Cuando el gobierno quiere reformar la Caja Militar, se ve como “mala señal”.

El lunes 29, el presidente Tabaré Vázquez comenzó su gira europea. Ese día, el vicepresidente Raúl Sendic asumió interinamente la Presidencia y una de sus primeras tareas fue estampar la firma en un decreto por el cual se aumentan los sueldos del personal de confianza política del Ministerio de Defensa Nacional y de su jerarca Jorge Menéndez.

El mismo lunes 29, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley para reformar el Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM) debido al déficit operativo que padece, iniciativa que es fuertemente resistida por los retirados militares y por el personal castrense en actividad.

Esta semana ese proyecto será enviado a la comisión respectiva para que comience su estudio. Serán invitados a participar jerarcas del Poder Ejecutivo. Como están dadas las cosas, es probable que la reforma del SRPM no cuente con el apoyo de los partidos de la oposición.

El decreto referido del Poder Ejecutivo dispone un ajuste de la partida especial votada en 2008 (Rendición de Cuentas de 2007) que habilitó un crédito por $ 6.302.000 anuales "con destino a compensar a los funcionarios que desempeñen tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos" del ministerio, "y con un alto grado de especialización y dedicación, de acuerdo con la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo". Esta partida ya había sido incrementada por disposiciones en 2010, 2012 y 2015.

Los beneficiados serán funcionarios que cumplen tareas en la Dirección General de Secretaría, donde la mayoría son cargos políticos de confianza del ministro, durante ocho horas o seis horas diarias, según la función.

El decreto señala además que el ministro Menéndez podrá disponer de dos y media partidas de $ 23.000 cada una para distribuir entre los funcionarios de las unidades organizativas que dependan de él y de la administración superior del ministerio.

Representantes de la oposición dijeron a El País que este decreto disponiendo un aumento de sueldos para funcionarios de confianza del ministro de Defensa, en el mismo momento en que se intenta discutir la reforma del servicio de pasividades de las Fuerzas Armadas en el Parlamento, es "una mala señal" para los uniformados, especialmente para el personal subalterno de las tres fuerzas que se encuentra en el menor nivel de remuneraciones del Estado, con un promedio de ingresos mensuales de $ 14.000.

El proyecto de ley que llegó al Parlamento en los últimos días aumenta la edad para jubilarse a 60 años, sube los aportes que deben hacer los militares del 13% al 15% y fija un tope de la jubilación de $ 101.108 al día de hoy.

En la exposición de motivos del proyecto —al que accedió El País— el Poder Ejecutivo sostiene que los regímenes de jubilaciones, retiros y pensiones "deben ser revisados periódicamente" con el fin de evaluar en qué medida están cumpliendo con su finalidad".

Además se da cuenta de que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas "no ha sido objeto de revisión en cuatro décadas". En ese lapso se indica que "el país ha experimentado transformaciones", como por ejemplo el retorno a la democracia y el "persistente envejecimiento poblacional".

En ese marco, se sostiene que el sistema previsional militar presenta "parámetros que resultan inadecuados". En la lista se enumeran: causales de retiro, régimen pensionario y recursos económicos.

En el Frente Amplio se considera un privilegio que los militares se jubilen con un grado superior al que poseen (lo que se elimina en el proyecto) y el pago de la jubilación en base al último salario, algo que también se modifica.

La reforma delimita tres colectivos de funcionarios militares y civiles equiparados: a los que tienen más de 20 años de servicio no se les cambian las condiciones; los que tengan entre 10 y 19 años quedarán comprendidos en un régimen de transición; al grupo que no queda comprendido en los anteriores se aplicará la totalidad de las nuevas disposiciones.

El retiro voluntario que hoy se puede hacer con 20 años de servicio y 38 años de edad pasa a ser de 60 años de edad y 30 de trabajo en las fuerzas. La otra categoría es el retiro obligatorio que pasará de 10 años a 22 de servicio para los subalternos y de 25 años en los grados superiores. La tasa de reemplazo se reduce y se suprimen las "comparativas" (por las que se equiparan las jubilaciones por grado) y el derecho a jubilarse con el grado superior.

Las cuestiones relativas al presupuesto militar siempre están a consideración del Parlamento, pero ha sido una constante de los gobiernos del Frente Amplio relegar presupuestalmente al personal, que percibe los sueldos más bajos de toda la Administración central. Los subalternos son quienes más sufren de esta situación desde 2005.

El Ministerio de Defensa en general tiene unos 29.000 funcionarios, el 11% de la plantilla del Estado. De estos, hay que destacar que unos 1.100 efectivos están hoy en misiones de paz de Naciones Unidas (Congo y Sinaí), y otros 500 custodian las cárceles. Hoy las Fuerzas Armadas poseen casi la misma estructura que en 1985, pero tienen 27% menos de personal y 60% menos de presupuesto. El gasto militar tuvo un pico a principios de la década de 1980, y a partir de allí no ha dejado de bajar con todos los gobiernos. Hoy representa un 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el oficialismo hay visiones radicales, como la de la senadora Constanza Moreira, que pretende la eliminación de los uniformados. Otros sectores políticos son menos radicales pero tampoco están a favor de aumentar las remuneraciones. El Poder Ejecutivo le ha dado prioridad presupuestal, incluyendo en lo salarial, al Ministerio del Interior. La Policía tiene mejores equipamientos, mejores uniformes, mejores sueldos, una unidad antichoques (la Guardia Republicana) y una unidad con helicópteros. Su presupuesto comenzó a mejorar con el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) y se potenció en la administración de José Mujica (2010-2015).

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