El nuevo Código Penal era casi un hecho. Sin embargo, la bancada del Frente Amplio bloqueó la posibilidad de aprobar la reforma y hoy deberá ingresar nuevamente en el Parlamento por lo que diversos colectivos exigen que el proyecto sea modificado. El panorama indica que la nueva normativa tardará en ser aprobada al menos dos años.

Fueron muchas las voces que se alzaron contra el proyecto postergado. Ayer, incluso, se llevó a cabo una actividad sobre reforma, en la que participaron diversas organizaciones que representan a la sociedad civil.

"El Código actual está totalmente desactualizado en relación con la normativa de derechos humanos que debe cumplir el país de acuerdo a los compromisos que ha adquirido en el ámbito internacional. Pero el proyecto de Código tampoco conforma. Esto significa un retroceso en la agenda de derechos que se ha propuesto el país", dijo a El País Alicia Deus, presidenta del colectivo Infancia Adolescencia Ciudadana.

Los participantes discreparon sobre varios aspectos de la reforma del Código. Sin embargo, concordaron en que, tal como está la normativa, esta no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos y, en muchos casos, esto significa una involución de la norma.

"Hemos manifestado nuestras discrepancias. En qué vemos carencias o retrocesos. No tiene una perspectiva de género ni generacional. Mantiene un enfoque etnocéntrico. Sobre todo sobre el tema de los delitos sexuales, que comprenden a mujeres, niñas y niños", agregó Deus.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) volvió a referirse a las falencias del proyecto presentado ante la Comisión de Derechos Humanos. Su presidenta dijo que en la redacción de este proyecto se cometieron "graves omisiones".

"Pensamos que la parte especial (violencia de género, por ejemplo) de ese proyecto tiene que ser objeto de una revisión y tiene que haber personas de todos los ámbitos que opinen", manifestó la presidenta de la comisión Mirtha Guianze ante la Comisión.

"El proyecto del Código no se resuelve retocando algunas cosas", apuntó Juan Faroppa, director de la Inddhh.

"En estos últimos setenta años o más se ha tocado mucho la legislación penal en Uruguay (...) Si algo podemos sugerir es que no se hagan ajustes puntuales, sino que el Código se vea como un todo sistemático, que tenga lógica y que sea un instrumento jurídico que permita que Uruguay tenga un Código Penal que pueda durar", agregó Faroppa.

La Inddhh instaurará un grupo de trabajo para tratar el tema. "Estuvimos en contacto con diversos colectivos y ellos nos han planteado cosas. Hemos sido invitados, vamos a participar y vamos a colaborar y posiblemente vamos a expandir esa opinión", explicó la también directora de la Institución, Ariela Peralta, a El País.

La mayoría de los planteos recaen en la misma situación: la falta de perspectiva de género. Y el mayor reclamo es la inclusión de la figura delictiva de "feminicidio".

La Inddhh prefiere no expedirse sobre el tema. Y no existe consenso sobre este punto, ya que es un delito difícil de probar y ya existen agravantes por el vínculo.

"Con esa ley (de violencia doméstica) inserta en un Código Penal nuevo, toda la dinámica de ese Código va a tener que ser cambiada, y eso es lo que vamos a discutir", apuntó Guianze en comisión del Parlamento.

Los colectivos, en tanto, mantienen la esperanza de que se solicite la opinión para la reformulación del proyecto.

Según dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, el nuevo Código seguramente recién sea aprobado por el Parlamento en 2016 o 2017, ya que este año los senadores y diputados van a estar abocados a la ley de Presupuesto.

La reforma del Código Penal fue enviada al Parlamento a fines del año 2010, en el primer año de gestión del presidente José Mujica.

El proyecto había llevado otros cinco años de análisis, bajo el primer gobierno de Tabaré Vázquez.

Las organizaciones civiles reclaman una mayor participación