Eleuterio Fernández Huidobro seguirá en el Ministerio de Defensa, al menos por un tiempo. El presidente Tabaré Vázquez hace oídos sordos a los reclamos de sectores minoritarios del Frente Amplio para que saque al ministro, en tanto el Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector liderado por el expresidente José Mujica, también se apartó de la posición de esos grupos.

De todos modos, la polémica en torno a Fernández Huidobro dejó al descubierto dos posiciones bien marcadas en el Frente Amplio sobre las Fuerzas Armadas.

En los últimos dos días, tres sectores de la coalición de izquierda (Casa Grande de la senadora Constanza Moreira, el PVP y la Vertiente Artiguista) pidieron la remoción inmediata de Fernández Huidobro, quien trató de "enfermitos", "mentirosos" e "intoxicantes" a organizaciones vinculadas a los derechos humanos.

"Le solicitamos al presidente de la República la inmediata remoción del Ministro de Defensa Nacional como forma de restituir una conducción que represente los principios del Frente Amplio en la materia, pero por encima de todo como vía de respeto a las víctimas del terrorismo de Estado y la sensibilidad democrática de todo un país", dice la nota del sector Casa Grande de Moreira.

Para el MPP, en cambio, el tema quedó saldado con la declaración de la Mesa Política del Frente Amplio, que expresó su rechazo a los dichos del secretario de Estado. "No comparte ni representa a esta fuerza política, las expresiones del ministro", decía la declaración de la Mesa Política, además de pedir una entrevista con el presidente Vázquez para abordar el tema.

El MPP intenta correr la mira a la gestión del Ministerio de Defensa. De hecho, ayer la cartera difundió un comunicado, firmado por el ministro y publicado en el sitio web de la Presidencia de la República, que detalla las actividades que se realizaron con el objetivo de encontrar información que permita dar con el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Para el senador del MPP, Ernesto Agazzi, la gestión de Huidobro no está "para nada en duda" y "mucho menos cuando los grupos que piden la renuncia están sosteniendo cosas que no están en el programa de la fuerza y que son una barbaridad, como que Uruguay no tenga Fuerzas Armadas". "Para nosotros, eso no tiene ningún asidero", aseguró Agazzi a El País.

El senador comentó que el MPP no hizo ninguna declaración porque le "satisface" la realizada por la Mesa Política del Frente Amplio. Si bien se desmarcó de los dichos de Huidobro, Agazzi defendió la gestión del Ministerio de Defensa.

"Siempre ha colaborado en lo que institucionalmente le compete en cuanto a la violación de los derechos humanos en el pasado reciente. Para nosotros, eso es lo importante desde el punto de vista político del Frente Amplio. Las afirmaciones de Huidobro son responsabilidad de él", indicó.

La presidenta de la coalición de izquierda, Mónica Xavier, dijo en declaraciones a En Perspectiva, que comprendía el pedido de remoción de Huidobro y señaló que hay una "contradicción" entre sus dichos y la actitud encabezada por el presidente Vázquez que creó la Comisión Por Verdad y Justicia.

"Si esto fuera la primera vez, un yerro que pudiera ser subsanado, pero en realidad esto es parte de las convicciones del compañero ministro, y muchas veces estamos convencidos de cosas, pero si no son las que nos representan a todos debemos abstenernos de hacerlas públicas", aseguró.

Esta no es la primera vez que la Mesa Política manifiesta su malestar con Fernández Huidobro. Antes de que el ministro asumiera el cargo, en diciembre de 2014, se le llamó la atención por declaraciones sobre Serpaj.

Fernández Huidobro había dicho "que si Serpaj lo autoriza a torturar, capaz que conseguía información" sobre los detenidos desaparecidos. A su vez, el ministro tildó de "imbéciles" a los integrantes de Serpaj.

Xavier comentó que la situación es "indeseada" y "dolorosa" y afirmó que debe ser "encauzada rápidamente" para no distraer al gobierno.

El Ministerio de Defensa salió al cruce ayer de estas críticas, no sólo del Frente Amplio sino también de representantes de Familiares de Detenidos Desaparecidos que aseguraron que Huidobro ha sido un obstáculo para la Justicia.

En la misiva, la cartera detalla las actividades que se realizaron con el objetivo de encontrar información que permita dar con el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. El documento, que fue analizado en el Consejo de Ministros del lunes, asegura que la actitud del Ministerio "ha sido siempre la de aportar" información al alcance de sus posibilidades y que en todo momento se le abrió el camino a las investigaciones. "La Universidad de la República y su equipo de historiadores liderado por Álvaro Rico, actuando por la Presidencia de la República y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, trabajaron durante meses en el archivo pasivo de Sanidad Militar revisando cientos de miles de historias clínicas, encontrando 23 historias caratuladas de detenidos políticos", relata.

Entre 2011 y 2015 se tramitaron, según el documento, 237 oficios con respecto a este tema, de los cuales 211 recibieron respuesta y los restantes 26 se encuentran en trámite. En total, desde que Huidobro asumió en 2011, se dio trámite a un expediente por semana.

Las demoras en la tramitación, explica, son consecuencia de la "complejidad" para ubicar la información y documentación requerida.

El documento aclara que dar una copia autenticada de los legajos a la Suprema Corte de Justicia, "es complicado" porque cada uno tiene entre 200 y 300 hojas y cada una de ellas debe ser revisada para asegurar de que no se brinde datos de terceras personas protegidas por la legislación, y luego certificar cada página.

"Otra parte de las dificultades radica en la complejidad de determinar los datos completos de personas que son identificadas por alias. Los juzgados solicitan que se proporcione nombres completos y domicilios de personas identificadas como el galgo, el gato, el tomatera, el negro", detalla.

El expresidente Jorge Batlle disparó duro en una columna publicada en su cuenta de Facebook contra la guerrilla tupamara y contra el decreto del presidente Tabaré Vázquez, con el que oficializó al Grupo por Verdad y Justicia que investigará crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar. Batlle afirma que "fue en 1962 cuando los uruguayos se enteraron de que existía en el país un movimiento armado que pretendía, por las armas, ocupar el gobierno".

"La guerrilla fue enfrentada por la policía, particularmente por el comisario Alejandro Otero, que ya había denunciado su existencia a las autoridades policiales de Montevideo. Este proceso violento, con robo de bancos, empresas, asaltos a mano armada, muertos por la acción de la violencia, prosiguió con creciente intensidad hasta que el Parlamento del Uruguay, elegido en forma libre, resolvió encargarle a las Fuerzas Armadas la tarea de concluir con la violencia armada del movimiento MLN-T (Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros). Esa decisión del Parlamento le permitió a las Fuerzas Armadas rápidamente, a partir de setiembre de 1971, enfrentar y derrotar a la sedición", escribió Batlle en la red social.

Siguiendo su relato, el expresidente afirma que "la conclusión más que clara es que si no hubiera habido un movimiento sedicioso revolucionario, no hubiera habido Golpe de Estado Militar. Sin guerrilla no hubiera habido Golpe de Estado Militar. Mujica, Fernández Huidobro y todos los demás, son los responsables del Golpe de Estado y fueron los beneficiarios del Golpe de Estado".

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