La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Presupuesto que autoriza al Poder Ejecutivo a posponer el pago de juicios de materia salarial a la disponibilidad de recursos para hacer frente a los mismos, según reveló el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, en su último día en el organismo.

En una entrevista con radio El Espectador, Pérez Manrique dijo que por medio de ese artículo el Poder Ejecutivo "se reserva de la no necesidad del pago inmediato (de las sentencias en su contra) que es para todos los funcionarios públicos".

La inconstitucionalidad fue decretada para un juicio planteado por una funcionaria de ASSE de Fray Bentos que había ganado una demanda a la entidad en reclamo del pago de "nocturnidad y otras incidencias", pero esta se amparó en el artículo mencionado para diferir el pago de esas obligaciones.

Tras una segunda instancia que también le fue contraria, la actora presentó el recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ por entender que la sentencia en su contra "viola el derecho a la seguridad jurídica; (...) se violan los principios de tutela jurisdiccional y de separación de poderes; (...) se viola el principio de la separación de poderes ya que la disposición impugnada deja al arbitrio del Estado el cumplimiento de las sentencias judiciales que lo condenen; (...) se viola el principio de tutela jurisdiccional al limitarse a la actora en forma injustificada la posibilidad de obtener la ejecución de la sentencia que obtuvo a su favor en contra del Estado, haciendo utópico su triunfo ante el Poder Judicial".

El fallo fue aprobado por unanimidad de los miembros de la SCJ y la sentencia fue redactada por el más novel integrante de la corporación, Francisco Turell.

Si bien los fallos de la SCJ no generan la obligación de que el resto de los jueces apliquen igual criterio que los ministros que la integran, este adquiere singular importancia porque puede ser invocado por los funcionarios y actuarios del Poder Judicial para intentar cobrar los cerca de US$ 40 millones que se le adeudan por un aumento salarial no aplicado por el Ejecutivo.

Aunque estos también plantearan la inconstitucionalidad en su caso, nada asegura que obtengan un fallo similar, dado que la SCJ no tendrá la misma integración que hasta ayer, debido a que por edad Pérez Manrique deja hoy de integrarla.

INCONSTITUCIONALIDAD