Cantegril "chic": vacío y vigilado

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XIMENA AGUIAR

Cuatro viviendas frente a Montevideo Shopping estuvieron ocupadas durante más de tres meses. El miércoles fueron desalojadas unas 50 personas. De ellas, 28 estuvieron detenidas y ayer fueron liberadas. Algunos vecinos están conformes, para otros falta resolver cosas.

"Había más de diez denuncias por los intrusos y por molestias de los vecinos de la zona", afirmó el subcomisario de la Seccional 10a, con jurisdicción en Pocitos Nuevo. También había denuncias de robos en la zona, pero no se había podido establecer que los ocupantes fueran los responsables.

A varios vecinos les faltaron faroles, mangueras, objetos que tenían en el garaje y otros elementos. Ayer, un peluquero de la zona fue a la seccional para ver si entre lo incautado se encontraba un parlante del equipo de música que le había sido robado el lunes de madrugada.

Sin embargo, la causa del desalojo no fueron las denuncias de robo, sino el delito de "usurpación", afirmaron en la seccional. Aprobado por ley en mayo de 2007, este delito pena la ocupación de un inmueble ajeno, aunque no se realice mediante violencia o en forma oculta. Inicialmente pensada para proteger las casas de veraneo, finalmente se extendió a cualquier vivienda.

"La orden es para desalojo, a demanda de los vecinos, no del dueño. El dueño los dejaba estar, quiere construir unas torres y la Intendencia no las autorizaba, fue una forma de presionar", afirmó una fuente policial.

Como otras casas de la manzana, las ocupadas eran propiedad del empresario Alberto Fernández, uno de los dueños del frigorífico Fripur, que planificaba construir edificios en esos terrenos pero no había conseguido permiso de la Intendencia para su proyecto.

Las viviendas permanecieron vacías y fueron ocupadas. Ante diversas molestias -una vecina denunció robos, maltrato de animales, y el aspecto de las personas que vivían allí-, se recogieron firmas de vecinos para quejarse por la situación.

"Desde noviembre empezaron los problemas. En diciembre juntamos las firmas, vino la feria judicial y recién ahora se actuó. El dueño no hizo nada. Nos tenía apretados con esto, para que fuéramos a la Intendencia a pedir que le dieran los permisos", sostuvo una vecina, que no quiso dar su nombre.

Pablo Álvarez, presidente de la junta local del Centro Comunal Zona 5, dijo que "los vecinos y comerciantes de la zona estaban sumamente preocupados por el clima que se vivía en ese entorno. Era un tema delicado y se trabajó con seriedad y discreción. Nosotros participamos realizando la coordinación con la seccional".

La vecina que juntó firmas señala que "en el barrio no se salvaba nadie", otra en la misma cuadra opina: "A mí no me molestaban. Me faltó un farol, pero no sé si fueron ellos. A mí me daban lástima. Si no tienen donde estar y hay una preciosa casa vacía…". Aunque el dueño de las viviendas contrató un servicio de guardia policial, algunos piensan que los problemas pueden seguir. Una mujer que atiende un negocio en la zona afirmó: "No puedo estar contenta con un desalojo. Ojalá se solucione. Todos tenemos derecho a vivir y a trabajar".

Natalia Olivera, de 25 años, es portadora de HIV y madre de tres niños de 7,4 y 2 años. Ayer recibió un cedulón que la intimaba a abandonar una vivienda en el Prado que había ocupado hace algunos meses. Desesperada, buscó una salida a su situación y llamó al Canal 4 . El "manotazo de ahogado" le dio resultado. Luego de exponer su situación por la televisión el propietario de la casa ubicada en Carlos Solé y Gil, que había comenzado la acción judicial, decidió darle una prórroga de tres meses, según se anunció en el propio informativo de Telenoche.

"Lo único que no quiero es estar en la calle, los vecinos adoran a mis hijos, no le faltan el respeto a nadie, viven conmigo, el más grande me ayudó a levantar escombros", había declarado Natalia en medio de llantos. La mujer ingresó a la casa abandonada, la limpió y le colocó puertas.

La situación de Natalia se volvió acuciante desde que terminó de trabajar a través del Mides como albañil. "Yo estoy sola con mis hijos, no tengo dónde estar, soy portadora de HIV y no me da vergüenza decirlo, hace dos años dejé la droga. Quiero salir adelante con mis hijos, que ellos tengan una nueva vida. Quiero trabajar. Quiero ser por lo menos para ellos, hasta que Dios me dé vida, algo mejor", dijo a Telenoche.

cedulón. Llovía copiosamente cuando los policías de las Seccional 7a. le llevaron el cedulón que indicaba que hoy debía dejar la casa.

"Estaba abandonada. Yo la limpié toda. Y ahora el dueño me está pidiendo que salga y yo no puedo salir a la calle con mis hijos de vuelta. Lo único que le pido al dueño, si tiene un poquito de corazón, es que me deje un tiempito. Yo se la voy a arreglar, no se la voy a romper, se lo juro".

Así lo convenció y minutos más tarde tuvo la noticia de prórroga por 90 días. De la misma forma la producción del canal se comunicó con las autoridades del Mides, que se comprometieron a encontrarle una solución económica a la mujer. Dentro de todo el drama ayer fue un buen día para Natalia y sus tres niños.

De los 28 detenidos sólo 12 eran adultos, por lo que el caso del desalojo fue tratado por tres juzgados diferentes: Penal, de Familia, y de Adolescentes.

El juez penal de 3er. Turno no encontró méritos para el procesamiento de los ocupantes ilegales de las cuatro fincas de Pocitos, frente al Shopping Center. Los adultos que comparecieron ayer en la sede judicial volvieron a recobrar su libertad, en tanto que los menores de edad fueron reintegrados a sus padres.

Fuentes policiales consultadas por El País no ocultaron su contrariedad por el fallo. La comisaría 10ª había actuado luego de recibir "reiteradas" denuncias de los vecinos.

Al allanar las fincas encontraron 23 objetos (electrodomésticos y otro tipo de artículos) que habían sido robados en fincas vecinas de la zona y comercios cercanos.

Muchos de los damnificados fueron ayer mismo a reconocer y recuperar aquellos objetos que les habían robado en los últimos meses.

Para la comisaría la presencia de los intrusos no era novedad; algunos meses atrás ya habían actuado en busca de diversos hurtos denunciados en la zona. La mayoría de estos hurtos, según la información reunida por la Policía, había sido consumada por menores de edad.

Luego de que el juez resolviera la libertad de los detenidos, el propietario de las fincas contrató un servicio de seguridad 222 que custodiará los predios al menos durante una semana. (Producción: Renzo Rossello)

La Ley 18.116 que modificó el artículo 354 del Código Penal está vigente desde mayo de 2007. Su único artículo establece que "el que, con fines de apoderamiento o ilícito aprovechamiento ocupare en forma arbitraria, parcial o totalmente un inmueble ajeno (...) será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría". La norma establece, asimismo, que este delito es "perseguible de oficio o a instancia de parte".

El senador Alberto Breccia (MPP) explicó que la modificación de la norma dejó de lado lo establecido anteriormente en cuanto a que la ocupación se realizara "mediante clandestinidad o violencia".

El proyecto de ley fue presentado por los diputados de Maldonado, Nelson Rodríguez y Federico Casaretto, ambos del Partido Nacional. El Senado aprobó el texto por unanimidad en abril de 2007.

Un antecedente de desalojo reciente, muy similar al de estas fincas, ocurrió el 13 de febrero en Punta del Este. El complejo edilicio a medio construir ubicado en la esquina de Francia y Charrúa, popularmente conocido como "Carton Tower", había sido ocupado por dos familias sin techo. Por denuncia del propietario la Policía los desalojó.

El mismo edificio había sido objeto de un desalojo masivo el 22 de febrero de 2000. En aquella ocasión unos 30 intrusos habían ocupado el edificio en obras.