INSEGURIDAD CIUDADANA

Cuatro estrategias en la región contra inseguridad

Apoyo de las fuerzas especiales y bloqueo de señal celular.

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Fuerzas especiales desplegadas en Río de Janeiro. Foto: AFP.

Los problemas de seguridad recorren toda la región. En el último año los países de la zona han adoptado medidas para atacar el asunto, de acuerdo con un relevamiento realizado con la colaboración del Grupo de Diarios América.

En Brasil, el gobierno federal ha recurrido a la Fuerza Nacional para reforzar la seguridad de ciudades y estados. La Fuerza, creada en 2004, está compuesta por 15.000 policías de todos los estados y coordinada por el Ministerio de Justicia. El envío de refuerzos se concreta cuando las autoridades locales piden apoyo al gobierno federal. Este año la Fuerza ya fue convocada para trabajar en cinco estados: Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Ceará, Río Grande do Norte y Mato Groso do Sul. En Río, que pasa por una grave crisis financiera que bajó incluso los salarios de la Policía, la Fuerza fue accionada para reforzar la seguridad de los Juegos Olímpicos. Parte de los efectivos permanecieron en las ciudades para garantizar la seguridad de las elecciones de intendentes y ediles.

En Argentina, antes de asumir como presidente, Mauricio Macri había anunciado que una de las primeras medidas que tomaría sería declarar la emergencia en seguridad. En efecto, este año declaró la emergencia con despliegue de fuerzas federales en zonas estratégicas, inició el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires y destinó recursos para equipamiento (helicópteros, equipos de comunicaciones de avanzada y drones) y salarios. Solo en la ciudad de Buenos Aires se tomaron unas 20 medidas: inteligencia criminal con uso de datos, encriptar la frecuencia de radio policial, formación laboral de presos, mejoras en las condiciones de reclusión, capacitación en materia de investigación criminal y criminalística, mayor gasto.

En Perú, en el caso de Lima, una de las medidas más significativas contra la delincuencia fue el estado de emergencia adoptado en la provincia constitucional del Callao, el 4 de diciembre del 2015. Hasta entonces, en el Callao se registraban en promedio 50 asaltos al día, y al menos dos muertes violentas por robo agravado a la semana, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De acuerdo con la Policía, hasta julio de este año, cuando se amplió por sexta vez el estado de emergencia, la delincuencia se redujo en más del 30%. Ello se atribuye a las facilidades brindadas para intervenir en casos de flagrancia, la prohibición de reuniones públicas para los ciudadanos, la posibilidad de detener a una persona sin necesidad de una orden judicial y la de allanar inmuebles sospechosos. Recientemente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció que el próximo 14 de octubre, cuando se venza el último plazo de la ampliación, el estado de emergencia habrá terminado.

En El Salvador, donde la violencia entre pandillas o maras ha llevado a que el país sea uno de los que tiene la tasa de homicidios más alta, en marzo del año pasado el gobierno implementó lo que se denominó "medidas extraordinarias de seguridad". Se trata de controles más rígidos en siete penales que fueron declarados en estado de emergencia. Desde esa fecha hay restricciones de visitas para los presos y las audiencias se concretan mediante videoconferencias. Además se bloqueó la señal telefónica en los alrededores de los penales para evitar que los presos sigan ordenando delitos desde las cárceles. Al poner en práctica las medidas las autoridades decomisaron 494 celulares. Asimismo la Policía Nacional creó dos nuevos batallones conjuntos con el Ejército para realizar patrullajes. Se llaman Fuerzas de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT) y Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador (FES). Estos se han desplegado en 10 municipios que el Gobierno priorizó por mayor índice delincuencial. Esto ha generado un incremento en los intercambios de disparos entre policías y pandilleros. En lo que va del año se han reportado 469 intercambios de disparos entre policías y presuntos pandilleros. Las medidas han tenido efecto en los delitos más violentos. Hasta el 2 de octubre se habían producido 4.213 asesinatos, 15% menos que en igual lapso del año pasado en que murieron 4.985 personas.

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