Policías revisarán e interrogarán a visitantes a los edificios.

Falsas procuradoras que deambulan por los pasillos de los juzgados penales y brindan datos de operadores judiciales y de testigos a familiares de acusados. Abogadas que muestran una relación poco profesional con los detenidos durante las audiencias y filtran informaciones confidenciales del expediente. Indagados que se encuentran en el carcelaje y ven pasar a pocos metros a jueces y fiscales que trabajan en sus causas. Entornos de los juzgados de la Ciudad Vieja poco seguros en horas nocturnas. Parientes directos de acusados que llegan hasta las oficinas de los jueces penales o hasta la baranda para increparles por haber enviado a prisión a uno de sus hijos.

Estas son algunas deficiencias de seguridad que observaron operadores judiciales sobre el funcionamiento de las sedes judiciales. Esta situación de inseguridad se suma a dos incidentes ocurridos en menos de diez días donde dos jueces y dos fiscales penales padecieron situaciones de riesgo. En el Acuerdo de ayer, la Suprema Corte de Justicia aprobó una resolución que eleva los niveles de protección en los ingresos de los juzgados penales.

Fuentes judiciales dijeron a El País que, en cada edificio, la Policía revisará a todas las personas que ingresan al mismo, con excepción de jueces, fiscales, actuarios y funcionarios.

Ello ocurrirá en los edificios judiciales ubicados en las calles Juan Carlos Gómez y Misiones. En el edificio del Centro de Instrucción Criminal (CIC), situado en Bartolomé Mitre y Reconquista, la seguridad es más estricta, reconocieron jerarcas de la Corte.

Las medidas también incluirán interrogatorios de todas aquellas personas que quieran entrar al edificio y estas deberán dejar la cédula en la entrada del mismo. Los ministros de la Suprema Corte también decidieron consultar a los jueces penales sobre qué otras medidas consideran que se deberían implementar para mejorar la seguridad de los edificios.

Operadores judiciales dijeron a El País que, al finalizar sus turnos, debieron salir caminando de noche de los juzgados penales de la Ciudad Vieja hasta una parada de ómnibus sin ninguna protección.

Jueces penales reconocieron a El País que, en ocasiones, prefieren no usar la figura del testigo protegido porque los abogados de los acusados pueden tener acceso a la identidad de los mismos y filtrar sus nombres.

En un reciente y sonado caso policial, una magistrada optó por no llamar a declarar a un familiar directo de una víctima de asesinato por temor a que el acusado —un poderoso narco de la zona del Cerro hoy encarcelado— tomara luego represalias. La mujer, quien tiene tres hijos, dijo a la jueza: "Yo declaro pero si me garantizan mi vida y la de mis hijos". La jueza llamó a un oficial de Policía y le trasmitió: "No cite a esa persona; no podemos garantizarle nada. Ella no debe correr riesgos innecesarios". El oficial obedeció.

En 2016, ocurrieron dos hechos que alarmaron a los operadores judiciales. Un individuo intentó ingresar a una sede penal con un arma. Se especuló, en ese momento, que la persona detenida pretendía agredir a un juez o a un fiscal.

El segundo caso también generó inquietud y corrió como reguero de pólvora en los pasillos de las oficinas de los jueces. Una magistrada procesó con prisión a un poderoso delincuente que opera en la periferia de Montevideo tras una serie de asesinatos que tuvieron gran repercusión pública.

La madre del acusado ingresó al juzgado. Minutos más tarde, logró abordar a la magistrada y se quejó de que había procesado a un inocente y que un menor había confesado ser el autor del crimen que se le había imputado a su hijo.

EDUARDO BARRENECHE

JUSTICIA BAJO AMENAZAEDUARDO BARRENECHE