Cuando el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Juan Faroppa, llegó a la sede del Codicen en la noche del martes, se encontró con taxímetros estacionados frente a la entrada del edificio, personas con los rostros tapados y mochilas en sus espaldas. Algunos amontonaban piedras y cascotes sobre la calle Colonia y uno tenía una gruesa cadena.

Hasta ese momento no había policías en la zona. El primero en llegar fue el subdirector de la Policía Nacional, Raúl Perdomo, junto a otros oficiales de particular que mostraron al abogado de los ocupantes, Pablo Ghirardo, la orden de desalojo.

Según relata un informe de la Institución de Derechos Humanos difundido ayer, los ocupantes exigieron, para salir de todo el edificio excepto las oficinas del Codicen, un acuerdo firmado que les garantizara una mesa de negociación con la institución educativa, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía.

Perdomo consultó telefónicamente a sus superiores y aseguró, según el informe de la institución, que "al no aceptarse por las autoridades las propuestas de negociación, el ministro le dio la orden de proceder al desalojo".

"Momentos después, alguien grita se están llevando a los chiquilines y el grupo de manifestantes intenta ingresar al edificio. En el hall ya había un grupo de policías impidiendo el acceso. Se producen forcejeos y comienza una lluvia de piedras de gran dimensión; vidrios rotos; empujones", relata el documento.

Faroppa entró al edificio y una vez allí se le informó que ya habían "salido los estudiantes sin problemas por la puerta lateral".

El observador cuenta en el documento que cuando volvió a salir a Libertador vio llegar de la Guardia Republicana en formación.

"En ese momento comienza un enfrentamiento con los manifestantes. No se observó la utilización de granadas de gas ni de escopetas disparando balines de goma. Se utilizaron bastones y escudos y, de parte de los manifestantes, se arrojaron todo tipo de objetos contundentes (piedras de gran tamaño; vallas; señales de tránsito arrancadas de su lugar, etc.)".

Faroppa concluye que "existía un clima fuera del edificio ocupado, generado por manifestantes que no eran estudiantes ocupantes, que presagiaba una definición violenta de la situación" y reconoce que hubo negociaciones antes del desalojo, las cuales califica como "adecuadas". "Lamentablemente, estas negociaciones no se concretaron por las diferencias que persistían entre las partes", afirma el documento.

La institución, además, concluye que no existió por parte de las fuerzas policiales "un uso sistemático, masivo e intencional de la fuerza abusivo y/o excesivo", pero aclara que sí se detectaron "efectivos policiales que mostraron, en forma innecesaria, un uso abusivo de la fuerza" y pone como ejemplo de ello la agresión que sufrió el abogado de los ocupantes.

"Concretamente esto sucedió en perjuicio del abogado de los ocupantes, Dr. Pablo Ghirardo, lo que fue directamente observado. Deberá profundizarse en la investigación a partir del análisis de videos u otros registros a los efectos de determinar otras situaciones puntuales de uso excesivo de la fuerza", advierte.

El documento deja claro también que no se utilizó la fuerza contra los estudiantes.

Relata que militantes radicales acumulaban piedras y cascotes