DICTADURA DE PINOCHET

Caso Berríos: militares vuelven a cumplir pena

Tras larga batalla jurídica se concreta su retorno desde Chile.

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Avión Hércules de la Fuerza Aérea.

Tras varios años detenidos y procesados en Chile por el llamado caso Berríos, esta semana volverán a Uruguay los militares Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, quienes continuarán cumpliendo su sentencia en el país, según pudo saber El País. Autoridades policiales y del ministerio de Defensa Nacional coordinan la llegada de los tres que se concretará entre el jueves 17 y el viernes 18, dijeron los informantes.

En agosto de 2015, la Corte Suprema chilena dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte del químico Eugenio Berríos, un ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet.

Según la sentencia, Casella fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y cinco años y un día por asociación ilícita. Radaelli fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sarli, por su parte, fue sentenciado a cinco años y un día por su responsabilidad como cómplice de secuestro y a 60 días asociación ilícita.

Berríos fue un agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la policía secreta de la dictadura de Pinochet (1973—1990), a la que se le atribuye la mayoría de las 3.000 víctimas que dejó el régimen.

Berríos fue responsabilizado de la fabricación en Chile del denominado gas sarín que fue usado contra los opositores del régimen. Su cadáver apareció en una playa cercana a Montevideo en 1995, cuatro años después de huir de Chile para eludir investigaciones en su contra.

Otros once militares chilenos fueron condenados como autores materiales, intelectuales y cómplices del secuestro y asesinato.

Custodia.

La vinculación de Berríos con el Ejército uruguayo se concretó cuando el científico huyera a Uruguay en noviembre de 1991, en pleno gobierno del expresidente nacionalista Luis Alberto Lacalle, para evitar declarar en el juicio abierto por el asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier, perpetrado en Washington en 1976.

El científico se instaló en Montevideo con el nombre falso de Tulio Orellana y fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado. Fue entregado a unos militares uruguayos, supuestamente para que lo custodiaran, y no se supo más de él hasta que en abril de 1995 se descubrió su cadáver, que había sido enterrado en una playa, atado y con disparos en el cráneo.

Aunque la muerte del científico se produjo en territorio uruguayo, la justicia chilena pidió la deportación de los presuntos responsables, cosa a la cual la Suprema Corte de Justicia (SCJ) accedió por unanimidad de sus cinco ministros en 2006, durante el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez.

Cuando se consumó la extradición Casella estaba retirado del Ejército con el grado de coronel, pero tanto Radaelli como Sarli estaban en actividad, el primero con el grado de teniente coronel y el segundo con el de coronel.

Los centros sociales militares protestaron airadamente por la extradición, no así la oficialidad en actividad.

Durante años y a través de incontables gestiones de sus abogados e incluso a nivel del Poder Ejecutivo, se consiguió que los tres sentenciados por la justicia chilena retornen a Uruguay para cumplir con el resto de su condena.

Los coletazos en el Parlamento

Desde que se confirmó la aparición del cadáver del científico chileno Eugenio Berríos en 1995, el caso ha tenido en la siguiente década una cantidad de repercusiones en el Parlamento, desde comisiones investigadoras reservadas hasta interpelaciones a los ministros de Defensa Mariano Brito, en el gobierno blanco, y Azucena Berruti, ya en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez.

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