En cinco años el Estado se hizo de US$ 7 millones en bienes y dinero decomisados en causas de lavado de activos y narcotráfico. De ellos, US$ 4.350.867 fueron obtenidos en remates de propiedades y vehículos. Desde 2010, se llevan rematados en 17 instancias, 512 coches, seis inmuebles, tres embarcaciones, además de otros bienes, como joyas.

Mientras el juicio está en proceso, el dinero es depositado en una cuenta en el Banco República y una vez que finaliza es administrado por el Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas, que funciona desde hace diez años.

"Cuando hay un procedimiento por narcotráfico o lavado de activos nos lo comunican. Con ese dato vamos a los juzgados y hacemos un estudio del expediente y vemos qué bienes hay. Hacemos un inventario, tasaciones, si vemos que es conveniente el remate anticipado lo pedimos, y le hacemos el seguimiento para que cuando el juicio termine se le asigne a la Junta Nacional de Drogas", explicó a El País José Ruano, integrante del Fondo.

Durante el 2014 se relevaron 352 causas judiciales nuevas (169 más que en 2013) y en los últimos cinco años llevan 1.174, en todos los departamentos de el país.

Según Ruano, la creación de los Juzgados de Crimen Organizado en el año 2009 permitió un aumento de bienes y dinero decomisado. "Antes no se atacaba el patrimonio. No se iba por los bienes sino por la pérdida de la libertad", aseguró.

El jerarca destacó la importancia de los remates anticipados, es decir, de poder rematar sin que el juicio esté culminado. "Fue una mejora en la gestión porque antes se esperaba que el juicio terminara, es decir cinco o seis años, para tocar el bien, se deterioraban y nos hacíamos de un vehículo que estaba hecho chatarra. Ahora se rematan, tenemos tres o cuatro remates por año, y el dinero va a una cuenta en el Banco República hasta que el juicio termine, que pasa a la Junta".

Ruano explica que hoy en día hay un mayor seguimiento de los bienes decomisados y que un caso como el de la exjueza penal Anabella Damasco, que fue procesada por seis delitos de peculado en reiteración real y un delito de estafa por retirar dinero incautado en casos a su cargo entre 2004 y 2007, ya no es viable.

"Hoy está todo más protocolizado. Se deposita en el Banco República, bajo el nombre de la causa y hay más controles: la Brigada Antidroga, nosotros, el juez, y el fiscal. Es difícil que algo se escape. Antes en la caja de los juzgados capaz que no estaba tan controlado", indicó.

Ruano lleva varios años en la Junta Nacional de Drogas y ha visto decomisar de todo: desde una matera hasta autos de alta gama, caballos de carrera y lujosas propiedades a lo largo y ancho del país.

El dinero recaudados por el Fondo de Bienes Decomisados es destinado a la financiación de programas que procuran la prevención del consumo de drogas y al tratamiento y rehabilitación de personas afectadas por dicha problemática. En estos años se han beneficiado desde el Portal Amarillo, ASSE, el Ministerio de Salud Pública, la propia Junta Nacional de Drogas y el Ministerio del Interior, entre otros.

Este año el Fondo de Bienes Decomisados prevé realizar más remates tanto de vehículos como de inmuebles. Según comentó a El País Marcelo Martoy, integrante del Fondo, a los remates va todo tipo de gente. Se lleva un control de las personas que rematan aunque admiten que no se controla si el verdadero dueño envía un emisario. "No tenemos cómo saberlo", reconoce.

Martoy señala que los remates son una buena oportunidad ya que se consiguen buenos precios.

"Nosotros tenemos tasación de los bienes y a pesar que salen sin base, porque los rematadores dicen que es más atractivo, siempre decimos que menos de tal cifra no está permitido porque si no no se defiende al Estado. Hace poco rematamos una casa en Carrasco y en menos de US$ 200.000 no se podía rematar", ejemplificó Martoy.

Creación de Juzgados de Crimen Organizado permitió mayores incautaciones