El juez de 18° Turno, Huberto Álvarez investiga múltiples casos de "peajes" (pago de dinero a cambio de seguridad") ocurridos adentro del Comcar. Las víctimas son 20 presos y sus familiares, quienes depositaban entre $ 1.000 y $ 10.000 en redes de cobranzas a nombre del testaferro del cabecilla de la organización, que también se encontraba en prisión.

Según fuentes del caso, los familiares realizaron más de 50 depósitos para garantizar la seguridad de presos en el penal de Comcar.

En la sede del juez Álvarez, el cabecilla de la organización dijo que no cobraba "peajes" a sus compañeros de reclusión, sino que los pagos que recibían sus allegados eran por las ventas de drogas adentro del establecimiento penitenciario. Es decir, el cabecilla de la banda sabía que si era procesado por tráfico de drogas tendría una pena menor que la del delito de extorsión.

El fiscal penal Gustavo Zubía solicitó el procesamiento con prisión del cabecilla de la banda por un delito de extorsión.

La investigación, que fue iniciada por el Departamento de Análisis e Investigación Penitenciaria (DIAP), contó con poco testimonios. Muchos familiares de presos, que sufrían el "peaje", tenían miedo a denunciar para evitar que éstos sufrieran represalias dentro del Comcar. En casi todos los juzgados penales hay investigaciones sobre "peajes" en cárceles.

La semana pasada, mientras se efectuaban las indagatorias de este caso, un familiar del cabecilla se encontraba dentro de un auto rojo estacionado frente al juzgado. Mostrando un revólver trató de intimidar a una testigo, pero este no se inmutó y lo denunció. "Otros testigos no van a declarar porque saben que los presos denunciados salen al poco tiempo de la cárcel", dijo una fuente del caso a El País. En ocasiones, los testigos solicitan copias en los juzgados de sus declaraciones. Los operadores judiciales saben que muestran esas copias a delincuentes para probarles que no los han delatado.

El cobro del “peaje” es investigado por casi todos los jueces