Chile negó salida de militares extraditados

La Justicia chilena negó a los militares uruguayos extraditados por el caso Berríos el permiso para viajar a Uruguay transitoriamente y pasar las fiestas de fin de año con sus familiares.

Según el fallo al que accedió El País, el juez chileno Alejandro Madrid entendió que no corresponde otorgarles el permiso aunque los procesados han cumplido con los requerimientos de la Justicia. Ese argumento "no es suficiente" para ausentarse del país, dijo, y agregó que no se puede tener la "certeza" de que regresarán.

Los militares Tomás Cassella y Eduardo Radaelli pidieron ausentarse de Chile entre el 20 de diciembre y el 20 de enero y fundaron su solicitud en que "siempre han dado fiel y cabal cumplimiento a las exigencias de la Justicia".

El juez Madrid afirmó además que "lograr" el "objetivo procesal" de la extradición "fue particularmente difícil y demoroso" por lo que se debe "cautelar con el máximo celo el logro de los objetivos propios del sumario".

Al respecto de ese punto, el diputado colorado Daniel García Pintos cuestionó a Madrid. García Pintos dijo a El País que le llama la atención que el juez haga esa afirmación. Aseguró que Uruguay "es un Estado de Derecho y cuando existen personas que son indagadas esas personas tiene derecho a defenderse y a recurrir las resoluciones".

Así, añadió, luego de que el Juzgado de primera instancia dispuso la extradición, la defensa apeló y luego de que el Tribunal de Apelaciones lo confirmó, recurrió ante la Suprema Corte de Justicia.

El diputado insistió en que se trató de un proceso que no tuvo dificultades ni demoró "más allá del neologismo demoroso, utilizado por el juez". Agregó que una vez que la Justicia confirmó la extradición, los militares fueron entregados a Chile sin poner obstáculos.

Los dos militares junto a Washington Sarli fueron extraditados el 18 de abril por su supuesta participación en el secuestro del químico Eugenio Berríos, ex agente de la dictadura chilena. Berríos huyó a Uruguay en 1991 para evadir un juicio por asesinato. Su cadáver apareció a comienzos de 1995, con varios impactos de bala. Se estima que su muerte se produjo entre marzo y junio de 1993.

Los militares uruguayos obtuvieron la libertad bajo fianza el 13 de setiembre. La Corte de Apelaciones aceptó unánimemente los argumentos del abogado defensor, Carlos Portales, que sostuvo que sus clientes no representan un peligro para la seguridad de Chile. La Octava Sala de la Corte estableció una caución de US$ 1.850 (equivalente a $ 45.695) para cada uno de los indagados y abandonaron los establecimientos militares en los que estaban recluidos.