En cuatro horas autoridades del Ejecutivo dejaron en evidencia, al menos en las declaraciones, la asimetría de información que tienen sobre el comportamiento de los refugiados en Uruguay y las sospechas de violencia doméstica que el presidente José Mujica ya había esbozado en diciembre.

El presidente José Mujica ya había dejado entrever en diciembre que la llegada del segundo contingente de sirios no era segura debido a las barreras culturales que había y que estaban vinculadas a hechos de violencia doméstica.

"No creo que vengan muchos, tenemos muchas barreras culturales. Si vinieran mujeres y niños sería encantador. Pero los hombres tienen algunas costumbres que nuestra tradición y nuestro sistema de derecho no… Hacen demasiadas cosas como hacían nuestros bisabuelos, ¿me entendió?", dijo.

Sin embargo, ninguno de los involucrados en la vida diaria de los refugiados confirmó en ese momento a El País que se hubiesen dado casos de violencia doméstica.

Semanas atrás, a tres meses de instaladas en Uruguay, El País obtuvo información de que algunas de las cinco familias de refugiados sirios presentaban problemas de adaptación. Fuentes consultadas indicaron que en Los Maristas —hogar que compartieron las cinco familias sirias las primeras semanas— la convivencia se había deteriorado porque las familias, por razones culturales, no se llevaban entre sí, aspecto que no fue previsto a la hora de las entrevistas preliminares que se realizaron previamente en Líbano para seleccionar candidatos.

Hoy El Observador dio cuenta de un caso en particular concreto de violencia doméstica. El diario consignó la golpiza que un refugiado sirio en Uruguay le habría dado a su mujer ante la presencia de un hermano de la casa de Los Maristas en la que se alojaron en las primeras semanas de estadía en el país.

El caso particular desató rápidamente una serie de declaraciones contradictorias de parte de autoridades del gobierno. Algunos no sabían y otros dieron evidencias de que estaban al tanto.

Primero fue el Canciller Luis Almagro quien esta mañana dijo a El Espectador desconocer si existe violencia doméstica o no y por tanto anunció que pidió un informe sobre el comportamiento que han mantenido en el país.

Tras el Consejo de Ministros el prosecretario Diego Cánepa dijo que "no constan denuncias directas ni de vecinos” que dejen constancia al respecto en comisarías barriales sobre ningún caso de violencia doméstica y señaló que "las familias se encuentran con un equipo de asistentes sociales y psicólogos y desde el comienzo se especificó las reglas culturales de nuestro país y que la violencia doméstica en Uruguay es delito y al respecto existe tolerancia cero".

Hasta ese momento Almagro y Cánepa parecían tener información diferente a la del presidente Mujica. Pero fue la senadora Lucía Topolansky quien dejó en claro las asimetrías de datos, al menos a la hora de hacer declaraciones. Entrevistada por El Observador dijo hoy: “Yo sabía que había algunos problemas, las familias tienen un potencial masculino muy fuerte y la mujer se siente muy desamparada”.

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