Por unanimidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideraron, en dos fallos, que la reforma de la Fiscalía de Corte como servicio descentralizado por fuera del Poder Ejecutivo es constitucional.

Las sentencias coincidieron en que el artículo 4 de la ley 19.334, que creó la Fiscalía General de la Nación, no colisiona con el artículo 197 de la Constitución de la República porque este solo se refiere al funcionamiento administrativo del nuevo organismo (Fiscalía General de la Nación).

Pese a que los fallos de la Suprema Corte se refieren a dos casos penales —uno es por un atentado y el otro por una difamación e injurias—, los ministros brindaron su opinión sobre un tema de fondo como lo es la constitucionalidad o no de la creación de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado.

Ambas sentencias le dan la razón al fiscal de Corte, Jorge Díaz, principal impulsor del nuevo organismo por fuera del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Díaz promovió, además, un proyecto de instrucciones generales que permitirá que el Fiscal de Corte brinde directivas generales a los fiscales sobre determinados delitos aunque no podrá opinar sobre un caso en particular. Por ejemplo, hoy Díaz no puede sugerir a los fiscales que le otorguen prioridad a la investigación de los delitos sexuales porque son funcionarios que cuentan con independencia técnica.

La Corte todavía no se pronunció sobre un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva estructura de la Fiscalía de Corte promovido por el fiscal de Menores, Enrique Viana. A fines de mayo pasado, el fiscal de Corte subrogante, Daniel Gutiérrez, consideró inconstitucional la ley 19.334, lo que generó polémica en ámbitos judiciales.

Uno de los fallos de la Suprema Corte de Justicia, fechado el 27 de julio pasado y redactado por la ministra Elena Martínez, señala que la ley cuestionada se refiere únicamente al funcionamiento administrativo de la Fiscalía de Corte y no abarca la competencia ni el ejercicio del Ministerio Público y Fiscal en sus distintos niveles. Es decir, la ley 19.334 "no incide" sobre la actuación del Ministerio Público como parte en el proceso penal ni sobre los fiscales letrados.

El segundo fallo, redactado por el ministro Jorge Chediak, señala que los otros integrantes de la Suprema Corte coinciden en que no existe "transgresión" a la independencia de los fiscales.

A juicio de los ministros Jorge Larrieux y Ricardo Pérez Manrique, la persona que presentó el recurso carece de un interés directo y advierten que la propia norma impugnada excluye el control del Poder Ejecutivo sobre los fiscales.

Dos fallos la avalan como un servicio descentralizado