LAS NEGOCIACIONES POR LA SEGURIDAD PÚBLICA

Casi cerrado el acuerdo para un plan de combate al narcotráfico

Blancos quieren penas más severas para el tráfico y la comercialización.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Heber, García y Besozzi luego de la conferencia en la Torre Ejecutiva. Foto: M. Bonjouri

El gobierno y los partidos de la oposición acordaron cuatro de los cinco puntos que contendrá el plan integral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, en tanto se mantiene una diferencia con el Partido Nacional sobre el agravamiento de las penas para la comercialización y tráfico de estupefacientes, es decir el llamado crimen no organizado. Este capítulo fue devuelto a la comisión técnica formada por el gobierno y todos los partidos políticos.

Los acuerdos se consiguieron tras la séptima reunión de la comisión política sobre seguridad y convivencia, convocada ayer a la Torre Ejecutiva por el presidente Tabaré Vázquez, el mismo día en que en el Parlamento se consiguieron otros avances en la materia.

Por un lado, los partidos convinieron aprobar el pedido de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de que comience a regir el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en julio de 2017 en forma integral, y no en dos partes (febrero y julio de ese año) como estaba originalmente planteado (ver nota aparte).

A la vez, de los cuatro proyectos de ley que el gobierno envió al Parlamento como fruto del trabajo de esta comisión multipartidaria de convivencia, dos de ellos (iniciativa sobre la abreviación de los juicios y la reforma del Código del Procedimiento Penal) serán aprobados la semana próxima por la primera de las Cámaras legislativas que lo tratará, el Senado.

Los capítulos del acuerdo unánime para el plan global son la creación de una comisión de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional integrado por varios ministerios; creación del comité de seguridad para los pasos de frontera; la intervención social ante los casos de procesamientos por comercialización de sustancias ilícitas (mayores y menores de edad); y la definición de cuáles serán las instituciones que pasarán a hacer los análisis científicos para dar certeza a los operadores judiciales.

El gobierno y el resto de los partidos —menos los blancos— apoyan la declaración como inexcarcelables de los delitos financiamiento, comercialización y producción de drogas. Para el Partido Nacional, en cambio, deben ser también penados con severidad el tráfico y la distribución con penas de penitenciaría.

Pero el gobierno considera que no se debe poner a título expreso porque podría ser superabundante en la legislación, dado que se entiende que sería muy difícil una actividad de tráfico y distribución sin una organización criminal detrás, la cual ya está contemplada en el anteproyecto que se enviará al Parlamento.

El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, comentó que esta diferencia "no es tan importante" en la medida en que se debe valorar la cantidad de acuerdos.

El senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio nacionalista, y su colega Javier García, dijeron sentirse molestos por esto y tomarán una decisión de partido sobre si apoyarlo o no. "No avanzamos hoy", coincidieron en afirmar ambos tras la reunión.

Sobre la minoridad infractora, se propuso una comisión bicameral para abordar el tema, anunció el diputado colorado Germán Cardoso. Todos apoyaron la idea. El Partido Nacional pidió una semana para decidir si comparte la idea, a lo cual se accedió. Loa blancos creen que "crear una comisión es enterrar un tema", dijo Heber.

Seguridad, septima reunión del presidente Vázquez con los partidos, entrada en vigencia del CPP en julio de 2017

CPP: hubo consenso y entrará a regir en julio.

El Código del Proceso Penal (CPP), que se había acordado que iba a comenzar a tener una vigencia parcial en febrero próximo, comenzará a regir en julio de 2017. Luego de que distintos actores judiciales como la Suprema Corte de Justicia y el Colegio de Abogados plantearan la necesidad de una postergación ante lo breve de los plazos previstos, el presidente Tabaré Vázquez dio vía libre para la postergación de la entradaparcial en vigencia y el Frente Amplio en la comisión de Constitución del Senado que lo estudia, plasmó la postergación para lo cual se contó con el acuerdo de todos los partidos con representación en la cámara alta. La Suprema Corte había hecho saber que los plazos para poner en marcha el nuevo Código eran muy exiguos y que se complicaría la tarea.

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