Las calificadoras de deuda internacionales están atentas a qué ocurre con el déficit fiscal y la inflación. En función de eso podrían modificar la nota de la deuda uruguaya. Hoy Uruguay tiene una nota dentro de lo que se denomina grado inversor. Esto es, las calificadoras consideran que invertir en el país es seguro y que el país tiene fuerte capacidad de pago. Pero la agencia Moody’s en un comunicado fechado el 9 de mayo al que accedió El País planteó que “en caso de que las medidas de consolidación se queden cortas en reducir el déficit, la deuda pública podría superar el 50% del PIB en 2017, lo que socavaría la credibilidad de la política fiscal y debilitaría los indicadores crediticios de Uruguay en relación a sus pares de calificación”. Si bien no lo dijo, esto deja ver la posibilidad de que se reduzca la nota lo que podría afectar la llegada de inversión que el gobierno considera clave para que la economía no caiga.

Las cuentas del gobierno a marzo acumulaban un rojo o déficit equivalente al 3,6% del Producto Interno Bruto, esto es, US$ 1.928 millones, casi el equivalente a la inversión de Montes del Plata que fue la más grandes privada en la historia del país. La posibilidad de reducirlo pasa por dos lados: obtener más ingresos vía ahorros o impuestos o financiarlo con deuda. 

El Ministerio de Economía dijo que debe primar la austeridad en los gastos. En algunos ministerios semanas atrás corrieron circulares informando de la necesidad de eliminar o minimizar gastos superfluos. Pero el 70% del presupuesto que maneja el gobierno es de costos fijos, en su mayoría salarios, pasividades y transferencias que no pueden modificarse. Esto se da en paralelo con el ingreso de 89.000 jubilados al sistema de salud y la implementación del sistema nacional de cuidados entre otros planes que implican costos para el Estado. A su vez en el primer trimestre del año los ingresos de la DGI crecieron solo 0,3% frente al año pasado. 

El gobierno insistió en que no va resignar el gasto social. Tampoco se tocarán las inversiones en infraestructura que, en su mayoría, están planificadas a través de Proyectos Público Privados.

Economistas advierten desde antes de la campaña electoral que el gobierno deberá incrementar impuestos para hacerse de dinero. Si bien el planteo había sido rechazado, en el Frente Amplio hay grupos que ahora insisten con aumentar impuestos a los sectores de mayor ingreso o quitar exoneraciones tributarias a inversiones. Dentro del Partido Comunista, por ejemplo, dicen que las condiciones cambiaron desde la campaña electoral.

De no aumentar ingresos ya sea por ahorro, recaudación o más impuestos, la alternativa es la deuda, pero eso tiene un límite para no elevar la vulnerabilidad de la economía atendiendo a la mirada de las calificadoras de riesgo. Además, si la economía crece menos de lo previsto la deuda se hace más pesada sobre la economía aún si no crece. La deuda neta a fin de 2015 fue el equivalente al 25,6% del PIB, el mayor valor del guarismo desde el tercer trimestre de 2013. 

Promover la inversión puede ser un camino para empujar la atracción de capitales, generación de puestos de trabajo y más ingresos vía impuestos. El problema es que las inversiones grandes como regasificadora, minería de Aratirí, puerto de aguas profundas, quedaron en suspenso. El gobierno negocia la posibilidad de una tercera planta de celulosa, pero sus efectos no se verían en el corto plazo.

En ese contexto el gobierno debe ver cómo administra los equilibrios para enviar la Rendición de Cuentas antes de que se cumpla el plazo el 30 de junio.