Declaran despachantes; sus abogados piden pruebas

Ayer comenzaron a declarar los 25 despachantes de Aduanas a los que el fiscal Gilberto Rodríguez pidió su procesamiento sin prisión por el delito de cohecho (coimas), el mismo por el que fueron procesados con prisión 11 funcionarios aduaneros del aeropuerto de Carrasco.

Durante esta semana seguirán concurriendo despachantes sobre los que pesa pedidos de procesamiento, acompañados de sus abogados defensores, que serán notificados formalmente de las solicitudes de procesamiento, harán sus alegatos contrarios a la posición del fiscal y podrán solicitar pruebas para fundamentar su opinión.

Finalizada esta etapa, la jueza de Ciudad de la Costa que trámita el expediente, Mariana Mota, definirá si cumple con todas o parte de la prueba solicitada por los abogados o pone el caso en "autos para resolución", que le otorga un plazo de 45 días para tomar una decisión sobre el pedido de procesamiento presentado por el fiscal.

Los defensores de los despachantes coinciden en que sus clientes no cometieron el delito de cohecho, sino que se veían obligados y presionados a pagar dinero a los aduaneros -lo que se denominaba "propinas"- para que los trámites en la terminal aérea se cumplieran en tiempo razonable. Por eso sostienen que en realidad, los aduaneros procesados incurrieron en el delito de concusión, ya que usaron su cargo para presionar a los despachantes a pagar "propinas".

Entre las pruebas que se prevé que solicitarán los abogados de despachantes se encuentran careos entre sus clientes y los aduaneros procesados y la declaración de decenas de despachantes. La mayoría de los despachantes que declararon hasta el momento, afirmaron que pagaban las "propinas" a los aduaneros.

Para solicitar el procesamiento de estos 25 despachantes, el fiscal tuvo en cuenta su confesión del pago y que aparecen en listas incautadas a los funcionarios donde figuran los pagos y las deudas.

Roberto Tomé, abogado de uno de los despachantes que declaró ayer, expresó a canal 4 que "en su intimidad y en su reflexión la jueza podrá concluir, sola, como concluimos que los despachantes no pueden ser incriminados de ningún comportamiento delictivo".

Respecto a la posibilidad que, de ser procesados, se les suspenda la licencia para trabajar, Tomé dijo que "la autoridad administrativa deberá sopesar mucho antes de determinar si suspende o no a los despachantes si llegamos a esa instancia, porque tenemos firme convicción acerca de su inocencia".