La jueza Ana de Salterain y la fiscal Ana María Tellechea no pudieron continuar ayer con las indagatorias por los graves incidentes ocurridos en el desalojo del Consejo Directivo Central (Codicen) el martes 22. Tellechea dijo a El País que la Policía "no pudo ubicar a las personas que la sede pidió para entregarles la citación".

Según la representante del Ministerio Público, aún restan por declarar personas individualizadas de cada uno de los grupos que estuvieron en los incidentes así como efectivos policiales "a los que se les fue la mano" en su accionar.

El lunes, la Justicia procesó sin prisión por el delito de atentado agravado a cinco personas, entre ellas el dirigente del sindicato del taxi, Ary Wiedemann, un profesor de geografía que integra la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) en Montevideo, un militante de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), otro militante de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), y un ciudadano cubano. Ninguno tenía antecedentes penales.

En el auto de procesamiento que fue redactado ayer por la jueza, cuenta que los efectivos del Grupo de Respuesta Táctica (GTR) entraron con llave apropiada por una puerta lateral. "Avanzan, está despejado y llegan a una puerta de vidrio, que está trancada. Intentan destrabarla, no lo consiguen y proceden a romperla. El sonido de los vidrios rotos alerta a los ocupantes y manifestantes que estaban en el hall", afirma.

La jueza cuenta que el edificio es evacuado por una puerta lateral sobre la calle Colonia que estaba trancada por los ocupantes con una manguera y bolsas de arena. Relata el cordón humano que formaron afuera los manifestantes y que tras varios minutos de forcejeo con la policía, que incluyó el arrojo de todo tipo de objetos, el GTR pidió el apoyo de la Guardia Republicana.

"Al llegar la Guardia Republicana, los manifestantes comienzan a agredirlos verbalmente y físicamente", relata la magistrada.

Incidentes en desalojo