MALESTAR MILITAR

Catarata de juicios contra impuesto a pasivos militares

Prometen cientos de recursos de inconstitucionalidad y otras acciones.

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Pasivos militares prometen desatar una guerra judicial contra nuevo impuesto. Foto: F. Ponzetto

Los teléfonos de los retirados militares "ardieron" en las últimas horas luego de que el Poder Ejecutivo enviara al Parlamento el proyecto de ley que crea un impuesto sobre las pasividades y retiros militares para financiar parte del Servicio de Retiros y Pensiones Militares. La decisión está tomada: presentarán un centenar de recursos de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley que consideran "expropiatorio" y "confiscatorio", y sumarán otras acciones por "daños y perjuicios" que ya anticipan que les generará, por ejemplo, en créditos hipotecarios.

La iniciativa legislativa crea una "prestación pecuniaria coactiva de asistencia" al Servicio, que "gravará las sumas nominales correspondientes a los retiros y pensiones" de los militares, señala el texto enviado a la comisión de Hacienda del Senado, el cual el Ejecutivo apuesta a que sea aprobado antes de fin de año.

El presidente del Centro Militar, coronel retirado Carlos Silva, envió el miércoles un correo a los cerca de 4.000 afiliados de la entidad y a un número similar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los oficiales de las Fuerzas Armadas, que también preside, consultando quién desea ser patrocinado. Ayer a las 8 de la mañana ya había recibido cerca de 500 correos afirmativos, dijo a El País. La conversación que se repite entre los retirados es que se debe conseguir "la mejor defensa posible".

"Están todos enojados, como locos, es una medida discriminatoria y casi confiscatoria porque si se suma el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que en enero va a aumentar por la Rendición de Cuentas, lo que pagamos a la Sanidad Militar de la que no nos podemos borrar, si queremos ser socios de una mutualista la tenemos que pagar aparte, y ahora esto, llegamos a casi el 45% del ingreso nominal. Estamos hablando de que nos van a retener casi la mitad de los haberes que los oficiales reciben a los 60 años, después de trabajar toda la vida te los sacan", dijo Silva a El País.

Según el coronel retirado, algunos camaradas están pensando en buscar trabajo "porque no les va a alcanzar el dinero", pero a esto agregó que se suma que muchos militares "tienen compromisos hipotecarios, lo que va a generar consecuencias porque en la cooperativa tenemos plata prestada a largo plazo a oficiales que ahora van a ver menguados sus ingresos". Por ello, más allá de los recursos de inconstitucionalidad, pretenden promover una acción por "daños y perjuicios" que se les puedan ocasionar.

El coronel retirado Hebert Fígoli, quien representa a un importante grupo de retirados, dijo a El País que el próximo lunes se reunirán en el Club de la Fuerza Aérea para definir las medidas a tomar. Allí se prevé analizar un informe jurídico encargado al estudio Guyer & Regules. Sobre la mesa también estarán los recursos de inconstitucionalidad.

Peso impositivo.

El impuesto que se crea por medio del proyecto de ley es de carácter progresivo (paga más quien recibe más) con tasas que van del 2% al 20% a partir de un mínimo imponible de 15 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) hoy equivalentes a $ 50.100 incluido el aguinaldo. La tasa más alta, de 20%, se aplicará a partir de las 40 BPC, hoy $ 133.600. El proyecto estipula que el dinero será recaudado a partir de enero 2017.

Según la exposición de motivos, "se estima que no serán gravados aproximadamente el 80% de los pasivos militares, lo que implica que más de 40.000 beneficiarios no pagarán este tributo". Además "se prevé que más del 65% de los ingresos se obtendrán a través de aquellas prestaciones mayores al equivalente a 30 BPC mensuales", hoy equivalentes a $ 100.200.

Silva no lo comparte. "Quieren decir que son pocos, pero son un montón porque se había logrado mitigar alguna cosa, pero volvimos al primer y peor proyecto que había mandado el ministro Danilo Astori".

Los militares deben aportar durante 36 años a la Caja un montepío que equivale al 13% de sus remuneraciones. A enero de este año el promedio de las jubilaciones era de $ 23.358, y el de las pensiones $ 15.370.

El Poder Ejecutivo también explicitó entre los argumentos, que la normativa tendrá carácter "transitorio" hasta que la ley reforme el marco normativo de la Caja Militar, y estableció como plazo máximo el 30 de junio de 2018. Para la reforma proyectada, se toma como modelo la que se hizo en la Caja Policial que aumentó la edad de retiro, favoreció al personal que realiza tareas ejecutivas y fijó aportes para partidas que estaban excluidas.

Sin embargo, Silva sostuvo que entre los militares "está claro que dicen que es transitorio, pero va a ser permanente (...) Es un problema ideológico, de una convicción de que las Fuerzas Armadas deben ser eliminadas y deben crearse guardias nacionales. Además la situación económica del país no se sabe cómo se va a resolver y los gastos del Estado no han bajado, por lo que no creemos que lo saquen. Es más, creemos que se puede extender a otros jubilados", resumió.

La meta del gobierno con este impuesto es reducir la transferencia desde Rentas Generales con destino al Servicio de Retiros y Pensiones Militares de un 10% desde el próximo enero.

El Poder Ejecutivo ha sostenido en reiteradas oportunidades que la asistencia anual a la llamada Caja Militar es de unos US$ 400 millones.

Déficit fiscal: la estrategia del ministro.

En mayo pasado, cuando el ministro de Economía Danilo Astori anunció en conferencia de prensa una serie de medidas para contener el déficit fiscal, en lo previo del envío de la Rendición de Cuentas 2015 al Parlamento, mencionó varias, entre las cuales figuran el aumento del IRPF y del IASS, la rebaja del IVA y la reforma de la llamada Caja Militar, que en realidad es el Servicio de Retiros y Pensiones Militares. Por ejemplo, el ministro adelantó que se limitará el ingreso de funcionarios a la Administración Central. Según el mecanismo, de cada tres funcionarios que egresen de la Administración Central ingresarán solo dos teniendo en cuenta los perfiles. En ese momento el ministro quería que se aprobara la reforma de la Caja Militar este mismo año para disminuir la asistencia financiera del Estado, que en 2015 se situó en US$ 400 millones. Pero los objetivos cambiaron y con este nuevo proyecto se pretende abatir en parte el déficit antes de la reforma definitiva. Astori informó de una rebaja de dos puntos más de IVA para compras con tarjetas de débito y crédito que llega a los consumidores más los dos puntos que ya se registran. Esta disposición ya fue aprobada por ley. En cuanto al IRPF, en la franja entre $ 23.380 a $ 33.400 se mantiene el porcentaje de 10%, mientras que para la de los que ganan entre $ 33.400 y $ 50.101, que hoy está gravado con un 15%, se propone un aumento a 18%. La que va de $ 50.101 a $ 167.000, hoy con un 20%, pase al 23%; la franja que va de $ 167.001 a $ 250.500 del 22% al 26%; la franja de $ 250.501 a $ 384.100 se grava hoy con 25%, y se propone 29%, mientras que para la que va de $ 384.101 en adelante, hoy con el 30%, se propone 34%. Los nuevos porcentajes regirán desde enero junto con la Rendición de Cuentas. En cuanto al IASS y sus nuevas tasas, se aprobó y está vigente: de $ 50.100 a $ 167.000 paga 20% y pasa a 23%, y los que lleguen a más de $167.000, que pagan 25%, pasan a 29%.

Un rendimiento anual de Us$ 40:

Los cálculos efectuados por una comisión de retirados que representa a todos los centros de oficiales activos y en retiro, sitúan entre US$ 35 millones y US$ 40 millones el rendimiento anual que puede llegar a tener el impuesto que se aplicará a los retiros y pensiones servidos por el Servicio de Retiros de las Fuerzas Armadas.

Afirmaron que es apenas la décima parte del déficit anual del Servicio, que en 2015 fue de US$ 400 millones. Según las fuentes, este impuesto alcanzará a 6.000 oficiales retirados. Voceros del grupo afirmaron a El País que lo máximo que puede pagar un privado por IRPF es 36% de sus ingresos, por un sueldo máximo de $ 380.000, mientras que los oficiales afectados pagarán en total el 45% de sus ingresos por pasividades máximas de $ 150.000.

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