Jacqueline Gómez es ingeniera agrónoma y está al frente del instituto que maneja las políticas de asignación de tierras del Estado, quien es el mayor tenedor de hectáreas del país.

Gómez dice que mediante los campos se busca promover la producción familiar y el desarrollo de localidades, y afirma que esto implicó un cambio respecto de los gobiernos blancos y colorados. Este año prevé invertir al menos US$ 28 millones en tierra y estima que bajarán los precios.

—El Estado es el mayor terrateniente en Uruguay con más de 600.000 hectáreas ¿Cuál es la justificación?

—Es el patrimonio del Estado. El Instituto tiene dos formas de vinculación con los colonos: una con contratos de arrendamiento en que se mantiene la propiedad en manos del Estado y que abarca 400.000 hectáreas, y la otra es en propiedad de los colonos, que al estar afectados a la ley tienen ciertas limitaciones sobre las acciones que pueden llevar a cabo, por ejemplo, no pueden hipotecar o vender sin autorización del instituto. A través del Instituto lo que se busca es hacer una política de inclusión de los sectores más vulnerables del medio rural y tener una herramienta de trabajo para el desarrollo del lugar y la consolidación de los productores familiares. Es importante entender que las políticas no solo están vinculadas al acceso a la tierra sino al acceso a la vivienda, mejora de productividad, que llegue la luz, el agua potable. Tiene que ver con lo social, lo productivo y lo económico. Lo que hay que entender es que la propiedad de la tierra es una forma importante de mantener un patrimonio, y en la medida que genera una buena producción es una inversión que cualquier empresario capitalista realiza.

—¿Todo es trabajado?

—Las tierras del Instituto son para producir y no de subsistencia. Hay colonos que son ejemplo de productividad en la lechería, en ovinos, incluso en rendimiento de productos agroindustriales como la caña de azúcar. Hoy las únicas que no están adjudicadas son 9.000 hectáreas que en breve entrarán en un proceso de definición de qué rubros se van a llevar adelante y qué características tienen que tener los productores que se postulen. También hay campos con pastoreo a la espera de adjudicarse.

—Antes de vender un campo de más de 500 hectáreas hay que ofrecerlo antes a Colonización y se propone bajarlo a 200 hectáreas con índice Coneat 100. ¿Cuál es el criterio para querer un campo?

—Cuando el Instituto toma la decisión de comprar una tierra trabaja en los procesos de concentración y en mantener la oportunidad de que la gente se quede en el medio rural. Nosotros tasamos todos los campos que se presentan, y si el precio con el que viene pautado es por arriba por lo general, excepto que tengamos una demanda demasiado identificada, no hacemos opción de compra. Igualmente compramos campos de US$ 2.000 la hectárea y US$ 10.000, depende de dónde necesitemos intervenir. Factores importantes son dónde está ubicado, las características productivas y la demanda identificada. El planteo de bajar a 200 hectáreas surgió de las distintas organizaciones vinculadas a la producción familiar. Al bajarse, afectado a la cuenca lechera por ejemplo, permite intervenir en una zona con concentración de productores familiares con sistemas intensivos que manejan y mantienen mucha mano de obra. Colonización allí permite dar escala porque un campo de 200 hectáreas permite a un grupo de productores lecheros generar alimento para sus predios, porque capaz la escala de su predio está en 40 hectáreas, entonces permite un cambio sustancial y da sustentabilidad en el tiempo a los productores.

—¿Qué perspectivas ve en el precio de la tierra para este año? ¿Seguirá bajando?

—Probablemente exista alguna pequeña reducción en los precios, pero no creo que sea inmediata. Han ocurrido negocios importantes en los últimos seis meses de muchos millones.

—¿Ven un alza de la extranjerización?

—Históricamente Uruguay ha tenido muchos titulares de tierras que son personas físicas, pero en los últimos años el cambio más importante en la estructura de la tierra ha sido la forma jurídica de tenencia que también está vinculado al desarrollo del agro como negocio. Ese fenómeno es mucho mayor al de extranjerización.

—¿Este año cuánto prevén invertir en compra de tierras?

—La inversión definida en el presupuesto es de US$ 28 millones, tal vez US$ 30 millones para tierras. También invertimos en alambradas, casas, tambos, caminería.

—¿Qué nivel de endeudamiento hay con Colonización?

—Arrendatarios tenemos 3.250 y cerramos 2016 con un 75% de los colonos al día. En 2015 había un 76% y pensamos que por los problemas en la lechería podría haber una baja mayor, pero no fue así porque contemplamos algunas situaciones, hicimos acuerdos con los campos de recría y otras medidas para evitar el endeudamiento de los que han estado al día. El 75% es muy bueno para la historia de Colonización, que en 2007 tuvo que hacer una refinanciación porque el nivel de endeudamiento era inmanejable. En el pasado hubo 40% de colonos al día con ausencia de gestión. Nosotros somos negociadores, pero en la medida que el colono no entiende la responsabilidad que tiene porque se le da un arrendamiento con un valor menor al 50% del mercado, y que la sociedad uruguaya le dio la oportunidad de acceder a la tierra, el colono tiene obligaciones como todos los que acceden a las políticas públicas.

—El año pasado el Presidente firmó un decreto que habilita la rescisión unilateral del contrato ante incumplimiento. ¿Cuántos contratos se han terminado?

—Es algo que se viene haciendo desde 2005, y el decreto fortalece esa gestión. De 2010 a 2015 se hicieron 2.000 inspecciones de las cuales se detectaron 500 con algún nivel de incumplimiento, ya sea endeudamiento, no residencia, mal uso de los suelos, no explotación directa, o tener actividades que vayan en desmedro de la atención de tierras de Colonización. De esos 500 casos entendemos que hay unos 100 difíciles de solucionar. Cualquier ciudadano que accedió a 20 hectáreas o 200 hectáreas con un arrendamiento menor al 50% del mercado y trabaja con mucho apoyo, a veces con subsidios importantes, con la posibilidad de que esa tierra pase de generación en generación, si es verdaderamente un productor familiar encuentra cómo levantar los incumplimientos. Pero hay casos de gente que trabaja en Montevideo y tiene el campo como si fuese un privado, como otro ingreso; hubo casos en Río Negro, Salto, Paysandú, Canelones, que generalmente derivan en procesos judiciales. Pero la ley es clara.

—¿Con qué criterio se eligen a los colonos?

—Seleccionamos por el perfil socioeconómico, que sean familias con dificultad para el acceso a la tierra, familias jóvenes, asalariados. Si el hijo de un colono tomó otra opción de vida, se mudó a la capital, ya no es perfil colono. Pero si el colono después de años de trabajo logra comprar otras 200 hectáreas por fuera del Instituto, lo fortalecemos porque queremos escala y sustentabilidad. Deja de tener perfil colono quien tiene las 200 hectáreas y aparte hace 8.000 hectáreas de agricultura porque deja de ser un productor familiar. O si la producción es un segundo ingreso. No estamos en contra de eso, pero lo que queremos proteger es que en las tierras del Instituto hay que vivir, trabajar, explotar, y generar el desarrollo rural en el territorio.

—El año pasado se generó la polémica al conocerse que personas que no son de las más vulnerables de la sociedad arrendaban campos, como intendentes y legisladores. ¿Cómo se explica eso?

—Todos esos casos, y muchos de los 100 que dije, no son adjudicaciones del 2005 para acá. Algunas son del 90 y anteriores. En esa época Colonización lo que hacía era transferencias directas y no llamados abiertos. Si quedaba una tierra libre porque el colono se iba a jubilar, ofrecía a quien tuviese plata para pagar las mejoras. Se pagaba al colono y accedía con una renta que llegó a ser de 24% del valor que saca el Plan Agropecuario. Hoy se hace un llamado abierto, las mejoras las indemnizamos nosotros. Antes existían fichas donde decía "recomendado por...". Algunos que accedieron así siguen teniendo un proyecto de vida agropecuario. En los casos que mencionas, ellos pasan el mismo proceso administrativo que todos los colonos: se les informa del incumplimiento, hacen los descargos, y en función de eso si no levantan los incumplimientos les damos una fecha para entregar la fracción, y si no la entregan empezamos un proceso judicial.

—Los casos, según dice, datan de varios años. Tal vez otros fueron puestos a nombre de una pareja. ¿Se hace el control?

—Nosotros revisamos todas las situaciones. Desde 2014 hemos promovido la cotitularidad con el acceso de la mujer a la tierra. No es cualquier mujer ni cualquier hombre que accede a la tierra, sino los que tienen las condiciones. Si el hombre se presenta y analizamos que tiene el perfil, analizamos el perfil de la mujer y sugerimos la cotitularidad. Si uno de los dos no tiene el perfil no aceptamos que se incluya en la tierra. Una política pública con subsidios es para determinado grupo de la sociedad.

—En las gremiales hay quienes cuestionan que se da tierra a personas que no tienen fondos para comprar animales o trabajarlo bien. ¿Qué contesta?

—Hay que entender que es una política pública de desarrollo rural. Más allá de eso, si se presenta un productor lechero y no tiene vacas no va a acceder a la tierra porque algún capital productivo tiene que tener. Y sin duda debe tener capital de conocimiento, y eso que los productores no necesitan título universitario para ser productores. Falta información de la realidad.

—Se ha dicho que hay prioridad para agrónomos y veterinarios. ¿Es así?

—En el proceso de selección actual si bien la ley habla de los técnicos y formados, cuando uno hace un llamado para una unidad de producción lechera y se presentan 70 productores que tienen dificultad de acceso a la tierra, la prioridad son los productores familiares y los asalariados rurales. No priorizamos a la gente con formación porque tienen otras capacidades y otras herramientas y un montón de oportunidades de trabajo, porque el agro lo ha demostrado en los últimos años en el nivel de ocupación. Eso no quiere decir que en otro momento cambie.

El senador y expresidente de Colonización Andrés Berterreche, dijo que es "inmoral" que alguien tenga tierras solo para arrendar porque lo considera un "impuesto" a la producción. Por esto planteó discutir que en momentos de crisis se fije un techo para los arrendamientos iguales a los que cobra Colonización. ¿Qué opina?

—El Legislativo puede hacer propuestas. Es real que la situación de los arrendatarios es muy distinta. La potestad de quedarse en las tierras de Colonización está en las manos de los que ocupan la tierra, en cambio, en un arrendamiento con un privado, un arrendatario tiene otras variables que no maneja y que no dependen solo de él, entonces... La producción lechera es fundamental porque ha dado cambios fuertes en territorios y en como se desarrollan las escuelas, los pueblos. En algunos rubros donde el arrendamiento tenga que ver con la competencia con otros rubros y la fragilidad en la tenencia de la tierra tienen un impacto fuerte en la gente que está fuera de las tierras de Colonización. La verdad es que los productores que están en las tierras de Colonización y durante muchas crisis lograron mantenerse al día o en orden con el instituto, fueron muchos más que otros que están enfrentados al arrendamiento porque el valor del arrendamiento muchas veces está vinculado a otro negocio. No analicé la propuesta de Berterreche, pero lo que creo es que dentro del Estado hay una institución pública que se ocupa de esos sectores, y lo que es claro es que para que el Estado uruguayo y las políticas se mantengan se requiere tener tierras en manos del Estado para poder hacer una política en el largo plazo. Incluso para controlar otras cosas como el desarrollo del poder con respecto a la tenencia de la tierra.

LA ENTREVISTA DEL DOMINGO