El Poder Ejecutivo otorgó una partida de $ 246 millones a repartir entre todos los funcionarios judiciales.
El Poder Ejecutivo anunció ayer que otorgará una partida de $ 246 millones (unos US$ 8,5 millones) para distribuir entre los funcionarios judiciales, lo que supone unos $ 50.000 para cada uno. Con esto busca ponerle punto finar al conflicto salarial con el Poder Judicial.
Lo que hará el Poder Ejecutivo es reglamentar el artículo 3° de la ley 19.310 de enero de 2015 que concedió una partida de $ 246 millones para los casi 4.900 funcionarios judiciales. Ahora la puja comienza a ser interna para ver cómo se instrumentará la distribución de ese dinero entre los funcionarios.
Los magistrados, que actualmente son unos 500, y que tienen los sueldos más altos dentro del Poder Judicial, quieren que el aumento se fije en función de un porcentaje (8%) del sueldo.
De esta forma, aquellos que cobran más dinero, obtendrán partidas mayores a diferencia de los que cobran menos sueldo. Los salarios más bajos en el Poder Judicial están en los $ 14.000.
En tanto, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) que nuclea a la gran mayoría de los trabajadores, opta porque las partidas sean discutidas y repartidas dependiendo de las necesidades o de las inequidades salariales dentro del Poder Judicial.
En tanto, la retribución estará por fuera del Presupuesto Nacional que se está votando desde el lunes en el Senado y habrá una negociación paralela entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y los funcionarios judiciales para decidir de qué modo se distribuirá el dinero.
Ayer, el secretario de Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, dijo en conferencia de prensa que "tenemos que tener en cuenta que la ley facultó al Poder Ejecutivo, no es un mandato imperativo sino que era una facultad que el Poder Ejecutivo honrando el compromiso asumido cumple poniendo entonces en juego el proceso de reglamentación de la ley."
Negociación.
A primera hora de la tarde de ayer comenzaron los movimientos del Poder Ejecutivo para poder destrabar el conflicto de los judiciales. El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, se reunió con Toma, con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro y con asesores del Ministerio de Economía. Allí los funcionarios le comunicaron los pasos que seguirían y la disposición del gobierno para "poder sacar esto adelante", indicaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo.
Luego el ministro Murro convocó a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) a una reunión con carácter de urgente en su despacho.
La reunión entre el ministro y los trabajadores duró poco más de media hora. Al terminar, Carlos Fessler, presidente de la asociación de funcionarios judiciales, dijo a El País que la reunión había sido "muy satisfactoria".
Efectivamente, minutos después, el ministro Ernesto Murro ratificó la propuesta y aseguró que el próximo martes 8 a las 15 horas será la primera instancia de discusión para decidir cómo se distribuirá la partida de 246 millones de pesos.
Limitaciones para acceder a fármacos de alto costo.
Con votos del Frente Amplio y protestas de los partidos de la oposición, el Senado aprobó tres ar-tículos en el Presupuesto por los que se limita a pacientes del sistema de salud pública el acceso a medicamentos de alto costo. Cuando un usuario reclama un medicamento que no está en el Formulario Terapéutico de Medicamentos debe primero presentar un recurso ante el Fondo Nacional de Recursos y si tampoco lo logra debe acudir directamente contra el MSP. Estos tres artículos, según pacientes, abogados y constitucionalistas, limitan el acceso a medicamentos caros.
La ausencia presupuestal de recursos para los organismos de contralor fue uno de los centros de la discusión del Senado. Ni el Tribunal de Cuentas, ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ni la Corte Electoral, ni la Junta Anticorrupción y el Poder Judicial recibirán partidas nuevas a partir de 2016.
El nacionalista Jorge Larrañaga dijo que el Tribunal de Cuentas tiene "un presupuesto famélico, de hambruna".
El oficialista Ernesto Agazzi dijo que el Tribunal de Cuentas "no ha sido penalizado" en este Presupuesto, y que ha habido "otras prioridades".
Larrañaga anuncia interpelación en marzo.
Cuando el Senado analizó el capítulo del Presupuesto referido a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el senador blanco Jorge Larrañaga anunció que en marzo de 2016, una vez que se inicien las clases, interpelará a la ministra María Julia Muñoz por la situación educativa, las metas, el presupuesto asignado y, en particular, por no alcanzarse un mínimo razonable de días de clase en el presente año lectivo. Su planteo no fue respondido por la bancada del Frente Amplio.
El proyecto de Presupuesto, aprobado en la madrugada, supone un incremento de US$ 470 millones en los próximos dos años. El 39% de los recursos fueron asignados a la educación pública, que en 2017 contará con el 5% del PBI, proyectándose para el final del período de gobierno llegar al 6%. Cuando el Presupuesto se analizó en Diputados, la bancada del Frente Amplio acordó una redistribución de $ 500 millones por año, de los cuales $ 275 millones se destinarán a la ANEP, $ 100 millones a la Universidad de la República y el resto en áreas que el Ejecutivo no había tenido en cuenta. Para redistribuir estos recursos, se le quitaron $ 200 millones al Sistema Nacional de Cuidados.
Ahora la puja será interna para ver cómo se instrumentará la distribuciónDIEGO PÍRIZ
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