Dejarán de estar bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura

Por decreto de Vázquez, fiscales dependerán de la Presidencia

Los fiscales, la dirección de registros y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) saldrán de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y pasarán a depender de Presidencia de la República, según un decreto que prepara el gobierno del presidente electo Tabaré Vázquez, para el próximo 2 de marzo.

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La burocracia empuja a las empresas públicas a crear sociedades anónimas. Foto: R. Figueredo

En el tema trabajan los próximos secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma, y prosecretario Juan Andrés Roballo y la futura ministra de Educación, María Julia Muñoz. La idea que manejan es la creación de una secretaría nacional dependiente de Presidencia para atender asuntos constitucionales, legales y registrales —que hoy están en manos del MEC— según dijo Muñoz en una entrevista con el programa "De Ocho a Diez" de Radio Uruguay.

"Hemos trabajado en equipo con el futuro secretario de Presidencia y el prosecretario y hemos visto que una pata importante de la reforma del Estado es el juntar todo lo que tiene que ver con los asuntos legales, constitucionales y registrales en una secretaría nacional que dependa de Presidencia de la República y no del Ministerio de Educación y Cultura, porque entendemos que no es el lugar más apropiado", opinó la futura ministra.

Consultada sobre si el traslado incluía las fiscalías, la ministra contestó afirmativamente y adelantó que esta será una de las primeras medidas que tomará el gobierno de Vázquez. Según dijo, el traspaso se hará por medio de un decreto que se pretende aprobar al día siguiente de la asunción del presidente electo.

Muñoz aclaró que el traslado de estas direcciones a Presidencia incluirá los recursos humanos con que cuentan cada una de ellas y aclaró que "es la dependencia lo que cambia, no el estatus de las personas".

En tanto, Roballo dijo a El País que "en esta etapa de diseño institucional es preferible no entrar en detalles". Sin embargo, acotó que "el rol y el estatus de un operador jurídico siempre se debe mantener o mejorar y ese es el paradigma de ingreso al tema".

Sacar las fiscalías de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura reúne consenso en el sistema político pero el modelo institucional, pese a diferentes ensayos realizados en los últimos años, nunca tuvo apoyo.

El propio Fiscal de Corte, Jorge Díaz, ha manejado su aspiración de que el Ministerio Público quede por fuera del Poder Ejecutivo. Con la reforma del Código del Proceso Penal, los fiscales adquirirán un rol protagónico en la investigación y presentación de todas la causas judiciales.

Se refuerza sensiblemente su rol frente a los magistrados.

"Salir de la órbita del Poder Ejecutivo es una vieja aspiración de la asociación de fiscales", dijo Díaz en una entrevista publicada (en agosto de 2013) en la página web del Ministerio de Educación.

"Cuando fui a la Comisión de Asuntos Administrativos del Parlamento, antes de asumir, se me preguntó sobre el tema y dije que estaba de acuerdo en dotar a la Fiscalía del mayor grado de autonomía posible del sistema político. No porque considere que tenga alguna especie de enfermedad que nos pueda contagiar sino porque cuanto más alejados estemos, menos susceptibilidades se van a generar cada vez que un fiscal tenga que investigar a un ministro, a un legislador o a un dirigente político", explicó Díaz al equipo del MEC.

"Ministerio oculto".

El diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) y exsubsecretario de Educación se excusó de hacer comentarios sobre las declaraciones de Muñoz, pero afirmó que "la mitad del presupuesto y la mitad de funcionarios del ministerio atienden temas de justicia o asuntos legales; y en realidad esto supone un ministerio oculto".

"Si se deja todo como está y si el ministro a cargo se concentra en los temas de justicia desatiende los temas de educación, de cultura y de ciencia. Y si el ministro no atiende estos asuntos, esto queda de alguna manera en una situación difusa; es decir los directores de las unidades ejecutoras hacen y deshacen sin una lógica determinada", argumentó Michelini.

El legislador opinó que en estas condiciones lo más razonable sería darle una nueva institucionalidad, ya sea un ministerio, un ente descentralizado o como una secretaría que funcione bajo la órbita de Presidencia. "En fin, eso el Frente no lo tiene resuelto como tal, pero lo cierto es que la situación institucional no es clara. Entonces es bienvenida toda iniciativa que vaya a tratar de clarificar esto", acotó. Fiscalías, Presidencia, decreto, María Julia Muñoz

Antecedentes.

El presidente José Mujica firmó el 19 de julio de 2013 un proyecto de ley por el cual se creaba una Fiscalía Nacional como un servicio descentralizado, que sustituiría a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. De acuerdo a esa iniciativa, la fiscalía tendría personería jurídica domiciliada en Montevideo y su máximo jerarca sería el Fiscal de Corte y el procurador general de la Nación.

El texto de la exposición de motivos del proyecto de ley no se limitaba a una mera reubicación institucional del Ministerio Público y Fiscal, sino que constituía una ley orgánica.

La propuesta enviada al Parlamento recogía las tendencias seguidas en leyes aprobadas por países como Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Venezuela y Chile.

El año pasado, la bancada del Frente Amplio también abordó el tema de las fiscalías y discutió la creación de un Ministerio de Justicia.

Luego de una discusión en la interna del Frente, el proyecto no siguió el trámite parlamentario para ser aprobado y fue encajonado.

Desde hace tres años, Jutep reclama mayor autonomía

Por ley aprobada en 2001, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) funciona como unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), al que debe controlar de la misma manera que al resto de la Administración Pública.

Pese a que la ley que la creó le ha conferido independencia técnica, carece de autonomía funcional. A diferencia de lo que sucede en Uruguay, en el resto del continente la mayoría de las oficinas anticorrupción dependen de la Presidencia.

Desde hace tres años, las autoridades de la Junta reclaman un proyecto de ley que la convierta en un ente autónomo. Para eso se basan en que la Junta es el organismo que ejerce el control superior de la corrupción en el país y tiene por cometido estudiar la situación de cualquiera de los funcionarios del Estado.

Un análisis jurídico del catedrático en derecho administrativo, Juan Pablo Cajarville, sostiene que "es de toda evidencia que la subordinación jerárquica en que se encuentra la Junta está reñida con el alcance subjetivo de sus cometidos, que alcanza a los titulares de los órganos máximos de los tres poderes del gobierno y de los tres órganos de contralor de creación constitucional".

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