El 1° de enero de 2017 es la fecha establecida para que comience a funcionar el nuevo sistema penal uruguayo, con juicios orales y los fiscales como encargados de la investigación.

Sin embargo, en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideran que será "muy difícil" que puedan cumplir con los plazos. Harán falta más edificios para los juzgados, capacitar a funcionarios y nombrar al menos 60 nuevos jueces. Además de la nada despreciable suma de 25 millones de dólares.

Jorge Chediak, que mañana lunes asumirá la Presidencia de la SCJ, dijo a El País que la Corporación y la Fiscalía de Corte "van a hacer todos los esfuerzos necesarios para obtener este año los fondos presupuestales necesarios", que deberán estar incluidos en la ley de Presupuesto quinquenal.

Aseguró que ahora sólo tienen sedes para comenzar a aplicar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en Montevideo y Maldonado, que es donde hay más trabajo. En el resto de los departamentos la SCJ no tiene definidos locales donde funcionarán los nuevos juzgados penales.

En Montevideo la SCJ adquirió el edificio del ex Banco la Caja Obrera, en calle 25 de Mayo, que tiene 6.000 metros cuadrados y le costó 6.000.000 de dólares. "Probablemente en dos o tres años esté pronto para los nuevos Juzgados Penales", informó Chediak. En el caso de Maldonado, la SCJ firmó en diciembre un contrato con la empresa Stiler para construir el primer módulo del nuevo centro de Justicia, en el Campus de esa ciudad. Ese primer módulo estaría pronto más o menos en dos años y va a ser para los Juzgados penales.

"En el resto del país no tenemos locales para poner en funcionamiento el Código", reconoció Chediak, y agregó que será necesario "salir a ver el mercado inmobiliario a ver si hay ofertas para ver qué se puede comprar y qué se puede arrendar. Además, los procesos de arrendamiento del Estado requieren que Catastro apruebe los contratos y luego de arrendar esos inmuebles hay que adecuarlos. Eso nos llevará unos dos años, entonces es muy difícil que para el 1° de enero de 2017 se pueda poner en funcionamiento el Código en todo el país". Sin embargo, Chediak aseguró que "se va a hacer lo imposible" para cumplir con la fecha.

Según el nuevo CPP, los juicios serán orales, públicos y con un nuevo sistema acusatorio. Esto último implica que serán los fiscales quienes desarrollarán las indagatorias y los jueces pasarán a ser terceros imparciales que resolverán. (Ver infografía).

Si no puede ver la infografía haga click aquí

Esta reforma procesal penal requiere duplicar los operadores del sistema de Justicia en materia penal, eso significa más de 60 jueces nuevos, más de 60 defensores y más de 60 juzgados penales nuevos en todo el país y un número equivalente de fiscales.

Chediak dijo que "el número de jueces que hay que tener para aplicar el Código es otro problema importante tanto para la Fiscalía de Corte, en el caso de los fiscales, como para la Suprema Corte de Justicia en el caso de los jueces, porque tenemos una escuela judicial que todos los años hace llamados públicos a interesados a ingresar a la carrera judicial y, en general, las generaciones de quienes se presentan y aprueban no son más de 20 por año, y eso a duras penas nos permite el recambio generacional".

El ministro de la SCJ explicó que para el nuevo CPP se requiere incorporar al menos 62 magistrados adicionales. "Eso es un esfuerzo muy importante para el Poder Judicial y no es fácil conseguir los candidatos", admitió.

Los nuevos jueces tendrán bajo su responsabilidad los expedientes hasta el procesamiento y otros que asumirán competencia para el dictado de la condena. Hoy el mismo juez dicta sentencia y hace el seguimiento de la ejecución de la condena.

Para poder alcanzar la cantidad de jueces que se precisa para aplicar el nuevo Código, la SCJ está pensando hacer llamados adicionales de jueces. A partir de mañana lunes, en la primera reunión del año, la SCJ definirá los criterios para estos llamados.

Chediak: ES “muy difícil” que EN 2017 en condiciones de poner en práctica el CPPMARÍA EUGENIA LIMA