"Nos oponemos radicalmente a que parte del nuevo Código del Proceso Penal comience el 1° de febrero de 2017 y otra parte el 30 de junio de ese año".

Con esas palabras, el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Pérez Manrique, transmitió ayer a la Comisión de Constitución y Legislación de Senado la posición de la corporación sobre la entrada en vigencia del Código de Proceso Penal.

El jerarca calificó como "altamente inconveniente" el escaso plazo que tiene el Poder Judicial para la puesta en funcionamiento del nuevo código, lo que obliga a la Suprema Corte a realizar "una cantidad de gastos" en un momento en que carece de recursos.

Insistió en que no era correcto una implementación parcial del nuevo código, y sí que este debía implementarse totalmente a partir de julio o agosto de 2017, siempre que estén los recursos para ello.

El gobierno tiene plazo máximo para presentar el proyecto de Rendición de Cuentas hasta el 30 de junio. Luego cada cámara cuenta con 45 días para considerarlo. Si hay modificaciones del proyecto en la segunda cámara, este vuelve a la primera cámara que dispone de 15 días más para analizar si está de acuerdo o no con los cambios.

El gobierno ratificó al Partido Nacional que los US$ 40 millones para que la Corte implemente el nuevo código no serán suprimidos en el plan de recortes de gastos dispuesto por el Ministerio de Economía.

En caso de mantenerse esta política, la Corte dispondría de esos US$ 40 millones a partir del 2 de enero de 2017. Eso significa que el Poder Judicial tendrá apenas un mes para implementar los cambios que exigirá la puesta en funcionamiento del nuevo sistema penal procesal.

"La Corte necesita seis o siete meses para instrumenta el nuevo código", dijo Pérez Manrique.

Explicó que "no es conveniente" el dispendio de esfuerzos que redundaría en una implementación en dos etapas del nuevo código, y advirtió que se puede correr riesgos de que el nuevo sistema funcione mal y quede deslegitimado ante la ciudadanía. Pérez Manrique subrayó que la implementación del código obligará a la corte a designar dos jueces para que trabajen en dos sistemas procesales distintos: el nuevo y el antiguo.

Señaló que se necesitarán más defensores para otorgar las garantías a las víctimas dispuestas por el nuevo código. "También es necesario trabajar en los mecanismos de mediación", agregó.

Sostuvo que este tipo de locales de mediación deben ser reforzados en Montevideo y en el interior.

Pérez Manrique recordó que, en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y el Colegio de Abogados coincidieron con la Corte en que una puesta en vigencia parcial del nuevo sistema de proceso penal es inconveniente.

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