Con la promesa de avanzar en lo que hasta ahora no se pudo para esclarecer los delitos cometidos durante la dictadura, y con el objetivo de demostrar que se le dará preponderancia al tema, el presidente electo Tabaré Vázquez presentó la Comisión por Verdad y Justicia. 

Sin embargo, esa comisión genera escepticismo en actores que han trabajado en el tema derechos humanos por considerar que el resultado puede ser en "un entierro de lujo" de las indagatorias.

"Falta información y en algún lado está. No hay que bajar los brazos", aseguró Vázquez al presentar ayer la comisión en conferencia de prensa. El grupo que quedará oficializado el 1º de marzo, estará integrada por los legisladores Macarena Gelman y Felipe Michelini; Emilia Carlevaro como representante de la organización Familiares; Susana Andrade como representante de la colectividad afrodescendiente; Ademar Olivera por la Iglesia Metodista, Mario Cayota en representación de la Iglesia Católica; y Pedro Schotsky, por la comunidad judía.

Según anunció Vázquez, el trabajo de la comisión comenzará por relevar la información en los organismos estatales. El futuro prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que se digitalizará toda la información existente.

Aclaró que se cuenta con mucha información dispersa sobre la que se va a trabajar. También confirmó que habrá un "seguimiento del cumplimiento de las sentencias contra el Estado y del cumplimiento de las leyes reparatorias para las víctimas".

Sin embargo, entre quienes han trabajado por esclarecer los hechos del pasado reciente surge reticencia a la tarea de esta comisión. El abogado Federico Álvarez Petraglia, dijo a El País que se debería poner el énfasis en la Justicia, en que los jueces y fiscales que tienen a su cargo las causas y son quienes deben investigar, puedan trabajar de manera coordinada, más que en crear comisiones.

En la misma línea, el abogado denunciante de varias causas y senador suplente del Partido Comunista, Óscar López Goldaracena, opinó que "una comisión no puede jamás sustituir al Poder Judicial. Estamos de acuerdo en que se busque mecanismos de investigación pero tienen que ser profesionalizados".

"Se trata de interrogar a una banda de desaparecedores, no lo puede hacer cualquiera. Este tipo de comisiones pueden aportar donde la Justicia no ha funcionado, como ocurrió en Chile, pero en Uruguay no. Lo que hay que hacer es darle libertad a la Justicia", aseguró. Añadió que la mayor preocupación está en la "actitud conservadora de la SCJ". "Esto puede ser un entierro de lujo para los temas de derechos humanos", concluyó.

El secretario de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Edgardo Oyenart, también expresó su molestia por la conformación de la comisión y por que se le otorgue peso a organizaciones sociales que "claramente no han estado en primera fila en la lucha de todos estos años por verdad y justicia", declaró ayer a la diaria. Agregó además que se trata de "una nueva Comisión para la Paz" y por eso señaló: "la historia nos dio la razón y quedó demostrado que aquellos era un mero engaño".

En respuesta a esa crítica, Vázquez destacó al Pit-Cnt y a Crysol entre los "grupos que trabajaron" en la búsqueda de Verdad y Justicia pero aclaró que no los convocó porque utilizó un criterio de "ejecutividad". Aseguró que se buscó tener un grupo de trabajo "relativamente reducido a efectos de que con ejecutividad pudiera avanzar y tener mayor desarrollo del tema", sostuvo.

Por su parte, el presidente de Crysol Gastón Grisoni celebró el hecho de que antes de que asuma el nuevo gobierno se presente a la comisión pero también enfatizó que "la Justicia es la que tiene el cometido específico de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables". "Falta información porque la que tiene que dar avances es la Justicia", dijo.

Si bien participará de la comisión, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reclamó una "actitud gubernamental firme" que no tolere discursos que "desdigan" la búsqueda de la verdad y las políticas de derechos humanos. En un comunicado de prensa, la organización reiteró su rechazo y "honda preocupación" por la permanencia en el cargo del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.

También cuestionó las declaraciones del comandante en Jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, sobre la dificultad que existe para conseguir nuevos datos sobre los desaparecidos de la última dictadura militar y la necesidad de "dar vuelta la página".

Solicitó que no se esgrima "la existencia de un pacto de silencio como obstáculo insalvable desde el poder civil".

Gobierno de Julio Sanguinetti (1985-1990)

Con la aprobación de la ley de Caducidad (15.848) en diciembre de 1985, que tuvo el apoyo de blancos y colorados, se cerró la posibilidad de que la Justicia investigara las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Si bien se presentaron numerosas denuncias ante la Justicia, los jueces debían remitir esas causas al Poder Ejecutivo, y la respuesta siempre era la misma: la Justicia está impedida de actuar porque el caso está amparado por la Caducidad.

Gobierno de Luis Lacalle (1990-1995)

Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura entró en un impasse. En ese período, no hubo denuncias contra militares por lo que ningún juez remitió expedientes al Ejecutivo ni el presidente tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el tema.

Segundo Gobierno de Sanguinetti (1995-2000)

El 16 de abril de 1989, la "ley de caducidad" fue puesta a consideración de la ciudadanía por medio de un referéndum, en el que se elegía entre el voto verde y el voto amarillo. Sin embargo, logró el apoyo del 54,44% de los electores. Un 42,42% votó en contra de la norma. Con ese resultado se mantuvo la decisión de que todas las causas por violación a los derechos humanos en dictadura fueron declaradas dentro de esa ley, lo que impidió juzgar a los militares denunciados.

Gobierno de Jorge Batlle (2000-2005)

El presidente Jorge Batlle instaló la Comisión para la Paz para conocer el destino de los desaparecidos durante la dictadura. Estaba integrada por Gonzalo Fernández, Carlos Ramela, el entonces arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, José Williman, el sacerdote Luis Pérez Aguirre y el histórico dirigente sindical José DElia. Se identifica y ubica a Macarena Gelman. El excanciller Juan Carlos Blanco fue el primer procesado, en su caso por la desaparición de Elena Quinteros.

Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010)

En su discurso del 1º de marzo Vázquez anunció que respetando la ley de caducidad, ingresará a los cuarteles en busca de restos de desaparecidos. En 2006 un equipo de antropólogos encuentra los restos de Ubagesner Chaves Sosa y de Fernando Miranda. Van a prisión seis militares retirados y dos expolicías, seguidos de los exdictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de caducidad.

Gobierno de José Mujica (2010-2015)

En 2011 el Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual declaró que todos las denuncias de la dictadura quedan afuera de la ley de Caducidad. El Parlamento aprobó con los votos de FA una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Aparecieron los restos del maestro de Julio Castro en el Batallón 14, pero luego se detienen las tareas y se deja de excavar. En 2013 la Suprema Corte declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley interpretativa de la Caducidad.

La suprema corte fijará posición

El caso Perrini será emblemático para el futuro de las causas judiciales. Luego de que un tribunal de apelaciones ratificara la decisión de la jueza Beatriz Larrieu de continuar investigando y citar al militar Pedro Barneix, el caso fue apelado. La Corte definirá si la muerte de Aldo Perrini prescribió o, como sostuvo la jueza, mientras estuvo vigente la ley de Caducidad no se pudo computar el plazo de prescripción.

Citaron a jueces y fiscales de la época

La jueza Julia Staricco deberá decidir si hace lugar al pedido del fiscal Carlos Negro de procesar al militar (r) Asencio Lucero, y toma declaración a jueces y fiscales que trabajaron entre 1972 y 1980. Lucero reconoció la aplicación de torturas y vejaciones a mujeres durante la dictadura y afirmó que los detenidos eran enviados por la Justicia al Regimiento de Caballería N° 9. La causa fue iniciada en 2011 por 26 ex presas políticas.

Justicia investiga 164 denuncias

Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, que realiza un seguimiento de las causas judiciales, hay 164 en etapa de presumario en los que aún no ha habido militares procesados. Otras diez causas se encuentran en etapa de sumario, es decir que la Justicia ha dictado procesamientos y van camino a tener sentencia definitiva. En tanto, siete se acumularon con otras causas que estaban en trámite. A su vez, 68 expedientes han sido archivados por la Justicia, ya sea por falta de pruebas, porque se entendió que los delitos prescribieron o porque no se halló a los responsables.

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