Tras el fallo favorable de la Justicia, los funcionarios judiciales se enfrentan ahora a una serie de dificultades para concretar el 26% de aumento salarial. Los funcionarios se reunieron ayer en asamblea para definir los pasos a seguir y entregar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

En una asamblea dominada por las susceptibilidades, la Asociación de Funcionarios Judiciales compartió las primeras impresiones sobre el fallo judicial. Durante la reunión, que comenzó con una hora de retraso e insumió más de cuatro horas, los judiciales discreparon en varios puntos. Tales fueron los cruces que se llegó a escuchar gritos de diversa índole. "No podemos cagar a los compañeros", "ortiba" y "alcahuete" fueron algunos de estos.

El dirigente Luis Kelis, encargado de explicar las consecuencias políticas del fallo, dijo que este ya fue entregado al Ministerio de Trabajo. Esto, dijo Kelis, va de la mano de las intenciones del presidente Tabaré Vázquez, quien manifestó que quiere dilucidar el conflicto en la órbita de esa cartera.

El presidente de la República se reunirá hoy con los ministros de la Suprema Corte de Justicia para tratar, entre otros temas, el conflicto judicial.

"La Corte no ha podido analizar la sentencia. Yo la leí ayer (por el miércoles). Algunos de los ministros no la han leído. Vamos a hacer nuestros análisis con detenimiento. Y nuestro servicio jurídico van a estudiar la sentencia", dijo a El País el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.

Chediak dijo que aún no se definió si la Corte apelará al fallo que la obliga, junto al Ministerio de Economía, a hacerse cargo del aumento para los funcionarios judiciales.

"Los actores pueden ir contra la Suprema Corte o contra el Ministerio de Economía y Finanzas por el todo. Y, hasta ahora, deudor solvente es uno solo", explicó Chediak refiriéndose a que, hoy, el Ministerio de Economía es el único con capacidad de hacerse cargo de la deuda.

"Esto modifica las reglas del juego para el Poder Judicial porque el Poder Judicial se regía por el régimen general, en el que todas las sentencias en su contra las pagaba rentas generales. La ley nos cargó con la responsabilidad de esa condena pero no nos dio fondos para hacerlo", agregó Chediak. Según dijo, la Suprema Corte, más allá de la sentencia, no puede pagar la deuda en el caso que la sentencia quede firme.

Quien de seguro apelará el fallo de la Justicia es el Ministerio de Economía y Finanzas, según lo anunció el propio titular de la cartera, Danilo Astori.

Astori sostuvo ayer tras un foro empresarial que va a "apelar ese fallo" y que confía en que la Justicia "tenga en cuenta la historia que ha tenido este conflicto que es conocida y las intenciones que se tuvieron al aprobar la última ley que es la que está en vigencia".

El ministro sostuvo que estará a la espera de lo que disponga la Justicia.

Tras la asamblea, el dirigente Luis Kelis dijo a El País que esperan que ni el Poder Ejecutivo ni el Judicial apelen el fallo para brindar una buena señal a los trabajadores y evitar, así, que se siga generando deuda.

Kelis dijo que, de apelarse la sentencia, habilitaría al gremio a recurrir el fallo, solicitando que la retroactividad que se les otorgó sea hasta 2011 y no 2012 como consideró la sentencia.

El reclamo de los funcionarios judiciales surgió porque la ley de Presupuesto vigente desde 2011 dispuso un aumento del 26% a los ministros de Estado, el que también incluía a los jueces, actuarios y defensores de oficio. Esa ley debió hacerse extensiva a todos los funcionarios judiciales, dado que los aumentos de estos van "enganchados" con los de los jueces.

Sin embargo, el gobierno de José Mujica, a los pocos meses, dejó sin efecto el aumento a los funcionarios mediante una ley interpretativa que los "desengachaba". Esta fue declarada inconstitucional y al año siguiente el Poder Ejecutivo volvió a "desengancharlos" mediante una ley de Rendición de Cuentas, lo que también fue declarado inconstitucional.

Por otro lado está la Ley 19.310 que otorga a jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio el 8% de aumento . Esta fue aprobada en diciembre pero aún no fue reglamentada.

Los funcionarios judiciales iniciaron ayer un recurso de inconstitucionalidad para dejarla sin efecto.

El diputado del Partido Colorado, Tabaré Viera, presentó un proyecto de ley que establece que la "Suprema Corte de Justicia dispondrá y administrará los fondos líquidos resultantes del impuesto judicial" para el "pago de sentencias de condena y transacciones homologadas judicialmente". Con este dinero la Corte podría hacer frente a los reclamos salariales de sus funcionarios. Según dijeron los funcionarios en asamblea, la propuesta es buena pero no guardan expectativas ya que esto debería ser aprobado por el Parlamento.

Abogados de todo el país manifestaron su preocupación por la situación de parálisis que vive hoy el sistema de Justicia. Colegios y asociaciones de abogados de todo el país concordaron mantenerse en asamblea permanente. Según explicó a El País el presidente del Colegio de Abogados, Eugenio Xavier de Mello, la situación es tan grave que ni los abogados ni sus clientes saben cuándo se podrán resolver los casos.

De Mello dijo que como el conflicto lleva a que los funcionarios decidan qué medida tomar, se llegó al punto de concurrir a una audiencia y que no se tome declaración debido al conflicto.

"La situación se ve agravada por la falta de un criterio preciso y uniforme para que los actuarios valoren las excepciones a las medidas adoptadas y por la actuación de algunos funcionarios que aplican medidas individuales ajenas al marco gremial", explicó el Colegio en un comunicado. Los abogados, expresó, no saben cómo asesorar a sus clientes debido a los cambios.

Funcionarios presentaron ayer un nuevo recurso de inconstitucionalidadGABRIELA CORTIZAS