La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE ) y otros sindicatos analizan contra reloj la posibilidad de recurrir el decreto "antipiquetes".

Joselo López, su principal referente e integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical, explicó a El País que "no estamos en contra de ninguno de los puntos de lo que dice la declaración del Pit, pero de todas maneras creemos que la presentación del recurso podría darle elementos al Poder Ejecutivo para revocarlo o delimitar más claramente cuál podría llegar a ser su alcance en caso de que se decida mantenerlo".

"Nosotros entendemos que el Poder Ejecutivo debe tener instrumentos para todos aquellos conflictos que no son laborales porque hay otro tipo de conflictos entre intereses económicos, entre determinados empresarios, que le pueden hacer mal al país. Está bien que el Poder Ejecutivo tenga determinadas instrumentos como para accionar en ese sentido, si hay una especie de boicot o algo por el estilo", explicó.

Sin embargo, López entiende que el decreto no da garantías de que se excluya de su aplicación a las huelgas. "El problema es que tenemos un dato de la realidad. A las únicas dos personas que han llevado detenidos por esto es a trabajadores organizados en su sindicato. Evidentemente el derecho de huelga está cuestionado porque, por un lado, se excluye el derecho de huelga, pero de alguna manera se le da la potestad al aparato represivo del Estado de actuar en consecuencia. La policía tiene estas cosas. Le dieron este instrumento y lo primero que hizo fue detener a dos trabajadores que estaban luchando en el marco del derecho de huelga", argumentó López.

COFE está evaluando si una eventual decisión de recurrir no iría contra los estatutos del Pit-Cnt. La decisión deberá adoptarla a más tardar el jueves porque ese día vence el plazo legal para recurrir el decreto del Poder Ejecutivo.

Las cámaras empresariales también están molestas con el decreto pero por motivos distintos. Lo consideran discriminatorio porque entienden que habilita a que la fuerza pública despeje carreteras, rutas o caminos eventualmente bloqueadas siempre que quienes perturban el tránsito no sean huelguistas porque adopta una concepción amplia del derecho de huelga.

EL PLAZO VENCE MAÑANA