La defensa del extupamaro Héctor Amodio Pérez entiende que la sentencia de la jueza Staricco "agravia la situación de nuestro defendido por la forma que se valora la prueba y los hechos".

“Quien cumple una orden de un funcionario estatal que lo determina a colaborar con una detención que en dicho contexto jurídico era lícita, no comete delito de ninguna manera”, dice la apelación de la defensa de Héctor Amodio Pérez, que fue presentada este lunes, al fallo de la jueza, Julia Staricco que procesó con prisión al extupamaro por reiterados delitos de privación de libertad.

La defensa, que pide la clausura de las actuaciones y la libertad definitiva de Amodio, dice que “no es cierto” que las detenciones fueron realizadas “sin ninguna causa”, como dice Staricco, porque todas las personas cuya privación de libertad se le imputa a Amodio “confesaron y reivindican haber sido miembros activos del MLN”.

Asegura que no solo todos pasaron por un juzgado sino que también por la jurisdicción militar como mandataba la normativa. “Resulta meridianamente claro que, le pese a quien le pese, las detenciones realizadas por personal militar en 1972 eran absolutamente legítimas y mandatadas por el gobierno aún democrático. Razón por la cual no es de recibo el enjuiciamiento para nuestro defendido. Si hubo excesos en el cumplimiento de lo dispuesto por ley no es imputable a Amodio Pérez” asegura.

Sobre el rechazo de la magistrada a la ley de Amnistía, dice que se hace una “interpretación forzada” y que “modifica preceptos legales”, práctica calificada como “riesgosa” y que pone en duda “la seguridad jurídica”.

“No es razonable argumentar que un jerarca del movimiento guerrillero armado, expulsado del mismo y condenado a muerte por sus compañeros, preso por la autoridad militar, que pretende salvar su vida y la de su pareja y por ello colabora con sus captores actúa “amparado bajo el poder del Estado” y por tanto no se le aplica la amnistía. En todo caso, habría actuado presionado y coaccionado por el poder del Estado y por la inminente amenaza de ejecución de quiénes hoy lo señalan”, afirman.

Según la defensa, todos los ex miembros del MLN que declararon reconocieron que fueron obligados a identificar compañeros y locales del movimiento guerrillero. Y recuerdan las declaraciones de Julio Listre que reconoció, incluso, ser obligado a vestir uniforme militar.

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Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue entrevistado esta mañana en A Diario de El País TV y habló, entre otros temas, del procesamiento con prisión de Amodio Pérez y de la ley presupuestal que presentó el gobierno.

Sobre el caso Amodio, el magistrado fue consultado por el periodista Gerardo Sotelo si una detención realizada por militares en 1972 es ilegítima.

"Hasta que se dio el golpe de Estado, los militares estaban al frente de la lucha antisubversiva y tenían todo el poder que la le había delegado la ley de seguridad del Estado para actuar en materia de guerra antisubversiva. Eso es un hecho que es indubitable a esta altura de las cosas. No quiero hacer comentarios sobre el procesamiento (de Amodio Pérez) pero la pregunta suya tiene una sola respuesta", respondió el ministro de la Corte.

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