Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario de Cárceles.

—Usted al asumir dijo que el sistema carcelario no estaba tan mal. ¿Qué ha cambiado en diez meses?

—Lo que yo dije al asumir, y lo había escrito antes en un estudio, es que el sistema penitenciario había avanzado y que había logros importantes, pero dije que estaba a mitad de camino y que había que seguir avanzando. Hoy sigo creyendo lo mismo, que en los últimos seis años ha habido importantes mejoras, como es la mayor presencia de la salud pública, personal civil, un solo instituto nacional, se apoyaron varios programas innovadores, se bajó el hacinamiento en parte de los centros, pero nos falta mucho. Estamos muy lejos todavía de donde podíamos estar en cuanto a nivel de cuidado de los derechos humanos y en cuanto a los niveles de reincidencia. Se mejoró mucho, pero todavía estamos muy mal. Creo que la reforma penitenciaria, que nació con un acuerdo multisectorial e interinstitucional, debería tener una refundación, un segundo tiempo, un nuevo hito, que marque las líneas para seguir de aquí a diez años y supere los problemas tan graves que todavía están pendientes.

—Hace unos días usted señaló que la situación era desesperantemente explosiva. ¿Por qué usó ese concepto?

—Primero, porque el problema es muy grande. Hay cosas que se han acumulado por décadas: malos edificios, malas prácticas, poca formación, poca conexión del sistema penitenciario con otras áreas del Estado. Segundo, porque la población penitenciaria tuvo una explosión demográfica que nos debería hacer buscar otras soluciones fuera de la cárcel: tenemos, en porcentaje, una de las mayores cantidades de presos por habitante del mundo de habla hispana. Y tercero, porque tengo la impresión de que la reforma va a una velocidad muy menor a los problemas que están pendientes, que también se mueven. Y, sobre todo, porque hay muchas vidas en juego: la de los internos, los funcionarios, sus familias y la de todos los integrantes de la sociedad para quienes es muy diferente tener cárceles que integren y rehabiliten, a tener cárceles que sean focos de violencia y ruptura.

—Operadores judiciales señalaron que la situación ya explotó en las cárceles. ¿Usted qué opina?

—Supongo que hay una implosión diaria, a veces poco visible, que ocurre en dos terceras partes del sistema, que es el deterioro que producen muy malas condiciones de reclusión con ausencia de actividades y programas técnicos. Hay un daño que es como el ruido en la línea de un teléfono que anda mal. Ese deterioro en algunos lugares genera una auténtica lucha por la supervivencia donde sale lo peor de todos. Y eso es lo que hay que revertir, el Uruguay se merece otra cosa.

—¿Cree usted que una cárcel con 3.400 personas es manejable?

—Hay muchas cosas que en el comportamiento humano, en la temática del delito y en el trabajo penitenciario no nos podemos explicar todavía. Hay cosas que están claras en todo el mundo. Una es que centros que trabajen por la rehabilitación con más de 500 personas son de muy difícil manejo. O sea que si hablamos de más de 3.000 estamos hablando de una ciudad fuera de todos los mapas.

—¿Considera que dos o tres guardias por módulo de 700 presos pueden controlar situaciones violentas?

—Por supuesto que no. Esa una de las alarmas que están sonando. Pero hay varias alarmas sonando. Tantas que capaz nos aturden. Pero hay que verlas una a una y trazar una nueva etapa que aborde todos los temas de fondo. Es impensable que el Ministerio del Interior pueda hacerlo solo, por algo esto se viene procesando, como un gran infarto, desde hace años. La política penitenciaria tiene que ir de la mano de la política social, y eso implica que adentro del sistema tiene que estar vigorosamente el sistema educativo, la salud pública, la salud mental, el Ministerio de Desarrollo Social, y otros actores a los que sería bueno convocar, incentivar y abrirles las puertas: empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, técnicos organizados y que brinden servicios.

—¿Porqué es tan alta la reincidencia?

—Es como en un hospital donde no hay médicos ni enfermeros.

—¿Hay mafias en las cárceles?

—Tengo muy presentes los escritos de Primo Levi sobre los extremos a los que puede llegar el ser humano. Me consta que cuando no hay una presencia técnica que sostenga una buena convivencia y que dé un sentido a la vida, la degradación y la lucha por la supervivencia puede dar lugar a cualquier cosa.

—¿El consumo de drogas dentro de los penales es un problema endémico y es uno de los disparadores de la violencia?

—Las adicciones son un problema dentro y fuera de las cárceles. Creo que nos faltan herramientas para enfrentar el tema adentro y afuera. Pero adentro de las cárceles todo es más extremo. Hay muy pocos programas contra las adicciones en el sistema penitenciario, que son las muy puntuales, pero positivas y muy meritorias acciones de salud mental de ASSE. Pero apenas pueden responder a una mínima parte de lo que se necesita. Hay un planteo para que programas especializados, las universidades, y Narcóticos y Alcohólicos Anónimos puedan desplegar su actividad en las cárceles. Hay que abrir las puertas a esos aportes urgentemente.

Nació en 1957. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Ha trabajado en políticas sociales y en periodismo. Fue director del Consejo del Niño e Instituto Nacional del Menor (actual INAU) entre 1985 y 1990. Ocupó los cargos de gerente Técnico del Centro Nacional de Rehabilitación (2001-2005), Relator Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2001-2007), Asesor en Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007-2015). Además, fue consultor de la Organización Internacional para las Migraciones sobre trata de personas y explotación sexual comercial. Fue cronista del semanario Opinar (1980-83), Redactor Responsable del semanario Jaque (1983-85), editor del semanario Tres (1996-2001), periodista y conductor en radio El Espectador y el diario El País (2001-2007). Como Relator Especial de derechos humanos condujo nueve misiones de visita a diversos países.

E.B.

ENTREVISTAE.B.