Agrupan a acusados por zonas; jueces, víctimas y testigos esperan horas.

Un plan piloto dispuesto por la Policía, que consiste en reunir a los detenidos en cada una de las cuatro zonas operacionales y luego trasladarlos a los Juzgados Penales, provocó ayer malestar en los cuatro jueces penales de turno. Los magistrados se quejaron porque debieron esperar hasta tres horas para iniciar los interrogatorios a 40 acusados y a un número superior de víctimas y testigos.

Por ejemplo, Juan M. (nombre ficticio) fue detenido en la madrugada de ayer por efectivos de la Seccional 24ª (Cerro y barrios aledaños) tras cometer un hurto. Fue derivado a la Zona Operacional 4, repartición que nuclea a siete seccionales, entre ellas la 24ª. Luego de que todos los detenidos estuvieran reunidos en dicha zona, Juan fue trasladado en un ómnibus junto con otros acusados rumbo al Centro de Instrucción Criminal (CIC) donde funcionan los juzgados penales de turno.

En un primer momento, los cuatro jueces penales de turno, Julia Staricco, Fanny Canessa, Ricardo Míguez y Nelson dos Santos, analizaron presentar una queja formal ante la Suprema Corte de Justicia. Luego desistieron de esa medida y optaron por trasmitir su molestia a autoridades policiales.

La medida de la Policía tiene como objetivo racionalizar recursos. Por día, son decenas los móviles y efectivos utilizados en el traslado de los sospechosos a los juzgados de turno. Esos recursos podrían ser utilizados en patrullajes preventivos u otros operativos, explicaron a El País fuentes policiales.

Operadores judiciales se quejaron ayer que la medida de agrupar reclusos por zonas generó un caos en el Centro de Instrucción Criminal. Por ejemplo, detenidos pedidos por los jueces penales para las 8 de la mañana de ayer fueron trasladados a las sedes a las 10 o a las 11 horas.

Ello generó enormes esperas de las víctimas y de testigos de hechos ilícitos, quienes debieron esperar que llegaran los detenidos.

Jueces consultados por El País señalaron que, hasta que no llegaran los sospechosos no podían comenzar con los interrogatorios. Además se retrasaron otras etapas procesales como las designaciones de abogados defensores por parte de los acusados.

Según los magistrados, las demoras en trasladar a los detenidos también afectan los plazos constitucionales (48 horas) que tienen los jueces penales para expedirse sobre si procesan o dejan en libertad a un sospechoso.

Los jueces reclamaron a las cuatro zonas que, mientras no llegaban los detenidos, les enviaran los partes (informes) de los hechos ilícitos sucedidos en las respectivas jurisdicciones. Hubo un intento de las zonas de enviar los partes por fax a los juzgados pero la solución no tuvo éxito.

Los jueces debieron aguardar que llegaran juntos los detenidos y los partes.

Fuentes policiales indicaron a El País que analizarían el impacto de la medida y si los tiempos de traslados de los reclusos no se acortan, volverían al sistema antiguo (patrulleros y furgones carcelarios).

Los últimos enfrentamientos entre narcos en los barrios Marconi y 40 Semanas obligaron a la Policía a reforzar la vigilancia en ambas zonas, dijeron las fuentes.

El próximo martes, la Dirección Nacional de Policía hará una presentación pública sobre los resultados de la aplicación del programa de Personal de Alta Dedicación Operativa (PADO), sistema de patrullaje iniciado en mayo de 2016 en Montevideo, Canelones y en San José.

Según las fuentes, este plan —cuenta con 1.000 efectivos con dedicación total— generó una baja de las rapiñas en un 8% en Montevideo en el último año. Estadísticas sobre los "puntos calientes" (lugares donde se cometen ilícitos) de Montevideo revelaron a autoridades policiales que se deberá extender la aplicación del PADO de ocho a 24 horas.

EDUARDO BARRENECHE

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