BANCA DE ANDORRA

El conflicto entre Casal y la DGI que motivó el supuesto "favor" del subsecretario de Macri

El empresario mantuvo un litigio de 11 años que culminó cuando el entonces presidente José Mujica le perdonó una deuda millonaria.

Francisco Casal. Foto: Marcelo Bonjour.
Francisco Casal. Foto: Marcelo Bonjour.

Francisco Casal es una de las figuras más polémicas y mediáticas del Uruguay de los últimos 20 años. Su trabajo como representante de futbolistas, el rol de Tenfield en el fútbol uruguayo y los constantes conflictos en torno a los derechos de televisión de las transmisiones deportivas han acaparado los medios de prensa.

Pero la figura de Casal no aparece solamente vinculada al fútbol: durante una década, este empresario nacido en San Pablo (Brasil), que cumplirá 60 años en pocos días, protagonizó un conflicto con la Dirección General Impositiva (DGI) que finalizó con el perdón presidencial de una deuda millonaria.

Esta mañana, El País de Madrid informó que Valentín Díaz Gilligan, el subsecretario de Mauricio Macri en la presidencia argentina, ocultó 1,2 millones de dólares en un banco en Andorra de su declaración jurada y argumentó que lo hizo para hacerle un favor a Casal.

“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco (DGI) que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, dijo Díaz Gilligan a El País de Madrid. “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”, añadió.

El enfrentamiento con la DGI

En 2002, a DGI denunció que Casal había evadido el impuesto a la Renta y el Patrimonio por las ventas de futbolistas que representaba por un valor cercano a los 9 millones de dólares. Al mismo tiempo, el organismo presentó una denuncia penal contra el empresario por presunta defraudación tributaria, similar a la que anteriormente había presentado el periodista Ricardo Gabito. Ambas fueron rechazadas por el Poder Judicial.

En febrero de 2008, dos inspectores de la DGI visitaron el edificio de Tenfield en la calle Divina Comedia, asegurando estar "en nombre y
representación" de Nelson Hernández, director de Impositiva en ese momento. Allí se reunieron con Casal y Nelson Gutiérrez, con el objetivo de llegar a una "solución" para saldar la deuda.

Allí advirtieron que si no se llegaba a un acuerdo, empezarían a labrar actas y en lugar de US$ 9 millones la deuda pasaría a US$ 18 millones, y de ahí podría ser de US$ 36 millones, pudiendo llegar hasta los US$ 100 millones.

Ese año, el Poder Judicial embargó los bienes del empresario y de ocho socios por US$25 millones a pedido de la DGI, que luego fijó la deuda en US$ 104 millones.

En noviembre 2011, el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, redujo el monto de la deuda de Casal de US$ 104 millones a US$ 10 millones, por la presunta evasión del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (ICIR) y del Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE). Además, redujo el plazo de prescripción de 10 a cinco años.

Florentino Pérez, José Mujica y Casal en Madrid. Foto: Prensa Real Madrid.
Florentino Pérez, José Mujica y Casal en Madrid. Foto: Prensa Real Madrid.

Lo que no sabían los inspectores que se presentaron en el edificio de Tenfield era que Casal había filmado la conversación, que posteriormente fue presentada como posible método de "presión" hacia el empresario, siendo aceptada como prueba ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) cuando el contratista inició una acción de nulidad.

El panorama comenzó a cambiar para el empresario a partir del momento en el que quienes fueron fiscales de gobierno, Daniel Borrelli y Miguel Toma (actual secretario de Presidencia de Tabaré Vázquez), señalaron que el procedimiento de la DGI había tenido una "inocultable desviación" que "es fruto de impulsos al parecer orientados a otra finalidad que la de ejercer las atribuciones acordadas por el Código Tributario". Borrelli, además, sostuvo la teoría de los asesores legales del empresario, quienes en todo momento afirmaron que este no debía dinero al Estado.

Posteriormente, la fiscal Dora Domenech pidió que la causa se archivara, ya que entendía que no se podía probar que Casal no hubiera evadido impuestos de forma intencional.

Ante la amenaza en 2013 de Casal de demandar al Estado en US$ 300 millones por daños y perjuicios, el entonces presidente José Mujica decidió perdonarle la deuda, lo que lo llevó a enfrentarse con quienes eran su vicepresidente y su ministro de Economía, Danilo Astori y Lorenzo.

Según informó El Observador en 2016, Mujica mantuvo previamente una reunión con Astori, Lorenzo, el entonces secretario presidencial Homero Guerrero y Miguel Toma, en la que comunicó que ordenaría que se deje sin efecto el embargo a Casal. "Antes de firmar eso, me voy. Esto es apocalíptico para la DGI y todo por Casal, que es un hijo de puta", criticó Lorenzo, según consignó el diario.

Mujica se vio involucrado posteriormente en los movimientos políticos que desembocaron en la renuncia de Sebastián Bauzá a la presidencia de la AUF.

Bauzá, se vio forzado a renunciar previo al Mundial de 2014, en medio de una polémica sobre la seguridad en el deporte y tras perder el apoyo de varios clubes. En el libro "Figueredo: a la sombra del poder", de los periodistas Emiliano Zecca y Diego Muñoz, se recogen declaraciones del exministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, quien fue desplazado de su cargo en 2012 en medio de una polémica con Tenfield. El hoy embajador uruguayo en Argentina dijo para el libro que en el caso de Bauzá "hubo responsabilidad de carácter político".

La salida de Bauzá se produjo pocos días después de una reunión en la Torre Ejecutiva con Mujica, de la que también participaron el entonces presidente de Nacional, Eduardo Ache, y el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani.

En una entrevista con El Observador publicada en julio de 2016, el expresidente del Club Nacional de Football, Ricardo Alarcón, recordó una reunión mantenida en 2011 de la que participaron autoridades de Tenfield, Mujica, Eduardo Bonomi y los presidente de Nacional y Peñarol. “Hasta el gobierno presionó a Nacional y a Peñarol en su momento para que no estuviéramos en contra de la firma de los derechos", dijo sobre esa reunión. "Fue una reunión en la que no se nos dijo: 'firmen'. Hay otro refrán que dice 'a buen entendedor pocas palabras bastan'", añadió.

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