con estas cifras es de prever que se superarán los $ 15.000 millones cuando se llegue a la cifra final del año pasado.

Los diferencias en los cálculos del MEF con lo que luego se termina necesitando para cubrir los gastos del Fonasa no es cosa nueva, y no viene solo de este gobierno, sino que es algo que se arrastra al menos desde 2014, según las cifras que se manejan en la Ley de Presupuesto. Allí se señala que tanto para 2014 como para 2015 se previó que el déficit iba a ser de $ 6.048 millones; sin embargo en el primero de estos años fue de $ 8.709 millones (equivalentes a US$ 375 millones) y en el segundo $ 10.286 millones (US$ 377 millones).

El MEF también prevé que de acá a 2019 el dinero de Rentas Generales para el Fonasa sea de $ 9.500 millones por año, lo que implica un objetivo más que difícil de conseguir.

Para las autoridades de la salud el crecimiento exponencial de los números rojos del Fonasa se explica por el ingreso de nuevos colectivos al sistema. Fueron más de 53.000 los jubilados y pensionistas que ingresaron en 2015. Y más de 132.000 los que entraron en 2016. A estos hay que agregarles también sus cónyuges, que son sumados al beneficio.

El Fonasa se financia con aportes que hacen los trabajadores. Quienes perciben menos de 2,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), o sea $ 7.630, sin importar si tienen hijos o no, aportan un 3% de su salario. Si tienen cónyuge o concubino que no aporta al sistema y quieren incluirlo, se les descuenta un 5%.

Para quienes ganan más de 2,5 BPC, son solteros y no tienen hijos, se les descuenta un 4,5%; en caso de que sean solteros y tengan hijos, se les descuenta un 6%; si tienen cónyuge o concubino que no aporta al sistema y no tiene hijos, se le descuenta un 6,5%; y si además de cónyuge o concubino que no aporta al sistema tiene hijos, el descuento es de un 8%.

Los jubilados y pensionistas pagan 3%, 4,5% (si gana más de $ 7.000) o 6% (si ganan más de $ 11.000).

Sin embargo, este dinero no alcanza para cubrir todo el sistema, por eso es que una parte —cada vez mayor— sale de Rentas Generales. Para revertir esta situación solo parece haber dos salidas: o se incrementa la cantidad de dinero que aporta cada trabajador y jubilado para financiar el plan, o los prestadores de salud (públicos y privados) se ajustan los cinturones.

El segundo camino es el que está buscando efectivizar el gobierno. Días atrás la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) fue instada por el MEF a mejorar las finanzas de los hospitales, ya que estos gastaron más de lo que se tenía previsto. Tras esto el organismo llamó, bajo amenaza de sanción, a los directores de los centros a no hacer más contrataciones, no pagar medicamentos que estén por fuera del formulario de fármacos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y entregar un proyecto que permita recuperar la plata perdida en 2016 por cada institución.

En el sector privado, hubo una fuerte polémica en 2016 entre el MEF y el MSP por un lado, y las mutualistas por otro, luego que el gobierno quisiera hacer un recorte del dinero que estas reciben por concepto de cápitas. El plan luego fue descartado.

Las mutualistas sostenían que hay un atraso de 4% en el dinero que deberían recibir por ser parte del Fonasa, mientras el gobierno les quería descontar entre 1% y 2%, basándose en cálculos supuestamente realizados con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La palabra déficit, cuando se habla del dinero que sale de Rentas Generales para financiar el Fonasa siempre genera un problema. Desde el ámbito de la salud, ya se trate del MSP o del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), se advierte que no se puede considerar déficit un dinero que se invierte en salud y aducen, además, que en la ley que creó el Fonasa se prevé que una parte del sistema se pague con el dinero de Rentas.

Sin embargo, la realidad muestra que se paga más de lo que se preveía. Y, por otro lado, este planteo sobre la palabra que se debe usar para referirse a los números en rojos del Fonasa, no es compartida por el MEF. El mismo ministro Danilo Astori habla de "déficit". Y en el informe económico que acompaña la Rendición de Cuentas de 2016 también se utiliza este término; no una vez, sino varias veces.

El diputado nacionalista Martín Lema presentó un pedido de informes ante la Junta Nacional de Salud (Junasa) para que se le comunique el "resultado económico del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) acumulado del año 2016, discriminando ingresos y egresos" y "la previsión del resultado económico del Fonasa para los años 2017, 2018 y 2019", explicando "detalladamente la estimación para cada año". También pidió que se le indique si está previsto el ingreso de nuevos colectivos al sistema, de acá a 2019.

Consultado por El País, el legislador criticó que "el gobierno proyectó mal el déficit del Fonasa para el año 2016 y al final podría superar los US$ 500 millones". E increpó: "¿Quién se hace responsable de la situación?".

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