La obra costará $ 30 millones; malestar de vecinos por daño ambiental.

OSE decidió levantar un alambrado en los 110 kilómetros que forman el contorno de la represa de Paso Severino, sobre el río Santa Lucía, para evitar que continúe contaminándose la fuente de agua que potabiliza. Con las cinco tomas allí instaladas, se abastece de agua potable a unos 2 millones de personas de los departamentos de Montevideo, Canelones, San José y Florida.

Los trabajos, que se llevarán a cabo en cuatro meses, tienen un costo de $ 30,8 millones, según la resolución de adjudicación de la obra.

En el lugar, cercano a la ciudad de Florida, domina la producción tambera. Varios productores han manifestado su contrariedad por los daños que sufren sus predios y alambrados, además de denunciar una afectación directa a sus animales.

La obra "es un cercamiento de todo el lago para evitar que se afecte la flora autóctona y a la vez la contaminación de la fuente de donde OSE extrae agua", explicó el director colorado del organismo, Vilibaldo Rodríguez. "Se va a cercar todo el lago de Paso Severino", añadió el jerarca.

En abril de 2015, OSE hizo un llamado a licitación para la construcción de un cerco perimetral de aproximadamente 110.000 metros en torno al embalse de la Presa de Paso Severino (Florida) en un predio que es propiedad del organismo.

De acuerdo con el pliego de la obra, en el primer mes el contratista deberá completar 20 kilómetros de alambrado, y en los subsiguientes un total de 30 kilómetros por mes hasta finalizar la obra en el lapso de cuatro meses.

El cerco se está construyendo por tramos con dos modelos de alambrado de tipo legal, el de 7 hilos (65 kilómetros) y el de 5 hilos (45 kilómetros), lo cual se define en el lugar por parte de la dirección de Obras de OSE.

Debido a lo sinuoso del trazado en torno al embalse de Paso Severino, se están colocando postes principales cada 15 metros y postes de arranque en cada cambio de dirección. Los postes son de madera de eucalipto tratado, con un largo de 2.20 m, y un diámetro no menor de entre 12 y 15 cm. Y en el caso del alambre, OSE exige alambre galvanizado ovalado. En los componentes estructurales, por ejemplo tensores, se utiliza el de tipo de alta resistencia de calibre 6.

Rodríguez indicó que la decisión que tomó el directorio de OSE por unanimidad es para evitar que se practique agricultura extensiva sin respetar las normas principalmente en cuanto a la distancia a partir de la orilla del lago.

"La gente pregunta si el agua es potable. El agua es potable, sí. El problema de OSE es que toma el agua de esa fuente. La contaminación está en la fuente y eso obliga a aplicar mayor tratamiento a mayor costo para que el agua sea potable", dijo Rodríguez.

Asimismo, el Ministerio de Defensa Nacional y OSE están coordinando misiones de vigilancia aérea sobre la zona, indicó el director Rodríguez.

También se trabaja en la complementariedad de acciones con los ministerios de Ganadería y de Medio Ambiente, del cual depende OSE. "Es parte de la política de Estado", subrayó Rodríguez.

El año pasado, los alcaldes de Casupá, San Ramón, Santa Lucía, Canelones, Aguas Corrientes, Cerrillos, Libertad, Ciudad del Plata, San José y Municipio A de Montevideo le enviaron una carta al presidente Tabaré Vázquez solicitándole la militarización de la cuenca del río Santa Lucía a fin de controlar que no siga la contaminación del agua.

Pero la obra tiene preocupados a los vecinos de la zona, mayormente tamberos, quienes le trasmitieron su inquietud a la senadora nacionalista Carol Aviaga, quien mañana viernes estará visitando la cuenta del Santa Lucía.

El pliego de la licitación señala que el responsable de los trabajos debió presentarse ante los dueños de los predios con técnicos de OSE para gestionar el permiso para el ingreso a predios privados.

Además, las condiciones del trabajo señalan que el acceso al área de trabajo privada deberá acordarse previamente con los propietarios de estos padrones. "En caso que existan afectaciones imprescindibles para la ejecución de las obras, OSE se hará cargo de los costos asociados a las mismas, acordándose previamente con el contratista", especifica.

Los vecinos le contaron a la senadora, sin embargo, que no están conformes con la obra.

"Las máquinas destruyeron partes de alambrados de tambos", dijo Aviaga. Según los vecinos, cuando alambran una parte los dejan sin acceso al agua. Les cortan la bajada a tomar agua a las vacas de los tambos. Es de un día para el otro que cortan y los vecinos no pueden reconvertirse haciendo piletas de aguada, por ejemplo", añadió la senadora.

En el contrato para los trabajos se establece que en los sectores en que sea necesario, el contratista "deberá realizar las tareas de desmalezamiento y/o tala del área a intervenir, así como la limpieza general de la misma, siendo de su responsabilidad la disposición final de los materiales residuales a retirar, a disponer según medios habilitados para esto, debiendo cumplir con la normativa vigente".

En el caso de tala en monte indígena, señala que "la disposición final deberá contemplar el chipeo y enterramiento de estos, cumpliendo con los requisitos normativos".

De acuerdo con el pliego, habrá un total de 44,5 kilómetros de monte indígena talado, y otros 18,5 kilómetros de desmalezamiento.

Ayer, en el marco de un seminario sobre el uso del agua, el presidente de OSE, Milton Machado dijo que la preocupación del organismo es mantener la calidad en la fuentes de agua para el abastecimiento.

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En los primeros días de marzo, tres años después de que 23 empresas de la cuenca del río Santa Lucía fueran intimadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) a cumplir una serie de cambios para evitar la contaminación del agua, solo catorce de ellas finalizaron su reconversión. El dato no es menor si se toma en cuenta que, a juicio de la ministra de Medio Ambiente, Eneida De León, el 90% de la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía es responsabilidad de estas 23 industrias. Por resolución ministerial, el 7 de agosto de 2013, luego de constatar la presencia de algas en agua de OSE consideradas "potencialmente tóxicas" y causantes de mal olor y sabor, se intimó a las 23 empresas a presentar antes del 31 de diciembre de ese año una nueva Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial (SADI), además de un proyecto de planta de tratamiento. Además debían presentar la información complementaria acreditando el cumplimiento o las propuestas de ajustes. Asimismo se otorgaba plazo hasta el 31 de enero de 2015 para contar con una planta de tratamiento de efluentes construida y en operación. La ministra sostuvo que las obras encomendadas buscan reducir en el corto plazo un 60% los vertidos orgánicos en nitrógeno y fósforo. "A marzo de 2016 catorce industrias ya finalizaron sus obras, por tanto están en condiciones y están manteniendo muy buenos resultados con sus efluentes, y de las nueve restantes una está finalizando sus obras y las otras ocho están en construcción. En algunas de ellas para resolver el problema se aplicó restricciones en los vertidos mientras hacen las obras", informó De León. La ministra dijo que "se está siendo muy didáctico con las agroindustrias, se habla con las industrias, se da plazo" dado que "el convencimiento es lo que nos va a ayudar, porque es imposible crear un control absoluto sobre todo". La otra medida que se tomó en su momento fue la prohibición de laboreos y agroquímicos en una zona en el Santa Lucía. La ministra dijo que todos los padrones están informados al respecto y que existe un visualizador ambiental que permite ver si se respeta la zona de restricción en el laboreo; sin embargo, no informó de los resultados.

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