El Ministerio del Interior, el Parlamento, el Poder Judicial y la Fiscalía firmaron ayer un acuerdo para la conformación de una comisión que se encargará de dar los pasos para una efectiva aplicación del Código de Proceso Penal que regirá a partir de julio 2017.

La comisión funcionará en la órbita de la Secretaría de Presidencia durante un año con posibilidad de extenderlo a dos y será financiada por Presidencia, dijo el ministro Eduardo Bonomi.

El fiscal Jorge Díaz, sostuvo que la comisión es "imprescindible" porque "cada institución tiene que hacer reformas paralelas a la interna de cada organismo". Díaz dijo que hay aspectos "normativos" que hay que revisar y corregir por lo que "en breve" se enviará al Parlamento un conjunto de medidas.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, acotó que la comisión demuestra que "están todos alineados" para que el nuevo código se implemente el próximo año y anunció que va a haber "campañas informando a la población qué implica el nuevo código". "Nos vamos a tener que adaptar para poder prestar todos los servicios de la menor manera para que los ciudadanos tengan el mayor nivel de garantías", concluyó.

ACUERDO