LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN

De no creer

La Justicia ordenó días atrás al Estado que brinde una vivienda a una familia del asentamiento Nuevo Comienzo que había recibido una orden de desalojo.

Nueva Santa Catalina: así lo denominan al asentamiento algunos ocupantes de un predio privado, instalados en enero de este año. Foto: Leonardo Mainé
Foto: Leonardo Mainé (Archivo)

Se terminaba el año 2019 cuando una marabunta tomó súbitamente un terreno próximo a Santa Catalina y levantaron en él sus viviendas precarias. El predio, de 72 hectáreas, lucía hasta entonces abandonado, pero era y es propiedad de una empresa que opera en el puerto de Montevideo.

Algunos afirman que la ocupación fue tan espontánea como caótica. Otros hablan de especulación y oportunismo, vehículos lujosos presentes durante el desembarco masivo y señalan a grupos vinculados al narcotráfico como los promotores de la usurpación masiva de tierras. Como sea, aquel movimiento dio origen a un asentamiento que se resolvió llamar “Nuevo Comienzo”.

Dicen que, tras varios operativos policiales, narcos y oportunistas abandonaron el lugar, en el que permanecieron unas 80 familias.

Como era de esperar, la empresa propietaria del terreno accionó judicialmente para que se respetaran sus derechos sobre el predio. Pero además la Intendencia de Montevideo también se presentó ante la Justicia, porque algunas viviendas se habían levantado en tierras aledañas a una bomba del sistema de saneamiento. Los involucrados se trasladaron entonces a otro sitio dentro del mismo terreno, en este caso con servidumbre, lo que motivó nuevas demandas de la comuna y de la empresa víctima de la usurpación. Además, hay una denuncia del casero del terreno, quien asegura haber sido víctima de amenazas, un robo y hasta un incendio intencional en su vivienda.

La Fiscalía hizo lo que debía. Dio trámite a las denuncias, retiró cargos contra los asentados que aceptaron abandonar el predio, y fijó fecha para el desalojo de algunas familias.

Pero para sorpresa de todos, y en un fallo que sienta un peligroso precedente, la Justicia ordenó días atrás al Estado que brinde una vivienda a una familia del asentamiento Nuevo Comienzo que había recibido una orden de desalojo.

¿Se entiende? Pongámoslo así. Usted usurpa un terreno que ya tiene dueño. Levanta una vivienda precaria. Se cuelga de la luz. Usa, sin pagar, el agua de OSE. Hace un pozo negro en una tierra que es ajena. Y cuando un juez le dice que usted tiene que abandonar ese predio, que no es suyo, otro juez interviene y obliga al Estado a proporcionarle una vivienda.

¿Qué cree que van a hacer los demás vecinos con orden de desalojo de este asentamiento?

¿Y todas las personas que viven en alguno de los 650 asentamientos que hay en el país? ¿Qué piensa que van a reclamar cuando un juez les ordene desalojar la tierra que usurparon?

Este fallo judicial, sin pies ni cabeza, ¿va a quedar firme?

¿Qué consecuencias tendrá este dictamen para el Estado, que somos todos? ¿De dónde va a sacar recursos para darle una vivienda a cada familia que usurpe un terreno o un inmueble ajeno? ¿Cómo van a hacer frente este gobierno, y los gobiernos que le sucedan, a este dislate?

¿Qué pueden esperar los que tienen un terreno en el que no han construido o un inmueble desocupado? ¿Que a la luz de este fallo alguien se los ocupe para, desde esa posición de poder, obligar al Estado a proporcionar una vivienda?

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