Una mujer que regenteaba dos geriátricos fue procesada con prisión por privación de libertad. La fiscal letrada departamental, María Auxiliadora Cosse y el juez letrado, Ismael Falco, comprobaron que la procesada retenía en una habitación a los pacientes a su cargo.

La presencia de la Justicia en los geriátricos se produjo luego que fiscal recibió varias denuncias sobre presuntos malos tratos que estarían recibiendo los pacientes internados.

En el procedimiento actuaron médico forense, fiscal y policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que se enteraron de la naturaleza del operativo en el momento de salir a realizar los allanamientos.

La mujer procesada tiene 43 años y sus iniciales son L.G.C. Figuraba como responsable de los geriátricos pero no hay registros en que aparezca como dueña de los establecimientos.

Los pacientes que tenía a cargo eran adultos mayores y personas con patologías psiquiátricas. El procedimiento principal fue en una chacra semiabandonada instalada frente a la planta potabilizadora de OSE de Salto.

Fue el propio juez Falco quien, en medio de un allanamiento, abrió el candado de la puerta que impedía la salida a una mujer que estaba encerrada rodeada de heces y orina.

Una vez liberada la mujer se identificó con nombre y apellido. Agradeció a los funcionarios actuantes y dijo "gracias por salvarme, L.C. nos faja todos los días. Ella me pegó, me pegó en la cara, me dobló el brazo", según confirmaron a El País fuentes judiciales. La mujer dijo que estaba en el lugar desde la hora 03.00.

Entre quienes escucharon esos testimonios de mal trato de parte de la liberada estaba L.G.C. y otro residente del geriátrico quien testificó en similares términos cómo se los encerraba en esa pieza que carece de baño y se los mantenía sin asistencia alguna mediante la clausura de una puerta que se aseguraba con tres pasadores desde el exterior.

De las actuaciones y declaraciones de la responsable ahora presa, se desprende que estos geriátricos atendían a unas 40 personas en dos fincas. Ambas locaciones funcionaban con conocimiento de los Ministerios de Desarrollo Social (Mides) y de Salud Pública (MSP).

La Justicia pudo confirmar que los geriátricos habían sido inspeccionados el pasado año de acuerdo a la documentación incautada y que ahora está bajo custodia en la sede judicial.

Ahora el juez Falco ordenó a los ministerios antes mencionados que le informen sobre las inspecciones cumplidas en ambas residenciales y que lo hagan por escrito dentro de los 15 días de la notificación.

Asimismo el magistrado pidió al Mides y al MSP que se sirvan informar dentro de los 15 días de plazo y bajo apercibimiento, los nombres de los funcionarios que concurrieron a inspeccionar o cumplir cualquier tipo de tareas inherentes a su cargo en los establecimientos que fueron allanados. Además de la responsable de los geriátricos, la Justicia investiga el papel que les cupo a tres profesionales médicos.

Por otra parte, y en el marco de las investigaciones que se inician con este caso, el juez Falco ofició al Banco de Previsión Social un expediente en el que solicita se le informe sobre los datos personales de los internos y de la encausada para que la institución aporte información acerca de la existencia de préstamos u operaciones que impliquen descuentos no dispuestos por ley, por ejemplo préstamos sociales y de empresas de intermediación financieras o de cooperativas de ahorro y crédito.

Tenía dos geriátricos en Salto; investigan a MSP y Mides