En 2008 se eligió a una empresa, sin licitación, para construir un stand para la Expo Prado.

Esquivar llamados a licitación" y las adjudicaciones a dedo, siempre a determinadas empresas, fueron algunas de las irregularidades en Ancap que forman parte del elenco de hechos que indaga la Justicia de Crimen Organizado, y que concretamente mencionaba el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, al presentar la denuncia. Si bien todavía no fue denunciado a la Justicia, esa irregularidad se constató en la contratación de la empresa que construyó el stand de Ancap para la Rural del Prado en el año 2008, según documentos a los que accedió El País.

El directorio de Ancap había definido por la resolución 93/2/2008 del 18 de febrero participar de la Expo Prado que se realizaría del 10 al 21 de septiembre de ese año. En esa resolución se establecía un monto de inversión de $ 159.452 (US$ 7.740 al valor dólar del momento). Sin embargo, recién dos días antes de que comenzara la exposición, el 8 de septiembre, la presidencia de Ancap, ocupada por Raúl Sendic, con carácter urgente resolvió realizar el stand, y eligió contratar, sin licitación, a una de las tres empresas a las que se le había pedido presupuesto. El stand terminó costando US$ 45.000.

Entre las tres ofertas que se habían solicitado se optó por la propuesta de la empresa Norton MR ADV SA que tenía un costo de US$ 40.000 más IVA. Se descartaron las otras dos propuestas de las empresas IN Publicidad que cobraba US$ 33.000 más IVA y la de Cámara TBWA que tenía un costo de US$ 45.300 más IVA.

De acuerdo con lo dispuesto por el Tocaf por la cifra que se debía pagar, la contratación debió hacerse por medio de un proceso licitatorio. Sin embargo, Ancap lo realizó por compra directa, en infracción del Ordenamiento Financiero.

Según la documentación, Ancap pagó los US$ 40.000 más IVA a Norton el 10 de septiembre de 2008, dos días después de contratada la empresa, y el mismo día en que comenzaba la exposición.

Además, a ello se sumó un nuevo pago de $ 101.510 (US$ 5.165 al valor del dólar de momento que cotizaba a $ 19,65) más IVA, por la contratación de ocho promotoras, un supervisor y servicio de iluminación. Lo llamativo es que en la resolución inicial por la que se pagaron los US$ 40.000 a Norton, se mencionaba que era la propuesta más completa y contenía "toda la iluminación que el lugar requiera". O sea que la iluminación se pagó dos veces.

A la omisión de llamar a licitación, se suma el dato de cual fue la empresa seleccionada: Norton tiene el mismo domicilio y teléfono que la agencia DDB. Ambas empresas figuran con el domicilio en la calle Echevarriarza 3380. Además, sus directores Ricardo Vairo, director ejecutivo, y Mónica Rámila, directora general de cuentas, figuran también como responsables de Norton en el Registro de Proveedores de Ancap, al que accedió El País. Allí consta que el personal de Norton lo componen dos personas.

Consultado al respecto de este tema, el senador Mieres dijo que esta contratación no fue incluida en su denuncia penal porque si bien preguntó durante el transcurso de la comisión investigadora, las respuestas que obtuvo no le permitieron avanzar.

Según las actas parlamentarias, Mieres preguntó a Vairo el 16 de diciembre de 2015, cuando compareció ante la comisión investigadora, sobre "la presentación de Norton para hacerse cargo de la construcción de un stand en Expo Prado 2008". Vairo respondió: "Es probable porque Norton trabajaba mucho el área de promociones y eventos".

A continuación consultó "a cargo de quién estuvo esa presentación dentro del equipo de trabajo". Vairo afirmó que "Norton fue una empresa que se armó lateral a DDB".

El empresario dijo no recordar cuánto se le cobró a Ancap, pero señaló que US$ 40.000 era un monto "hasta bajo", tratándose de un stand en la Rural del Prado. Cuando se le preguntó si sabía que se había designado por adjudicación directa respondió que "no". Mieres también quiso saber si Pablo Álvarez, el director de la agencia La Diez, formaba parte de Norton y Vairo respondió que no.

En el momento en que Norton fue contratada para la instalación del stand, Álvarez era socio de DDB. El publicista trabajó como director creativo de la empresa DDB en una campaña para Alur, presidida entonces por senador de la Lista 711, Leonardo De León. Ambos tenían una amistad personal ya que años antes jugaron juntos al fútbol en Limburgo, un equipo de la Liga Universitaria.

Según declaró en la investigadora parlamentaria, el gerente de Relaciones Institucionales y Comunidad de Ancap, Pablo Bernengo, La Diez Publicidad comenzó su actividad en marzo de 2009. En 2011, ganó la licitación para hacerse cargo de la cuenta de Ancap. La adjudicación fue objetada en su momento por el Tribunal de Cuentas y forma parte de las denuncias que hizo la oposición y que son investigadas por la Justicia (ver recuadro inferior).

Con respecto a quién ordenó el gasto de la instalación del stand de la Rural y otros stands en ferias internacionales, Bernengo declaró en el Senado que el gasto de cada una de las actividades "lo aprobaba el presidente de Ancap". "Salvo en los niveles en los que como ordenador del Estado manejo y puedo autorizar determinados montos —es obvio que no se va a reunir el directorio para decidir la compra de lapiceras con el logo de Ancap—, yo no ejecuto ni mando", afirmó.

Jorge Pérez, el contador delegado del Tribunal de Cuentas en Ancap, que fue sumariado para "callarlo", según un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sigue esperando que Ancap le comunique su restitución al cargo. Un mes después de la sentencia del TCA, el 30 de septiembre, el directorio de Ancap decidió eliminar la sanción, y devolverle los 15 días de sueldo que le quitaron por la sanción. Una semana después, el directorio dio la orden a Recursos Humanos de restituirlo al cargo. Sin embargo, ya ha pasado un mes de esta última resolución y, según supo El País, Pérez no ha tenido noticias del reintegro al cargo ni se ha efectivizado el pago del medio sueldo que se le adeuda. El contador presentó el 14 de octubre un pedido de acceso a la información pública para saber qué medidas se tomaron para reincorporarlo al ente. El organismo le informó esta semana que hará uso de la prórroga de 20 días.

ANCAPGATE SUMA OTRA IRREGULARIDAD