Hay 6.000 funcionarios de la Comisión de Apoyo “parcialmente en negro”

Dan a ASSE $ 300 millones para la "calesita" de juicios laborales

El proyecto de ley del Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento prevé un monto de 300.000.000 de pesos (algo más de 10 millones de dólares) para que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) pague juicios.

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Unos 900 trabajadores de la Comisión de Apoyo se desempeñan en los CTI públicos.

Estos estarían destinados a cubrir los agujeros millonarios que generan los litigios llevados a cabo por parte de los trabajadores de la Comisión de Apoyo —o sea aquellos que fueron contratados dentro del grupo 15, con los mismos beneficios que tienen sus colegas de la salud privada.

El artículo 560 del proyecto de ley de Presupuesto advierte que ese dinero es para que "en los Ejercicios 2016 y 2017" se puedan "atender exclusivamente las sentencias de condena que se dicten contra" ASSE" o eventuales transacciones que se celebren" en los juicios.

"Los 300 millones son un cálculo estimado entre los juicios en curso y las sentencias pendientes que se supone que se van a perder. Hay sentencias que se perdieron en primera instancia, están en etapa de apelación y lo más probable es que también se pierda allí, ya que en juicios idénticos que hubo antes también se perdió", señaló a El País una fuente del directorio ASSE.

El miembro de la Administración también dijo que si bien en un principio esta pidió "un poco más" de dinero para pagarles a los trabajadores de la Comisión de Apoyo los juicios perdidos, "el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó solo eso".

Según denuncia la Asociación de Funcionarios de ASSE (Afasse), que representa a los trabajadores de la Comisión de Apoyo, desde 2006 el Estado mantiene a unos 6.000 trabajadores "parcialmente en negro". Se trata sobre todo de auxiliares de enfermería y de servicios.

"Se nos paga el sueldo, pero no se nos incluyen partidas variables, beneficios por antigüedad y presentismo, y el complemento de 20% que tenemos firmado por convenio para quienes trabajamos en CTI, por estar en un área cerrada", explicó a El País el secretario general de Afasse, Luis Pérez. De los 6.000 funcionarios, 900 trabajan en los CTI de distintos hospitales públicos del país.

El MEF debió transferir ya a mediados del año pasado 400 millones de pesos a ASSE —lo cual obligó a realizar modificaciones en la Rendición de Cuentas que estaba en ese entonces a estudio del Parlamento—, para pagar una serie de juicios de trabajadores de la Comisión de Apoyo, algunos que ya habían sido perdidos en el año 2010.

La fuente de ASSE sostuvo que esta nueva partida incluida en el Presupuesto es también para pagar juicios que se perdieron "ya hace tiempo" y que la idea del nuevo directorio, presidido por la exministra de Salud Pública, Susana Muñiz, es cortar con esta sangría presupuestando a los funcionarios.

Calesita.

"Hay un cambio en el gerenciamiento para que se corte con esta situación", señaló la fuente. Sin embargo, desde Afasse, sostienen que mes a mes se siguen acumulando deudas por parte de ASSE para con los trabajadores, ya que no se les están pagando las prestaciones que les correspondería por estar dentro del grupo 15 de privados y anexos.

"Hay abogados que se dedican a hacer juicios a ASSE. Los trabajadores los llaman, ganan, siguen trabajando, y como les siguen pagando mal, sin los beneficios que corresponden, a los seis meses vuelven a la Justicia de vuelta. Es una calesita", sostuvo Pérez. El sindicalista, por otra parte, dio cuenta de que este sistema les hace perder plata a los trabajadores, ya que "de cada 100 pesos que se reclaman, se le pagan 50, entre lo que cobra el abogado y lo que se va en impuestos; porque al cobrar esa plata toda junta te matan con el IRPF".

Por otro lado, Pérez advirtió que más allá de los 400 millones que el MEF dio para pagar estos juicios, ASSE suele recurrir a otros fondos para poder pagar la ola de litigios. "Pagan con la plata del ausentismo, como los fines de semana faltan muchos, se ahorran ese dinero y pagan juicios", sostuvo.

Según Pérez, entre Pasteur, Maciel y Pereira Rossell se cierran 30 camas de CTI por fin de semana por falta de personal. "Como consecuencia se pagan camas en el sector privado. Si nos otorgaran un aumento de 15.000 pesos, que promediaría un salario de 50.000, que nos equipararía más o menos con el sector privado, se terminaría ahorrando dinero", señaló.

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