Paraguay no firma declaración de la Unasur que hizo circular Uruguay.

Al presidente Tabaré Vázquez no le será fácil acordar una declaración entre los países de la región en apoyo al gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff.

La semana pasada Vázquez, en su condición de presidente pro témpore de la Unasur, promovió una declaración en apoyo a Rousseff que hizo circular entre los países del bloque. Pero ayer miércoles Paraguay, a través de su vicecanciller Óscar Cabello, anunció que no suscribirá la declaración.

"No intervenimos en los asuntos internos de los países", dijo Cabello. "Paraguay no cree conveniente que se saque ningún tipo de pronunciamiento ni a favor ni contra de nadie. Nos ajustamos al respeto de la soberanía de los países. No apoyamos ese tipo de comunicados", agregó en Asunción.

La movida de Vázquez en busca de apoyos en la región para el tambaleante gobierno de Rousseff había recibido el apoyo del Frente Amplio —que volvió a apuntar contra los medios de comunicación, en este caso de Brasil, acusándolos de desestabilizar las instituciones—, pero fue criticada por los líderes de la oposición, que reclamaron que se deje actuar al Parlamento y a la Justicia.

El jueves 17, en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, el canciller Rodolfo Nin Novoa señaló que el gobierno se encontraba "metido hasta el caracú" en las negociaciones para acordar una declaración a favor de Rousseff.

Ese día Vázquez y Nin Novoa ajustaron una declaración en la que hacían un llamado "a las fuerzas del orden" y a "todas las instituciones constitucionales" de Brasil "a respaldar al gobierno legítimo" de Rousseff y la "voluntad popular expresada en las urnas". Nin Novoa dijo a la salida de la comisión del Senado que tenía información de "acuartelamiento" de tropas.

El viernes 18 la Cancillería divulgó una declaración en la que señalaba que el gobierno uruguayo es "fiel defensor del principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados", "respetuoso del Estado de Derecho y los valores democráticos", y expresaba el deseo de que los problemas en Brasil se resuelvan "en el marco del régimen democrático, a través del diálogo y el fortalecimiento de las instituciones".

Ese viernes, la canciller de Argentina, Susana Malcorra, se pronunció sobre la situación en Brasil en el mismo sentido en que lo hizo ayer el vicecanciller paraguayo.

Malcorra dijo que ve con "preocupación" la crisis política en Brasil y pidió que esta se resuelva dentro de un marco de respeto a las instituciones de la democracia.

"Creemos que hay que ser muy cuidadosos en esto, hay que ser muy prudentes", dijo la ministra argentina.

"Lo que sí deseamos, y estamos hablando de esto con nuestros colegas en el Mercosur, es que lo que ocurre en Brasil se resuelva dentro del marco de la democracia, con respeto a las instituciones y a través de un esquema de apertura de diálogo que hoy no existe", afirmó Malcorra.

La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, también manifestó su preocupación por la situación en Brasil, y sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri espera que la situación "se resuelva dentro de las instituciones que la Constitución brasileña prevé".

El embajador uruguayo en Buenos Aires, Héctor Lescano, dijo a El País que una vez que el presidente Barack Obama termine su visita a Argentina, se retomarán los conversaciones con el gobierno de Macri sobre la crisis en Brasil.

Otro pronunciamiento importante de la semana pasada fue el del excanciller Luis Almagro (ex MPP), actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y lo hizo más en línea con la oposición uruguaya que con el gobierno. Almagro pidió asegurar la estabilidad en Brasil, pero también continuar con la operación "Lava Jato" que investiga una red de lavado de dinero en la que está implicado el expresidente Lula.

El viernes 18 también se pronunció la Mesa Política del Frente Amplio, que acusó al juez que investiga a Lula de violar "los principios constitucionales" y cargó la culpa de la crisis en Brasil a los medios de comunicación de ese país.

Además de la Mesa Política de la coalición de izquierda, el MPP, el Partido Socialista y Casa Grande emitieron declaraciones de respaldo a Rousseff que coincidentemente responsabilizan a los medios y la Justicia de la crisis política en Brasil.

Desde la oposición, los líderes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente coincidieron en que la Justicia brasileña debe ser quien resuelva la situación tanto de Lula como de Rousseff, a la vez que cuestionaron la posición adoptada por el gobierno que encabeza Vázquez.

Pablo Mieres, del Partido Independiente, señaló como "grave error" del gobierno el "posicionamiento de Vázquez con respecto a la situación en Brasil". Para Mieres, el recurso del impeachment (juicio político) a Rousseff "es constitucional y la investigación judicial también".

Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos del Partido Nacional, aseguró que el respaldo de la Unasur a Rousseff no representa su sentir. "Esta declaración de apoyo no tiene una amplia base política ni social", señaló en Twitter. Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, inmediatamente lo apoyó.

Los líderes del Partido Colorado también se alinearon con esa posición. Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) indicó que la declaración de la Unasur "debería ser de apoyo a la institucionalidad de Brasil", y José Amorín manifestó que la Unasur "debe defender la República en Brasil", y "no debe inmiscuirse en lo que la Justicia decida sobre Lula y Dilma".

El expresidente José Mujica dijo ayer que solo falta que a la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, "la cuelguen de un farol", en relación al trámite iniciado por el Congreso brasileño para un posible juicio político con miras a su destitución. "Hay una formidable campaña contra el gobierno de Dilma", que abrió "las investigaciones más profundas anticorrupción de la historia de Brasil (...) y sin embargo (solo) falta que a esta mujer la cuelguen de un farol", expresó Mujica en su audición en M24. El exmandatario agregó que para derribar a Rousseff "hay un impulso denodado de algunos legisladores, que tienen tres, cuatro y cinco causas pendientes con la Justicia por corrupción". La Cámara de Diputados de Brasil inició el trámite para un eventual juicio con miras a la destitución de Rousseff, acusada de cometer unas supuestas irregularidades en el gobierno.

EFECTO EN LA REGIÓN DE LA CRISIS EN BRASIL