Enfermeros, Pluna, vivienda sindical, Lola, barrabravas, Figueredo y la FIFA.

En 2015 varios casos polémicos quedaron inconclusos. Este año el Tribunal de Apelaciones tendrá un rol clave para poder determinar el fin de algunas causas. Pero también existirá la particularidad de que el fiscal de Crimen Organizado, Juan Gómez, dejará ese puesto para pasar a la Fiscalía en lo Penal de Primer Turno, lo que llevará a que quien lo sustituya, la fiscal penal María Camiño, deberá volver a analizar todos los expedientes.

La fiscal penal Mónica Ferrero apeló la sentencia que absolvió de delito a los enfermeros Marcelo Pereira y Ariel Acevedo el 26 de febrero de 2015 y pidió a la Justicia que los condene, aunque deja la puerta abierta para que se les tipifique homicidio en grado de tentativa o, al menos, violencia privada. El caso quedó en el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno y no se espera que tenga resolución en el corto plazo.

El empresario Juan Carlos López Mena no pasó por el juzgado en 2015. También quedó pendiente una resolución sobre el "caballero de la derecha" que adquirió los aviones en el remate de Pluna. Lo último en este caso fue la orden de captura que libró la jueza Adriana de los Santos contra el empresario argentino Pablo Vera Pinto, quien fuera presidente de la aerolínea Aerovip que Pluna adquirió en un 60% pese a estar en quiebra y no tener aviones ni frecuencias regulares.

Daniel Rocca, el exabogado de Juan Carlos López Mena, le reclamó US$ 1,8 millones por honorarios impagos y una indemnización de US$ 200.000 por daño moral por el asesoramiento que le prestó una vez fracasada la subasta de los aviones de Pluna. Rocca había revelado reuniones que mantuvo el gobierno con el empresario. En julio de 2015 la jueza Cristina Crespo rechazó la demanda, pero Rocca apeló. El caso está en el Tribunal de Apelaciones.

El caso no tuvo avances en 2015. La propietaria de una barraca, una empresa multinacional ecuatoriana y un particular presentaron denuncias ante la Justicia por estafa de gestores vinculados al Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. Demostraron tener contratos firmados por el encargado del plan, Eduardo Burgos. En septiembre representantes de más de 30 sindicatos comparecieron ante el Juzgado Civil de 16° turno, pero el caso no tuvo resolución.

Se cumplió un año de la muerte de la joven argentina Lola Chomnalez en Valizas. Pasaron por el juzgado de Rocha unas 30 personas que prestaron declaración ante la jueza Silvia Urioste y el fiscal Rodrigo Morosoli. La investigación sigue, pero sin un dato firme que pueda dar con el matador. La semana pasada Policía Científica ingresó en su base de datos las muestras de ADN de reclusos de todas las cárceles del país en un intento por ubicar al criminal.

La ginecóloga Milvana Salomone fue secuestrada en Parque Batlle y liberada 29 días después. Siete hombres fueron procesados con prisión. Pero la jueza Dolores Sánchez y la fiscal María de los Ángeles Camiño dejaron el caso abierto debido a que dos de los reclusos, considerados los cabecillas, Pedro Leone y Gustavo Lepere, afirmaron que su intención era la de secuestrar a otra persona: un dentista que, según dijeron, tenía lingotes de oro.

El juez Homero Da Costa y el fiscal Ariel Cancela investigan el vínculo de barrabravas con dirigentes deportivos. El caso se arrastra desde 2013 cuando el juez procesó con prisión a un hincha de Peñarol con seis antecedentes penales por tráfico de drogas. El asunto es que escuchas e indagatorias vincularon a un dirigente de fútbol. Un dato incorporado al expediente fue una lista de 23 referentes de seguridad a sueldo de Peñarol.

En noviembre de 2014 la jueza Beatriz Larrieu resolvió archivar el caso y no hacer lugar al pedido de procesamiento con prisión que había hecho el fiscal Ariel Cancela para los dos propietarios de la aerolínea Air Class por su responsabilidad en el mal estado de los aviones, que derivó en la muerte de los pilotos Walter Rigo y Martín Riva, cuando el avión cayó al Río de la Plata en 2012. El fiscal apeló y el caso pasó al Tribunal de Apelaciones.

La Justicia citó al supuesto testaferro del exvicepresidente argentino Amado Boudou, Alejandro Vanderbroele, por el origen del dinero que transfirió desde Montevideo a Buenos Aires para la compra de la empresa Ciccone Calcográfica que imprime billetes. En todo 2014 eludió las citaciones por lo que el juez Néstor Valetti junto al fiscal Juan Gómez resolvió pedir la extradición. Vanderbroele está procesado en Argentina por un delito de corrupción.

El juez Néstor Valetti investiga la adjudicación para la construcción de la planta de ALUR. El empresario uruguayo radicado en Brasil, Gabriel Pérez Morgan, denunció que hubo una "sobrefacturación monstruosa". La obra tuvo un costo de US$ 147 millones, pero según el empresario no podría haber costado más de US$ 40 millones. Directivos de ALUR denunciaron por difamación e injurias al empresario y a su socio local, pero el caso se archivó.

El caso de Eugenio Figueredo ha sido el más mediático en 2015. La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales presentó una denuncia contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con Figueredo, exvicepresidente de FIFA, como principal acusado. En diciembre pasado, la jueza Adriana de los Santos lo procesó con prisión por el delito continuado de estafa en reiteración real con un delito continuado de lavado de activos. Sin embargo la investigación continúa a partir de las declaraciones de Figueredo que desentrañó la ruta de lavado de dinero que se hacía en Uruguay. Figueredo está detenido en Cárcel Central, tras ser extraditado desde Suiza, donde había sido detenido.

La Agenda Judicial para 2016