LA INSTRUMENTACIÓN DE LA LEY DE FALTAS

La Corte señala fallas y pide ajustar ley de faltas

Detecta problemas con personas que duermen en la calle.

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Otro problema relacionado con la ley está asociado a la ocupación de espacios públicos. Foto: M. Bonjour

En una nota enviada al Parlamento, la Suprema Corte de Justicia planteó fallas en la aplicación de la ley de faltas —vigente desde octubre de 2013— y pidió realizar ajustes con respecto al traslado policial de las personas en situación de calle.

Un estudio sobre procedimientos de faltas que abarcó el año 2014 y el primer trimestre de 2015, realizado por el Ministerio del Interior, las Intendencias y el Poder Judicial reveló problemas en la aplicación de la ley de faltas. Los "efectos no deseados" de la normativa son detallados en una carta que envió el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, a la Cámara de Senadores.

La nota, a la que tuvo acceso El País, ingresó ayer al Parlamento y tiene fecha 23 de junio.

Allí se describe una especie de círculo vicioso a la hora de aplicar la ley que dispone el traslado de las personas que ocupen espacios públicos "acampando en forma permanente", los cuales según la norma deben ser castigados con pena de 7 a 30 días de trabajo comunitario.

El problema radica en que estas personas son llevadas a declarar a sede judicial el mismo día en que son detenidos y en ese momento "las acusaciones son muy limitadas". Según describe la nota de la Corte, la fiscalía suele pedir internación en los centros del Mides, y pasados los 60 días, cuando el ministerio contesta "las personas se encuentran sin domicilio fijo o sea en situación de calle".

En estas circunstancias, la Corte advierte que "es muy difícil la convocatoria ante la sede judicial a los efectos de proseguir las actuaciones o continuar las audiencias". Además, al volver a estar en esa situación muy posiblemente la persona vuelva a incurrir "en ocupación indebida de los espacios públicos".

De acuerdo al informe, en el primer semestre de 2015 se hicieron 297 denuncias en todo el país por ocupación de espacios públicos, 294 correspondientes a Montevideo y tres al interior del país.

Esta problemática en la aplicación de la ley de faltas fue reconocida por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, en el Parlamento en mayo de 2015. Allí advirtió que la realidad de los refugios es muchas veces la que expulsa a las personas, que prefieren dormir en la calle a estar allí y se mostró partidaria de "estudiar el impacto que ha tenido la ley y su uso, porque no es tan simple" de implementar.

Tránsito.

Otro de los problemas frecuentes en la aplicación de la ley de faltas está asociado a la licencia de conducir. A su vez según el informe del Poder Judicial, el 89,4% de las faltas que se denuncian están asociadas al incumplimiento en las normas del tránsito.

En la mayoría de los casos, los fiscales solicitan un plazo de 60 días "sistemáticamente" para que el encausado gestione la libreta de conducir. Pasado ese plazo, si la persona tramita la libreta y la presenta, el Ministerio Público solicita la clausura o archivo.

Según la Corte, "los plazos estimulados en la ley parecen no adaptarse a la realidad de la aplicación de la norma, generando un efecto no buscado". En tanto, una parte importante de los casos de infracciones de tránsito, constatados por las intendencias y luego denunciadas ante la Justicia, se caracterizan por llegar a la sede entre 70 y 80 días después de cometida la falta. En el primer semestre de 2015 se concluyeron 1.277 procesos de falta en Montevideo y 4.875 en el interior. En 2014 se registraron 1.532 procesos de faltas concluidos y en 2013 (primer año de aplicación de la ley) se constaron 457 procesos finalizados. A diferencia de lo que sucede ahora, cuando las faltas se denunciaban en juzgados penales, y no en sedes especializadas, "casi no se registraban asuntos iniciados en la materia".

A modo de conclusión, la Suprema Corte señala que el interés que se persigue en la nota dirigida al Parlamento es "continuar mejorando la implementación de la ley de faltas", por lo cual "es necesario contar con el apoyo del Poder Legislativo". Además solicitan una instancia de evaluación de la ley de faltas para ajustar los problemas que surgen en la implementación.

Los datos erróneos de domicilio.

A diferencia de lo que sucede en materia penal, la aplicación de la ley de faltas enfrenta un problema relacionado a la dirección que brindan los denunciados.

La situación es descripta por la Suprema Corte de Justicia como "problemas de ubicación del paradero de los infractores" que brindan "datos erróneos" sobre su domicilio o contacto.

Este hecho dificulta la tarea e "imposibilita continuar" con el proceso judicial a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal donde los individuos son recluidos en la sede judicial.

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