Mientras los seis liberados de Guantánamo continúan con su protesta frente a la embajada de Estados Unidos al que reclaman algún tipo de compensación por su prolongado cautiverio, el abogado que los asesora honorariamente dijo que queda "muy poco para definir" del convenio que establecerá las condiciones para su permanencia.

El abogado Mauricio Pígola dijo a El País que se han realizado reuniones tanto en la cancillería, como en la casa de Palermo donde se albergaron los refugiados cuando llegaron en diciembre pasado, y en los propios jardines de la embajada, y que los liberados tienen "buena disposición" para firmar.

Al mismo tiempo el canciller Rodolfo Nin Novoa sorprendió ayer al criticar la forma en que el anterior gobierno procesó la llegada de los liberados de Guantánamo y las familias sirias que huyen de la guerra civil en su país. Nin Novoa dijo a Radio Sarandí que "no podemos traer exprisioneros de Guantánamo que están alojados en una casa de una organización sindical. (...) lo mismo con las familias sirias que fueron a los Maristas, que estuvieron como un mes amontonadas". "Hubo falta de previsiones", aseguró el canciller.

El gobierno quiere que los liberados se comprometan a aprender español y a cuidar su salud. Si bien habían comenzado a estudiar español, desde que se instalaron el 23 de abril frente a la embajada han dejado de tomar clases y se han mostrado renuentes a firmar el acuerdo que les pide el gobierno, descontentos con el apoyo económico que se les ofrecía ($ 15.000 mensuales). De todas formas, Pígola asegura que la situación ha cambiado. "La gran mayoría de los puntos ya están acordados. El documento tendrá dos nuevos anexos y se traducirá al árabe. La firma también es necesaria para que se pueda avanzar en la reunificación familiar", dijo el abogado a El País. Pígola está especializado en Derecho Administrativo y no en cuestiones de migración así que debió actualizarse rápidamente sobre la normativa en la materia.

Las tratativas se están llevando adelante tratando de que no trasciendan detalles del acuerdo y de hecho los liberados se muestran renuentes ahora a hablar con la prensa. Si bien van a la casa de Palermo, pasan la mayor parte del tiempo en tres carpas ubicadas frente a la representación estadounidense, en la rambla de Montevideo. Rezan, limpian las carpas, hablan de fútbol y mucho por teléfono. Conversan entre ellos y ocasionalmente con algún transeúnte, aunque parece haber disminuido la atención que les prestan los vecinos que pasan cerca de ellos.

El tunecino Abdul bin Mohamed decía en italiano a quien quisiera escucharlo que quiere trabajar en un restaurante y casarse y que le gusta la gente de Uruguay. Pero con la prensa su actitud es mucho más distante que antes.

El sirio Jihad Ahmad Diyab, que por sus dificultades para desplazarse no está frente a la embajada, hizo saber a El País, a través de un traductor que comenzó a asistirlo, que no hablará durante toda la semana y que, además, se rehúsa a hacerlo en inglés, idioma en el que puede expresarse con fluidez, como muestra de rechazo a Estados Unidos. Un sexto refugiado, el palestino Mohamed Tahamatan, no participa de la protesta.

Los refugiados contactaron a Pígola para que los asesorase y le aclararon que no disponían de medios para pagarle. El abogado aceptó colaborar en forma honoraria, porque considera que nadie debe quedarse sin asistencia jurídica. Pígola tiene como interlocutor en las conversaciones con el gobierno a Christian Mirza, que es el nexo con los refugiados que designó la cancillería.

El gobierno ya dijo que no quiere recibir más refugiados de Guantánamo. Todavía quedan allí 122 que llegaron procedentes de 18 países. El más joven tiene 29 años y el de mayor edad, 67. El gobierno de Estados Unidos estableció que 57 de los detenidos podrían ser liberados ya pero es difícil el proceso de encontrar países dispuestos a recibirlos. El diario The Wall Street Journal informó que la gran publicidad que tuvo la llegada a Uruguay de los liberados disuadió al menos a un país de recibir cautivos pese a que estaba originalmente dispuesto a hacerlo. El congresista estadounidense Ed Royce (republicano) planteó su inquietud al Departamento de Estado porque considera que los refugiados son peligrosos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que dejó sin efecto las medidas disciplinarias que había tomado contra un enfermero que se había negado a alimentar en Guantánamo a la fuerza a Jihad Ahmad Diyab, uno de los seis refugiados que hoy está en Uruguay y que todavía sufre secuelas de los reiterados ayunos que realizó para protestar por su encierro. El enfermo había sido asignado a una tarea distinta luego de su negativa.

Los abogados de la organización Reprieve llevan adelante una demanda judicial para que el gobierno de Estados Unidos difunda las filmaciones de los intentos de alimentación a la fuerza. La administración Obama sostiene que el público no tiene derecho a ver esas filmaciones. Diyab se desplaza en muletas. Solo habla en árabe.

El canciller cuestionó al anterior gobierno por la forma en que los recibió