Nadie quiere pagar el costo político de impulsar una suba de impuestos al sector agropecuario y, en consecuencia, es un hecho que la propuesta de aumentar la Contribución Inmobiliaria Rural para conseguir recursos para que las intendencias hagan obras de caminería interna, va directo a ser retirada del proyecto de Presupuesto.

Aunque la bancada del Frente Amplio no tomó una resolución formal al respecto, varios legisladores anticipan que no están dispuestos a votar esa propuesta si el Partido Nacional tampoco lo hace. "Si ellos lo votan nosotros respaldamos el acuerdo hecho, pero si los que proponen el acuerdo no lo votan nosotros no estamos obligados a hacerlo. Nos llevan la carga diciendo que estamos aumentando impuestos, cuando fue una propuesta de ellos", dijo a El País el diputado frenteamplista Gonzalo Mujica.

En la misma línea opinó el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio). "Personalmente lo que puedo decir es que si los más interesados no lo votan (por el Partido Nacional) yo no encuentro motivos para votarlo. Si los más interesados dicen que no lo quieren votar, no lo votaremos", insistió.

El Congreso Nacional de Intendentes (CNI), presidido por el nacionalista Sergio Botana y donde el Partido Nacional tiene 12 de las 19 sillas, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) acordaron meses atrás que con el restablecimiento de la Contribución Inmobiliaria Rural al sector agropecuario se financiarían las obras de caminería en los departamentos, y así se expresó en el proyecto de ley presupuestal.

Un artículo del Presupuesto elimina una exoneración que data de 2002 al pago de ese tributo. Eso, en los hechos, se convierte en un aumento indirecto de la Contribución Inmobiliaria que pagará el sector de los productores rurales.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, no defendió esta disposición cuando compareció ante el Parlamento para explicar la propuesta presupuestal, y tampoco objetó que por decisión de los legisladores la misma sea retirada. "La verdad es que esto queda en manos del Parlamento y como dueño de la situación resolverá si eso sigue formando parte o no del Presupuesto", dijo el ministro el martes 8 cuando presentó a las comisiones legislativas las características del Presupuesto. Además, aclaró que "no es una propuesta que provenga del Ministerio de Economía y Finanzas ni que la comparta. Esa es la verdad".

Cuando se conoció la iniciativa, los partidos de la oposición coincidieron en que no estaba dispuestos a "subir la presión tributaria sobre el campo".

Sin embargo, la primera opción de los intendentes para hacerse de recursos para caminería era, y hoy sigue siendo, que se les devuelva el importe del cobro del Impuesto al Patrimonio que en 2013 sustituyera al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, dijo Botana a El País.

La derogación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales dio paso a la sanción del proyecto de ley que restituye la aplicación del Impuesto al Patrimonio en el sector agropecuario. La derogación del ICIR fue votada por unanimidad en el Parlamento, pero la creación del nuevo gravamen fue aprobada en 2013 solo con los votos del Frente Amplio.

"El Patrimonio es nuestra primera opción, nuestro mayor interés", subrayó Botana. "En la oferta del Poder Ejecutivo se nos da la mitad a los intendentes, unos $ 450 millones, y la otra mitad queda en la Presidencia", explicó, en referencia a lo que establece el artículo 624 del proyecto presupuestal en el programa "Caminería Departamental" de la unidad ejecutora "Presidencia de la República".

La alternativa a la devolución del Impuesto al Patrimonio es conseguir los recursos mediante la generalización del pago de un 1% a la venta de semovientes para todo el sector agropecuario.

"Y la tercera opción es la de aumentar la Contribución Rural, que es en la que nos pusimos de acuerdo todos los intendentes, de los tres partidos. Ya lo comunicamos a la bancada del Partido Nacional que esas son las opciones. Preferimos que se consigan los recursos sin poner impuestos", aseguró el intendente de Cerro Largo.

En cuanto se conoció la propuesta de subir la Contribución Rural, el senador Luis Lacalle Pou, del movimientos Todos del Partido Nacional, anunció que no acompañará la medida.

"Los intendentes en principio tienen razón (en reclamar recursos) porque el gobierno central les retacea fondos. A priori no compartimos conseguir recursos para las intendencias elevando impuestos. Nuestro sector no va a votar nuevos impuestos porque el agro no resiste más tributos. Los costos han subido y los márgenes han bajado", declaró Lacalle Pou el pasado martes 15 tras reunirse en la Expo Prado con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Ricardo Reilly.

La bancada blanca no ha tratado el tema aún, pero en Alianza Nacional tampoco hay ambiente para votar este aumento del impuesto.

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani cuestionó al Partido Nacional por no refrendar el acuerdo que hicieron los intendentes blancos para aumentar la contribución inmobiliaria rural.

"Mi opinión personal es que no se puede gritar en la pulpería y callar en la comisaría. Sería un oportunismo político desconocer el grado de acuerdo al que llegaron en el Congreso de Intendentes con el gobierno nacional donde se les van a transferir más de $ 13.000 millones por año a los gobiernos departamentales", señaló. Caggiani agregó que sería "muy desatinado" que legisladores del Partido Nacional no apoyaran un acuerdo promovido por sus intendentes.

"Quizás están prevaleciendo posiciones electoralistas, más que posiciones de fondo sobre este tema", subrayó. Consultado sobre si el Frente Amplio votaría el incremento de la contribución rural, Caggiani respondió: "eso es otro tema".

El FA vota si lo hacen los blancos, que ya adelantaron que no lo apoyaránVALERIA GIL / DANIEL ISGLEAS