La Policía tuvo que intervenir en Cerro Largo y Treinta y Tres para asegurar el libre tránsito tras el piquete de los camioneros para impedir que saliera producción de arroz de las chacras.

El presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga terrestre del Uruguay (ITPC), Mauro Borzacconi, denunció "amedrentamiento" por parte de productores arroceros a trabajadores de las zonas afectadas en los últimos días por los piquetes.

En declaraciones al programa Inicio de Jornada de radio Carve, el empresario señaló que "la Intergremial ha ido porque nos han pedido los transportistas de la zona" y que hay "gente que no puede" denunciar la situación "porque como vive en el pueblo, en la ciudad y se conocen, los tienen amedrentados".

Aseguró que que los trabajadores han informado que recibieron amenazas de "no darles más trabajo en el año" y afirmó que "algunos" productores "obran como si fueran señores feudales".

El pasado lunes, el decreto antipiquetes firmado la semana pasada por el presidente Tabaré Vázquez volvió a aplicarse para asegurar el libre tránsito en las cercanías de Río Branco (Cerro Largo), la ciudad de Treinta y Tres y Vergara (Treinta y Tres) donde se desarrollaban medidas de la ITPC para impedir que saliera producción de arroz de chacras de la zona.

Los empresarios del transporte se encuentran en un duro conflicto con los cultivadores de arroz, ya que las partes no se ponen de acuerdo respecto a los fletes en plena cosecha.

Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), dijo a El País en una nota publicada este martes que "el Ministerio del Interior está actuando, tiene elementos legales para llevar adelante las acciones que crea convenientes (...) La Policía ha actuado con mucha rapidez en base a las solicitudes no solo de los productores, sino de la población en general", señaló.

Consultado en Inicio de Jornada sobre si hoy se mantienen medidas de piquetes, Borzacconi dijo que lo que realizan es una "interrupción de actividades del levantamiento del arroz". "Si quieren decirle piquetes, díganle piquetes", agregó.

El presidente de la Intergremial recalcó que "nunca se ha interrumpido el tránsito", y que lo que hacen los transportistas es estacionar al costado de la ruta y parar a los camiones que quieren ingresar a las chacras.

"Estamos en huelga con el arroz hasta que no se discutan tarifas que no sean dignas", destacó.

Además, denunció que hay "camiones brasileños trabajando dentro de las chacras", y aseguró que los transportistas han tomado fotos y han realizado filmaciones de los camiones porque "vienen a decir que están cortadas las rutas o las puertas de una chacra, y nosotros demostramos que no lo está".

"Hay filmaciones de a montones (de camiones) pasando por la ruta", aseguró el presidente de la Intergremial, y reiteró que "corte de rutas no hay ninguno, los camiones están parados a los costados".

Borzacconi denunció que en las reuniones entre transportistas, gobierno y productores "nos ningunearon". "En la última reunión que citó el Poder Ejecutivo, que fueron tres ministros, dijeron 'nosotros con el piquete no vamos a negociar'. Lo levantamos a las cinco horas y nunca se sentaron a negociar", señaló.

"Los únicos camiones que no están yendo a la chacra son los que están siendo amenazados por un grupo de personas que no tiene nada que ver con el transporte de arroz", aseguró Lago a El País.

Sin embargo, Humberto Perrone, gerente de la ITPC, dijo a El País que hubo consultas de la Policía, pero que los camiones no bloquearon nunca las rutas. No obstante, Perrone advirtió que "no está descartado" tomar medidas que afecten al conjunto del agro y se lamentó que el decreto del gobierno al excluir en su artículo 4 de su aplicación al ejercicio del derecho de huelga muestra que "no somos tan iguales ante la ley".

Perrone advirtió que "la cosecha se va a paralizar" y dijo que el problema es que "ocho o diez cabezaduras de la ACA" no quieren negociar. Agregó que la Intergremial interpreta que el gobierno emitió el polémico decreto pensando precisamente en el accionar de esta gremial de empresarios.

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo propuso que cuando se aplique el decreto antipiquetes se realice una grabación en video de los acontecimientos que desencadenan la acción, para que sirva de elemento probatorio de que se actuó de manera racional, gradual y ponderada.

En un documento que el gremio entregó ayer al Pit-Cnt sostiene: "No querríamos que existieran lagunas en algo tan delicado como este asunto, menos cuando se le está exigiendo a la Policía un esfuerzo en la contención del orden público y si las señales no son claras, las respuestas tampoco lo serán".

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Carlos Perera, se reunió ayer con el presidente Tabaré Vázquez y dijo que "si el decreto permite desalojar a los que no son sindicalizados y no permite desalojar a los que son sindicalizados, de nuevo estamos generando divisiones en las estructuras".

Es que los empresarios entienden que el artículo 4 del decreto establece una discriminación injusta. Los tres primeros artículos establecen que el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes para preservar el uso de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos. Determinan también que el Ministerio del Interior deberá dar inmediata cuenta a la Justicia de lo actuado. Pero el cuarto artículo establece que el Decreto Reglamentario no será de aplicación ante lo previsto en el artículo 57 de la Constitución referido al derecho de huelga.

El artículo 4, a su juicio, según indicó el abogado laboralista de Ferrere Abogados, Nelson Larrañaga,"no debería existir porque si se protege la libre circulación de las personas es en todo caso y circunstancias".

El artículo interpreta que "si en el marco de una huelga se corta un camino, una carretera, una calle la Policía no puede intervenir, en ese caso el derecho a la libre circulación no está protegido". Y a su juicio se estaría vulnerando el artículo 7 de la Constitución que consagra la libertad en un sentido amplio, incluyendo la de tránsito y el 8 que establece el principio de igualdad porque se determina "un tratamiento diferencial".

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