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Cientos de municipales irán a la calle para frenar déficit

Recortes de gastos, ajustes, despidos y hasta un fuerte aumento en el boleto. En la primera semana del período de gobierno departamental, los intendentes analizaron la finanzas y a muchos no les gustó lo que vieron.

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El necesario ajuste presupuestal en intendencias tendrá directa repercusión en funcionarios.

El presidente del Congreso de Intendentes, Sergio Botana, dijo ayer a El País que ya comenzaron las conversaciones con el gobierno central para "subsanar los problemas momentáneos". Se manejan varias opciones, entre ellas la generación de créditos o el adelanto de las partidas que les corresponden a las Intendencias.

Botana adelantó que el diálogo se adelantará "sobre fin de mes" y que muchas de las medidas obedecen a "la prudencia que se necesita en todo inicio de gobierno". Por otro lado, destacó que en el período anterior los costos de la construcción se incrementaron en un 40% debido a que todas las empresas tenían "ocupación plena".

Esa situación obligó a contratar más personal debido a que "muchas obras fueron encaradas por administración directa de las intendencias".

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Ceses.

En Artigas, el intendente Pablo Caram anunció que deberá dar de baja a más de 450 funcionarios. La Intendencia de Durazno cesará el vínculo laboral con unos 200 trabajadores, según dijo el intendente Carmelo Vidalín.

La comuna de Cerro Largo perderá 50 dependientes y desde hoy Salto aplicará un aumento del 67% en el boleto de la monopólica empresa municipal de transporte colectivo, según informó el intendente Andrés Lima.

Con respecto al personal, anunció que habrá reducción pero todavía no aclaró la cantidad de trabajadores que afectará. Mientras tanto, se suspendieron los ascensos y "adecuaciones salariales" que recibían unos 800 funcionarios.

En Paysandú, la administración de Guillermo Caraballo anunció el cese de 120 contratados que habían ingresado el año anterior. Además, se resolvió aplicar el cambio de destino de unos 200 funcionarios, según fuentes municipales.

El nuevo director de Recursos Humanos de la Intendencia de Cerro Largo firmó ayer una resolución por la que deja cesantes a 50 funcionarios que ingresaron entre el 2014 y 2015, año electoral. Gamarra negó que esto se trate de una persecución política y aclaró que solo se busca "ordenar la casa".

Tacuarembó detectó que tiene "muchos funcionarios administrativos", según el intendente Heber Da Rosa. Anunció que realizará un plan de incentivos para ese sector en particular.

"Va a haber ceses, tengo que decirlo, no oculto nada" porque se encontró con un "excesivo número de funcionarios", según anunció el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín.

No obstante, el jefe comunal aclaró que con el ahorro incrementará los salarios más bajos de varias reparticiones.

"La gente que continúe va a tener una mejora en el salario, sobre todo los contratados con los salarios más sumergidos, a partir de este momento ninguno va a ganar menos de 13.000 pesos", anunció. "Pretendemos compromiso y trabajo, no nos gusta gente que se esté rascando la rodilla", enfatizó Vidalín.

El intendente de Soriano, Agustín Bascou, expresó a El País que está realizando una evaluación general "intentando ahorrar donde se pueda".

"La idea es suprimir algunos cargos, no llenar vacantes, recortar horas extras y dejar sin efecto la contratación de empresas en servicios tercerizados, no pensamos sacar funcionarios", indicó Bascou.

Sostuvo que Soriano tiene déficit como todas las intendencias "pero la situación no es para nada dramática".

Desde la Intendencia de Rivera se dijo que no habrá ceses y que se subirán los salarios.

En Maldonado tampoco habrá despidos, según anunció el intendente Enrique Antía el día de asumir el cargo. No obstante, habrá un fuerte ajuste ya que se está "rascando el tacho" para cumplir con las obligaciones, dijo el secretario general, Diego Echeverría, a FM Gente.

Créditos.

Anoche, la Junta Departamental de Lavalleja discutía solicitar un crédito de $ 120 millones al Banco República para cumplir con las obligaciones de la Intendencia.

En Río Negro, el intendente Oscar Terzaghi dijo a El País que la situación económica de la Intendencia no es la que le informó el equipo de su antecesor, el nacionalista Jorge Gallo.

"La situación cambió notoriamente", se quejó Terzaghi que había negociado con Gallo tomar un crédito de 4 millones de dólares en el Scotiabank para que en junio se pudieran pagar sueldos y darle oxígeno a la administración.

A pocas horas de asumir, el intendente se enteró que el banco solo prestó 2 millones que había que devolver de manera inmediata erogando en forma mensual de la suma de 350 mil dólares.

Sin caja, el nuevo director de Hacienda está procurando hacerse de una línea en otro banco de manera de sortear el pago de salarios que en Río Negro ronda el millón de dólares cada mes, en función del personal estimado en 1650 funcionarios.

Terzaghi anunció "un gobierno de austeridad" y anunció que analizará a fondo la situación financiera porque habrá "que enfrentar una realidad que no es la que esperábamos".

Cesó el gasto de publicidad, cortó el pago de horas extras y redujo la contratación de servicios como el 222 de algunos lugares públicos.

Producción de corresponsales: L. Pérez; N. Araújo; D. Rojas; F. Fernández; M. Gallardo.

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