Votarán el jueves una investigadora sobre actividad militar.

Las actividades de espionaje clandestino, realizadas en democracia y con recursos públicos por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, serán investigadas por el Parlamento. La idea es determinar quién era la autoridad responsable por esas actividades, si los militares o los numerosos ministros de Defensa que pasaron en los gobiernos de tres partidos políticos.

El diputado frenteamplista Luis Puig entregó ayer la nota con su denuncia de unas 150 páginas al presidente de la Cámara de Representantes, el nacionalista Gerardo Amarilla, acompañado por los coordinadores de los sectores del Frente Amplio. El contenido de la denuncia fue aprobado por la Mesa Política del FA, luego que en la interna se plantearan algunas dudas por parte del MPP sobre la conveniencia de investigar estos hechos.

La comisión preinvestigadora, formada por los frenteamplistas Jorge Pozzi (FLS) y Roberto Chiazzaro (PS), más el nacionalista Gustavo Penadés, se reunirá hoy para escuchar al denunciante y el jueves el plenario de Diputados votará la conformación de una comisión investigadora que actuará durante un lapso no determinado aún.

Para Puig, es relevante que durante muchos años de vigencia del régimen democrático de gobierno los militares hayan espiado a presidentes, infiltrado sindicatos y seguido a jueces y otros operadores judiciales. La información sobre las acciones de espionaje tiene como elemento central al coronel retirado Elmar Castiglioni, que falleciera en 2015. En su domicilio la Justicia incautó en un allanamiento material sobre esas actividades. Tiempo después, el semanario Brecha publicó una parte del contenido incautado donde se revela el seguimiento telefónico o personal del expresidente Jorge Batlle y sus colaboradores inmediatos en la crisis de 2002, o la infiltración de sindicatos como Sutel o Untmra en 1992, u organizaciones políticas como el Partido Comunista y el Movimiento de Liberación Nacional.

El llamado archivo Castiglioni deja entrever que la red de informantes era extensa: por ejemplo, a principios de 1990, dirigentes de Adeom trabajaban para los servicios informando sobre las rutinas del entonces intendente Tabaré Vázquez.

"Todo el espionaje fue clandestino y realizado en años de democracia", explicó Puig a El País. "Se presume que ese espionaje pudo realizarse con dineros públicos. Fue una acción sistemática de las Fuerzas Armadas, no aislada o de una sola persona, al margen de la ley", indicó el legislador.

En la denuncia hay un análisis primario de la situación de espionaje y de allí podrían surgir responsabilidades. Mucho personal militar involucrado en esas acciones e incluso quienes dieron las órdenes de seguir con esas actividades hasta 2009, aún puede estar en actividad y haber desempeñado cargos de relevancia en los anteriores gobiernos. Esa es una de las líneas de investigación que la comisión desea corroborar.

Puig afirmó que la comisión debe llegar a determinar qué autoridad en esos años coordinó las acciones y qué se hizo con la información recogida.

ESPIONAJE EN DEMOCRACIA