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Casal a un paso de que lo indemnicen por el FIFAgate

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Francisco Casal.
El Comercio - lima, diciembre 28 del 2012 EMPRESARIO DE FUTBOL URUGUAY Francisco Paco Casal foto Mario Fernandez Guevara - lima - peru - Consuelo Vargas
Consuelo Vargas - El Comercio/El Comercio

DERECHOS DE TELEVISACIÓN

Fallo en EE.UU. le da la razón parcial al empresario local.

La Justicia de Florida, en el sureste de Estados Unidos, dio lugar a cinco de 11 demandas que presentaron Francisco Casal y sus socios contra quienes se hicieron de los derechos de televisación del fútbol sudamericano desde 2000 a 2015.

La mayor productora de eventos deportivos de América Latina, Torneos y Competencias, había pagado sobornos durante 15 años para quedarse con los derechos de televisación del fútbol regional. La trama salió a la luz en mayo de 2015, cuando se destapó el caso de corrupción conocido con el FIFAgate.

GolTV y Global Sports —dos de las empresas propiedad de Francisco Casal, Enzo Francescoli y Nelson Gutiérrez— denunciaron que el plan de sobornos lesionó sus intereses. En más de una oportunidad, dicen los demandantes, ofrecieron cifras superiores para hacerse de la televisación de la Copa Libertadores y Sudamericana, pero la Conmebol siempre ha rechazado sus propuestas.

Torneos y Competencias había reconocido su culpabilidad en diciembre de 2016, pero la primera demanda en Estados Unidos de Casal y compañía recién fue presentada en octubre de ese año.

Con la ayuda del bufete de abogados Winston & Strawn, donde trabaja la exembajadora de EE.UU. en Uruguay Julissa Reynoso, en 2017 los demandantes se presentaron ante el Tribunal de Florida.

¿Por qué la acusación llegó a la Justicia de Florida? GolTV está radicada en ese estado norteamericano. Además, el 16% de los televidentes de los torneos que organiza la Conmebol son de Estados Unidos. Los demandantes entienden que se vieron perjudicados y, por tanto, acudieron a la sede judicial de su distrito.

En un fallo emitido el pasado viernes, la jueza Cecilia M. Altonaga dio la razón a que las empresas de Casal pudieron verse afectadas si se tiene en cuenta la ley civil RICO, una normativa que penaliza el uso de extorsión y corrupción para influir organizaciones. También pudieron verse afectados en base a la ley local de prácticas comerciales desleales y engañosas. Sin embargo, no dio lugar a los seis cargos de alegaciones antimonopólicas.

Antes del 8 de febrero, las partes tendrán que presentar los informes con pruebas.

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