Valetti y De los Santos dejan Crimen Organizado en el segundo semestre.

En el segundo semestre de este año, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cambiará a los dos jueces especializados en Crimen Organizado, Adriana de los Santos y Néstor Valetti. Dentro de la Corte ya hay un principio de acuerdo sobre sus sucesores. "Con los otros ministros ya hemos conversado sobre el tema. Pero no puedo hacer público nombres. Se trata de un asunto que aún no está definido", dijo a El País el ministro de la Corte, Jorge Larrieux. De los Santos y Valetti asumieron en 2012. Investigaron sonados casos de corrupción y tráfico de drogas. Quienes los reemplacen, deberán seguir estos casos, algunos que están en sus etapas finales y otros que recién comienzan, como el de Ancap.

El 23 de abril la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, procesó con prisión al mexicano Gerardo González Valencia, el número dos del cartel "Los Cuinis", por un delito de lavado de activos. González Valencia se instaló en Punta del Este en 2012 donde adquirió el chalet "Quincho Grande". El 25 de mayo, la Policía encontró sustancias prohibidas dentro de la celda del narco en el Comcar. Este amenazó con colgar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi de un puente. El caso lo investiga el juez Valetti.

La Mutual de Futbolistas Profesionales presentó una denuncia contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con Eugenio Figueredo, exvicepresidente de FIFA, como principal acusado. En diciembre de 2015, la jueza De los Santos lo procesó con prisión por el delito continuado de estafa en reiteración real con un delito continuado de lavado de activos. Citó como testigo al presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, quien dijo que había denunciado a la Conmebol.

El 19 de abril los cuatro partidos de oposición con representación parlamentaria presentaron varias denuncias penales en la sede del juez Valetti por la gestión en Ancap. Las denuncias fueron el resultado de una comisión investigadora del Senado que trabajó en 2015, y que hizo foco en la gestión del actual vicepresidente, Raúl Sendic, al frente de Ancap. Los denunciantes piden citar a medio centenar personas, entre funcionarios y empresarios.

Dos abogados y dos corredores de bolsa uruguayos sospechosos de haber participado en maniobras de lavado de dinero de coimas pagadas por Petrobras para facilitar contratos, son investigados por la jueza De los Santos y la fiscal María Camiño. El caso es conocido en Brasil como "Lava Jato" (lavado de autos a presión). Una investigación de la Policía Federal constató que políticos y directivos de Petrobras utilizaban lavaderos de autos y estaciones de servicios para "blanquear" dinero de coimas.

Los videos en "La Rosadita" muestran al hijo del empresario Lázaro Báez, Martín Báez, y a otras personas de su entorno, contando US$ 5 millones de sobrefacturaciones de obras públicas. La Justicia argentina comprobó que ese dinero vino a Uruguay y fue girado al exterior. En Uruguay, fue comprado el campo "El Entrevero" y dos terrenos en la Playa Brava. De los Santos pidió datos a Argentina sobre bienes de varios empresarios K.

Las investigaciones judiciales sobre hechos de corrupción en la Armada se iniciaron a mediados de 2010 a través de una denuncia anónima que llegó al despacho de la entonces fiscal especializada en Crimen Organizado, Mónica Ferrero. La investigación derivó en los procesamientos de oficiales jefes de la Armada y proveedores por compras simuladas. Días atrás, el juez Valetti indagó a varios funcionarios de la Armada sobre el uso de los vales de combustible y el funcionamiento del sistema de contabilidad de dicha fuerza.

La jueza De los Santos solicitó a la Secretaría Antilavado de Activos que analice la obra de la regasificadora en Puntas de Sayago ante la presunción de que se trataría de un caso de lavado de activos. En agosto de 2015, la empresa uruguaya Costa Fortuna presentó ante la Justicia de Crimen Organizado una denuncia por estafa contra GNLS (firma encargada del desarrollo del proyecto de la regasificadora) y OAS (contratada por la anterior para la construcción de las obras). Costa Fortuna había sido subcontratada por OAS. Para Costa Fortuna, GNLS montó "una estratagema" y una "maniobra meticulosa y sofisticada" con "el objetivo de obtener un provecho injusto de sumas millonarias en dólares".

El 22 de mayo de 2015, el exgerente de Pluna, Matías Campiani fue liberado. Había sido procesado por estafa por la jueza De los Santos y el entonces fiscal Juan Gómez. Por este mismo caso fueron procesados sin prisión el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el expresidente del Banco República, Fernando Calloia, por el otorgamiento del aval a la aerolínea Cosmo para que se presentara al remate de los aviones de Pluna. Calloia apeló y un tribunal revocó su procesamiento. Ahora su caso está en manos de la Corte. Lorenzo no apeló.

Los robos de nafta en la ex Cayma —unidad policial que reparaba la flota y otorgaba vales de combustible a patrulleros— y los continuos fraudes en el cobro de miles de horas por el Servicio 222, fueron investigadas por el juez Valetti. A mediados de 2015, el magistrado procesó a ocho efectivos y a un empresario dueño de una estación de servicio por los delitos de fraude y abuso de funciones (en Cayma). Los policías procesados eran inspectores, oficiales y agentes. Solo uno de ellos fue procesado con prisión. El resto fue sin prisión, pero con arresto domiciliario de uno a tres meses de duración. Por los fraudes en las horas del Servicio 222, fueron acusados un ex- subjefe de Policía de Montevideo y un exsubjefe de Policía de Tacuarembó. Las investigaciones judiciales continúan. En las faz administrativa, un sumario concluyó que uno de los subjefes acusados no cometió ningún delito ni irregularidad administrativa.

El 18 de julio del 2014, el juez Valetti procesó al exdirector de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alfredo Silva, y a otros cinco acusados por irregularidades en facturaciones en hospitales públicos que habría realizado la cooperativa de limpieza Buena Estrella. Silva fue señalado por algunos testimonios de haber ejercido presión sobre directores de hospitales para hacer las contrataciones con la asociación civil Buena Estrella, que se ocupaba del servicio de limpieza en el hospital Maciel, el Instituto del Cáncer y los centros de Salud Pública de Pando y Rivera. Onamérica, una de las cinco firmas cuyos dueños fueron procesados por pagar coimas a Heber Texeira, exencargado de empresas tercerizadas en la Federación de Funcionarios de Salud Pública y procesado con prisión por la Justicia, mantiene tres contratos con la Administración de Servicios de Salud del Estado. Uno de ellos fue firmado en 2016.

Los jueces especializados en Crimen Organizado, Néstor Valetti y Adriana de los Santos, procesaron a decenas de personas por su vinculación al megatráfico de drogas en Uruguay y hacia Europa. Valetti aún analiza un voluminoso expediente donde navegantes uruguayos capitaneaban veleros que transportaban centenares de kilos de cocaína pura hacia Europa. De los Santos, por su parte, en sus investigaciones con la Brigada Antidrogas, decomisó dos toneladas de marihuana en 2013. Valetti y De los Santos investigaron casos de contrabando en gran escala o lavado de activos cuyos delitos precedentes fueron cometidos en el extranjero. Además remitieron a traficantes internacionales de armas. Ambos magistrados también procesaron a extranjeros que lideraban sectas, uruguayos involucrados en redes internacionales de pedófilos, y cooperaron con otros países al brindar información sobre delincuentes.

JUZGADOS EN CRIMEN ORGANIZADOEDUARDO BARRENECHE