Se adelanta la aplicación de un cambio radical en los juicios.

Las reuniones entre el gobierno y la oposición sobre temas vinculados a la seguridad dieron un primer resultado importante ayer, cuando se llegó a un acuerdo para adelantar la vigencia del Código de Proceso Penal (CPP), que estaba prevista inicialmente para febrero de 2019, al 30 de julio de 2017. El código tiene como gran novedad la instauración de los juicios orales y públicos y que el fiscal pasa a tener el rol de investigador que hasta hoy tiene el juez.

En una reunión de tres horas realizada ayer en el piso 11 de la Torre Ejecutiva entre el presidente Tabaré Vázquez, autoridades del Ministerio del Interior y representantes de los partidos con representación parlamentaria, se acordó que el Poder Ejecutivo deberá asegurar los recursos (se calcula por parte de la Suprema Corte de Justicia que se necesitan US$ 40 millones) en la próxima Rendición de Cuentas. A partir de ese momento comenzará a correr un plazo que pidió la Suprema Corte de Justicia que vencerá el 30 de julio de 2017.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, fue invitado a la reunión para dar su opinión y manifestó que creía que con "algunos ajustes" se podía aplicar rápidamente el código que fue aprobado por el Parlamento en 2014. Tanto Díaz como el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Pérez Manrique, quien también participó del encuentro de ayer, habían mostrado su oposición a la posibilidad de que el código se aplicase en algunos departamentos sí y en otros no. También el Partido Nacional había mostrado su rechazo a esa posibilidad por creerla inconstitucional.

Se acordó que en este año se aprueben en el Parlamento los denominados procesos "abreviados" para aquellas situaciones consideradas sencillas para resolver (se calcula que son el 90% de los casos), lo que permitirá que el sistema judicial concentre recursos en los casos más complejos con juicios orales y públicos, explicó el presidente Vázquez. El mandatario dijo que Uruguay "está en falta" con las convenciones internacionales por la gran cantidad de encarcelados sin sentencia.

Pérez Manrique explicó que la Corte opina que es necesario que el nuevo código, que instituye un proceso penal acusatorio oral, "se aplique de una buena vez en Uruguay en su totalidad".

"Más allá de algunos cuestionamientos puntuales que se pueden realizar respecto de la ley, la misma ha sido aprobada por una amplia mayoría parlamentaria y pone en línea al sistema procesal penal uruguayo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las garantías constitucionales", señaló Pérez Manrique. También pidió que se provea a los defensores de oficio de los recursos necesarios para actuar. Asimismo planteó que hace falta difundir entre la población las características y beneficios del nuevo código como forma de legitimarlo. La Corte acordó con el Ejecutivo la contratación de una consultoría que ayude a definir los pasos a dar.

El diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, pidió que se produzca "una discusión de fondo de las causas estructurales de la violencia".

La semana próxima continuará el diálogo y se abordarán las propuestas blancas sobre modificaciones al tratamiento de las libertades anticipadas y reincidencias, y para endurecer las penas por narcotráfico.

El Partido Nacional le planteó ayer al presidente Tabaré Vázquez que ahora "hay que entrar al área chica" y abordar las iniciativas blancas, entre las que están el endurecimiento de penas para el narcotráfico y para las violaciones, y un código para la minoridad. El senador Javier García dijo a El País que "mostramos disposición para abordar los temas que eran prioridad para el gobierno y le dijimos al presidente que tenemos una agenda, que ahora hay que entrar al área chica a la brevedad posible y que consideramos que llegó el momento de que dé su opinión sobre nuestras iniciativas". García mencionó como ejemplo de algo a modificar que las violaciones tienen hoy un tratamiento más benigno que las rapiñas. Vázquez le dijo a García que las propuestas del Partido Nacional se analizarán la próxima semana y que tiene documentación a estudio sobre esas iniciativas.

LAS NEGOCIACIONES POR LA SEGURIDAD